Expertos en trámite de proyectos también plantearon dudas respecto a, por ejemplo, si logrará bajar la judicialización de iniciativas.
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Un efecto negativo en la reactivación de inversiones, especialmente en minería y energía, son las principales consecuencias que en el mundo privado surgieron a raíz del inesperado anuncio de trasladar el mecanismo de consulta indígena para proyectos de inversión desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
Algunos actores lo vieron como un retroceso en lo alcanzado en los últimos cuatro años, donde se avanzó con dificultades para llegar a la actual fórmula.
El gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, explicó que la consulta indígena exige capacidad de coordinar distintos estamentos de gobierno, comunidades y privados. Por lo tanto, quien lo asuma debe tener un rol de facilitador y garante, y no de parte.
“El MDS está encargado de administrar las políticas sociales del gobierno, lo que no tiene una relación muy directa con los procesos de consulta asociados a proyectos y, más bien, tendería a complicarlos”, dijo.
Agregó que quizás habría que analizar otras experiencias, donde esto depende de entidades como el Ministerio del Interior o símiles de la Secretaría General de la Presidencia.
Para el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, esto incrementa la incertidumbre, al menos en el corto y mediano plazo, respecto a la aplicación de la consulta.
“Es claro el riesgo de que se profundice el entrampamiento de proyectos de inversión de diversos rubros y de iniciativas regulatorias, lo que sería grave para todo el país, incluyendo a los propios pueblos”, dijo.
Para Villarino, hacer un nuevo marco de aplicación puede tomar mucho tiempo. “Confiamos, por lo tanto, en que si se revisa y ajusta la institucionalidad, el gobierno tomará las medidas del caso para que mientras tanto la consulta opere de manera efectiva de acuerdo a las normas vigentes”, dice.
En tanto, para el asesor de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Claudio Seebach, llama la atención la oportunidad del cambio, en circunstancias que la institucionalidad es nueva y se ha ido perfeccionando.
Además, respaldó que estos procesos se hagan en el SEA, porque tiene una visión integradora en torno a los proyectos, bajo la premisa de ventanilla única.
Por su parte, el gerente de Medio Ambiente de Sonami, Carlos Gajardo, señaló que el trabajar los temas de forma separada le parecía correcto, pero recalcó que, más que su responsable, el tema es que se ejecute bien y no se convierta en fuente de conflictos. “Separar los temas ambientales e indígenas debería ser favorable a la tramitación de proyectos. Sin embargo, lo que decidirá si lo es o no, serán los criterios que se apliquen en la consulta y la forma como se relacionan ambos procesos”, agregó.
Mirada técnica
Entre distintos actores de la industria, está la idea que la medida frenará algunas inversiones, por un lapso que podría prolongar hasta por tres años. Se generarían dos problemas: se le quita el piso al sistema que funciona actualmente, restándole cierta validez a los procesos en curso; y luego, no hay claridad de cuánto costará validar la nueva fórmula.
En ese sentido, Sebastián Donoso, del estudio Barros & Errázuriz, dice que desde el punto de vista de la certeza de las inversiones, esto va en la línea contraria. Agrega que a la fecha, no hay ningún proyecto que se haya judicializado por la aplicación de la consulta dentro del SEIA que comenzó a operar en diciembre de 2013, básicamente porque esos procesos no han terminado aún.
Por ello, recalcó que la evaluación de este mecanismo es demasiado temprana como para modificarla.
Para Rodrigo Guzmán, del estudio Carcelén, más que cambiar el domicilio donde se aplica el mecanismo, se debieran destinar esfuerzos a solucionar problemas de fondo respecto a las comunidades, y agrega que no queda claro hacia dónde apunta la modificación.
En temas prácticos, dice que hasta el momento no hay claridad de qué se va a consultar específicamente, porque el modelo actual lo hace sobre el acto administrativo, que es la RCA. En este nuevo escenario no hay acto administrativo a la vista, por lo que podría darse el caso que se haga una consulta previa y, además, otra a la RCA.
Fuente:Diario Financiero
