A menos de una década de la Ley Corta II, que estableció el mecanismo de licitaciones de suministro eléctrico para abastecer a clientes regulados, entre ellos los residenciales, el gobierno impulsará un cambio radical en este sistema, el cual incluye que el Estado asuma el control de estos procesos y asuma la responsabilidad sobre su éxito.

El proyecto de ley que será enviado al Congreso la segunda semana de agosto, contempla que en adelante la Comisión Nacional de Energía (CNE) y no las distribuidoras, como ha sido hasta ahora, elaborará las bases de las licitaciones eléctricas.

Además, la autoridad responderá por el éxito o fracaso de las subastas. Andrés Romero, secretario ejecutivo de la CNE, explicó que esta modificación apunta a lograr los objetivos para los cuales se crearon las licitaciones: bajar los precios de la energía e impulsar la competencia en el segmento de generación.

Según cifras del gobierno, los precios regulados se duplicaron, al pasar de US$ 65 por MWh de 2006 a US$ 133 por MWh en 2013.

“La ciudadanía hace responsable al gobierno del éxito o fracaso de los procesos, entonces el primer gran cambio de esta ley es que traslada la responsabilidad de la dirección del proceso de las distribuidoras a la CNE. Le sacamos el proceso a las distribuidoras eléctricas”, dijo Romero.

De esta forma, el rol de las empresas se limitará a temas administrativos, como convocatorias, recepción de ofertas, evaluación y adjudicación.

Asimismo, en los contratos que éstas suscriban con generadoras se incluirá la posibilidad de revisar los precios de adjudicación. Hoy, estos contratos son a precio fijo por toda la duración del acuerdo, restándoles flexibilidad.

“Hoy las ofertas incorporan riesgos que se pueden dar o no, por eso introducimos una cláusula para que, en caso que las condiciones económicas del contrato varíen significativamente, se pueda producir un proceso de negociación donde eso se pueda traspasar a tarifa final”, dice Romero.


Otros ejes


El proyecto de ley contemplará otros siete ejes de modificaciones.

Las licitaciones se definirán con al menos cinco años de antelación, para lograr la entrada de nuevos actores; se introducirán mecanismos para realizar llamados de corto plazo con fines específicos; y se extenderá la duración máxima de los contratos a 20 años, entre otras variables.

En cuanto a los precios, Romero señaló que buscarán evitar la adjudicación de bloques a valores “por sobre lo razonable”, fijando los precios en las bases o manteniéndolos ocultos hasta la apertura de la ofertas, con diferencias en contratos de largo y corto plazo.

En el caso de que las generadoras enfrenten problemas para la instalación de nuevas centrales, se permitirá poner término anticipado a los contratos o postergar la inyección de energía, bajo condiciones definidas de antemano y al menos con tres años de anticipación al momento en que los acuerdos comiencen a operar. Esto busca facilitar el financiamiento bancario de los proyectos, reduciendo el riesgo para las generadoras.

El gobierno también busca terminar con la piedra en el zapato que significan los suministros sin contratos, para resguardar al sistema de casos como la quiebra de Campanario.

La idea, dijo Romero, es dar señales de precio que incentiven la contratación por sobre la operación en el mercado spot. Se establecerá un mecanismo de asignación de responsabilidades, abastecimiento y valorización de dichos suministros, relacionando a su vez la producción real de energía con el abastecimiento y la posibilidad del traspaso del costo al usuario final.

Pacheco lanza agenda a 2050
Ante unos 300 invitados, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, dio a conocer los lineamientos del trabajo para elaborar la política energética al 2050. El proceso de discusión durará 18 meses, y de él participará un consejo consultivo compuesto por 25 personas, el que será liderado por Annie Duffey, jefa de la división política y prospectiva energética de la cartera. «Este sector es uno donde las decisiones e inversiones toman mucho tiempo, y en el corto plazo las cartas están jugadas. Tenemos que preparar una política de largo plazo validada socialmente», dijo. Respecto de la eventual asociación de Codelco y Enap para desarrollar un proyecto de generación en base a GNL en Ventanas, Pacheco señaló que «Codelco nos ha contactado en Enap para entregarnos la información que tiene, que Enap la evalúe y transformar esto en una central a gas. Enap no ha tomado ninguna decisión al respecto, y no la va a tomar mientras no haya un trabajo con las comunidades».

El proceso que viene
Agosto de 2014
En la segunda semana de este mes, el gobierno ingresará proyecto de ley al parlamento.
Enero de 2015
Cambio a licitaciones debería ser promulgado como ley. Se trabajará en paralelo sobre bases y reglamento.
Marzo 2015
Gobierno llamará a licitación de largo plazo. Se adjudicará en marzo de 2016.
Enero 2021
Comenzará la inyección de energía prevista para la próxima década, que equivale a unos 5.000 MW.

Fuente:df.cl