Trabas detectadas se relacionan con incertezas de la consulta indígena o la judicialización de los permisos, entre otras.

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“El Gobierno ha impulsado sucesivas agendas pro inversión que han considerado medidas dirigidas al fomento competitivo de diversos sectores económicos. Sin embargo, esas agendas no se han hecho concretamente cargo de los problemas que se generan o afectan la evaluación ambiental”.

El anterior es uno de los diagnósticos que enmarcan el análisis que el estudio de abogados Ferrada Nehme realizó por encargo de BHP Billiton en 2013 y que posteriormente la Gran Minería, a través del Consejo Minero, puso a disposición del gobierno para dar cuenta de las acciones que ayudarían a destrabar las inversiones.

En 22 páginas el reporte revisa los diez problemas o fallas más relevantes que afectan a la tramitación ambiental de proyectos mineros y efectúa recomendaciones que la autoridad podría implementar para resolverlos.

“Estos problemas se encuentran interrelacionados entre sí, aún cuando pueden ser agrupados en problemas orgánicos o institucionales, de procedimientos, relativos a la estabilidad de la resolución de calificación ambiental y la actualización del proyecto”, se indica en el reporte elaborado por el estudio.

Puntos principales

El primer problema que señalan es el debilitamiento del rol del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como administrador del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a raíz de un desconocimiento de la función que le corresponde a esta entidad y a los organismos sectoriales en la evaluación de impacto ambiental.

Explican que los servicios han desarrollado poderes de veto, condicionando la aprobación de proyectos a la satisfacción de sus demandas en desmedro de la correcta evaluación de impactos, lo que debilita la estabilidad de las decisiones y la legitimidad del procedimiento de evaluación.

“Los organismos sectoriales han utilizado la declaración de ‘inconforme’ en sus informes para imponer criterios, a veces, en discordancia con el respectivo nivel central e, incluso, en contradicción con la normativa”, dice el informe.

Al respecto, se recomienda elaborar guías e instructivos con criterios uniformes en torno a los conflictos más recurrentes, definiendo al mismo tiempo las competencias específicas de cada organismo, dándole carácter vinculante a esta responsabilidad.

Otro punto que se menciona es el elevar las competencias de los organismos a nivel regional, creando equipos especializados que se asignen, al menos, a una macrozona geográfica, mientras que en paralelo se propone que el Comité de Ministros instruya la identificación de duplicidades de regulaciones y trámites que retrasan la evaluación, como sucede en lo relativo a la conservación de recursos naturales, ejemplifican.

La judicialización de los trámites y permisos ambientales es otro punto que se toca. Al respecto Ferrada Nehme postula que es importante generar mecanismos que permitan al proponente de los proyectos asumir un rol de custodia o tutela del procedimiento de evaluación, promoviendo su participación en las sesiones del comité técnico, en especial la elaboración del acta de evaluación, permitiéndoles formular observaciones.

Las incertezas en torno a la Consulta indígena representan otro de los diez puntos. Al respecto dicen que falta un desarrollo más detallado del modo en que ésta se implementa y su alcance. Se propone certificar las competencias de los consultores en estas materias y potenciar la información pública.

LOS CINCO ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL INFORME

Institucionalidad El documento detectó problemas en tres áreas principales: debilitamiento del rol del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); reforzamiento de competencias expertas; y concurrentes de competencias sectoriales.

Procedimiento La fallas detectadas en ésta área tiene que ver con la falta de estándar de información necesaria; evaluación de medidas y prohibición de fraccionamiento.

Estabilidad de RCA Acá, los principales problemas tienen que ver con exigencias de procedimiento, judicialización e incertezas asociadas a la consulta indígena.

Actualización del proyecto Se establecieron complicaciones en los mecanismos de actualización y visación de cambios.

Calificación industrial En este ámbito se detectaron una serie de incertezas asociadas a la calificación industrial de los proyectos de inversión.

Fuente:df.cl