Durante las últimas semanas se ha discutido bastante los severos efectos e impactos que produce el desarrollo minero en el medio ambiente y en las comunidades locales.
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En este sentido, incorporar, de manera activa y vinculante, las visiones ciudadanas en una estrategia de mediano y largo plazo para el sector sigue siendo un desafío y un tema pendiente, que los gobiernos no han siquiera comenzado a abordar. Sin embargo, en el territorio cada día son menos claros los beneficios de la mega minería, que sigue perjudicando el desarrollo local y fomentando una potencial crisis de gobernanza del sector debido a alta conflictividad que conlleva la actividad.
Pese a que Chile es un país esencialmente “minero” y que actualmente posee las mayores reservas de cobre del mundo –por ende, es uno de los mayores productores del mineral–, aún no se ha desplegado una discusión en la cual la ciudadanía en su conjunto determine qué tipo de desarrollo se espera para el sector y de qué forma éste beneficiaría a las comunidades y al desarrollo sustentable del país. En efecto, y dado las condiciones neoliberales del modelo económico chileno, existe un desarrollo minero profundamente extractivista que está minando gran parte de nuestro patrimonio natural, social y cultural, ya que el tener un Estado subsidiario facilita eludir las discusiones de fondo.
Dado lo anterior, resulta necesario cuestionarse si la extracción minera nacional está resolviendo las necesidades locales de los territorios en donde se emplaza la actividad; o por el contrario, si su desarrollo está destruyendo los ecosistemas locales, socavando sus recursos naturales, contaminando su entorno, generando problemáticas sociales, en fin, empobreciendo las fuentes de bienestar de las personas. Por ello, el cuestionamiento al modelo minero debe ser aún mayor, considerando, como una necesidad innegable, una transformación del modelo minero que apunte hacia la sustentabilidad y la equidad intergeneracional.
Actualmente, la estatal Codelco –principal firma productora de cobre en el mundo– es una de las empresas que ha destruido la mayor cantidad de glaciares en el mundo, hecho que ha producido un gran debate a nivel nacional, ya que el desarrollo cuprífero está mermando las principales reservas de agua que se dispone, por ende está poniendo en jaque el derecho al agua y a la vida de las comunidades que se localizan en la regiones de gran parte del norte y centro del país. Un ejemplo claro de esto, es el proyecto Expansión Andina 244, perteneciente a Codelco, y el proyecto Pascua Lama que se encuentra a cargo de la minera Barrick Gold, ambas iniciativas han producido una alta conflictividad con las comunidades pertenecientes al Aconcagua y Valle del Huasco y, debido a los potenciales impactos que se generarán en sus localidades y a la destrucción de su principal reserva de agua dulce: los glaciares de la alta cordillera.
El desarrollo de éstos y otros proyectos mineros que afectan de manera sustantiva nuestro patrimonio natural, devela la débil institucionalidad que el país posee y la incapacidad que ésta presenta al momento de proteger y resguardar verdaderamente los ecosistemas y los derechos soberanos de las comunidades. Además, deja entre ver que las decisiones políticas que han presentando los últimos gobiernos en la materia, se toman a nivel central, transgrediendo toda posibilidad de que las regiones determinen su desarrollo y, más aún, que estás participen de manera efectiva y vinculante de los procesos de evaluación ambiental y seguimiento de los proyectos. Hecho que establece que la única vía de expresión de la ciudadanía sean los procesos judiciales.
En términos generales, es necesario fortalecer a los gobiernos locales y los procesos de participación ciudadana (al igual que los de consulta indígena), considerando que éstos presenten una intervención efectiva en la toma de decisiones del sector. De igual forma, es de vital importancia plantearse un escenario de extracción a escala humana y natural, ya que éste permitiría que las comunidades generen un desarrollo minero local que no afecte ni transforme de manera nociva su entorno. Asimismo, resulta crucial que la minería genere encadenamiento productivo y que además fomente desarrollo de las actividades económicas locales, ya que así y sólo así el país se puede plantear en un escenario post-extractivista, que fundamente su lógica de desarrollo en los pilares que establece la sustentabilidad.
Por Telye Yurisch, Economista asociado a Fundación Terram.
Fuente/elquintopoder https://www.facebook.com/chilemineria.cl
