La iniciativa sanciona con una multa de hasta 10000 UTM al concesionario que incumpla con el deber de cuidar el medioambiente y la salud de las personas.
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La diputada Marcela Hernando (PRSD), junto a sus colegas de bancada, Marcos Espinosa, Carlos Abel Jarpa, Fernando Meza y Alberto Robles; el PPD Jorge Insunza y los PS Luis Lemus y Daniel Melo, presentaron una moción (boletín 9540), que modifica el Código de Minería para exigir al concesionario la implementación de medidas de mitigación por la contaminación de las aguas que ocasione su actividad.
La iniciativa modifica al Código de Minería, estableciendo que es deber del concesionario impedir todo daño a las personas o al medioambiente que se generen por el ejercicio de este derecho y de su propia actividad, para lo cual deberá implementar todas las medidas de mitigación que estén a su disposición para impedir y mitigar el daño.
Agrega la propuesta que el cesionario que dolosamente incumpla con el mandato que esta ley establece, deberá cancelar al gobierno regional en donde se encuentre ubicada la faena extractiva, una multa que va desde las 800 UTM hasta las 10.000 UTM.
Asimismo, el texto precisa que «se presumirá que el cesionario no ha seguido el mandato legal cuando la Superintendencia del Medio Ambiente en su rol fiscalizador compruebe reiterados índices de contaminación ambiental en las aguas, los que deberán ser determinados en base a estrictos criterios científicos que determine el Ministerio del Medio Ambiente. La sanción en este inciso puede ser revocada vía interposición de acciones y recursos administrativos competentes, mas no podrá rebajarse la pena interpuesta».
Los autores precisan que no existen normas que establezcan responsabilidades específicas al concesionario de un derecho de explotación minera que ha causado daños al medioambiente y a las personas más allá de lo tolerable por el uso de su derecho de aguas del minero.
Añaden que si bien las empresas mineras poseen procedimientos para mitigar el impacto ambiental que causan sobre el agua, aun así el proceso de extracción minera produce contaminación que afecta a la población que utiliza esas aguas para riego o para consumo.
«La situación de la contaminación de aguas es un hecho de preocupación nacional, existiendo múltiples acciones ciudadanas, en donde se demanda por parte de la población un control sobre el estado de contaminación de las aguas», añaden los legisladores.
La propuesta será estudiada por la Comisión de Minería.
Fuente/editor@congreso https://www.facebook.com/chilemineria.cl
