Este gobierno aprobó una ley de licitaciones que elevó la competencia: en el último proceso los precios ofertados fueron un 40% más bajos que en 2013.
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Como un gran riesgo ven una serie de actores del mercado energético la adjudicación de bloques de suministro eléctrico a proyectos que aún no cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esto, porque las iniciativas podrían no entrar al sistema en los plazos fijados, y de ser así, probablemente las empresas más grandes deberían suministrar los contratos.
Marcelo Tokman, gerente general de Enap, dijo la semana pasada que el regulador debe buscar mecanismos para asegurar que las propuestas de las energías renovables tengan un respaldo real, y agregó: “Esa es una preocupación que hay que tener no solo en el caso de las renovables, sino también cuando se presentan proyectos que todavía no tienen aprobación ambiental. La autoridad tiene que saber bien cuáles son los niveles de garantía que existen y cuáles son las condiciones”.
Asimismo, Sergio del Campo, gerente general de Aela Energía -la empresa que se adjudicó el 65% de las últimas licitaciones-, comentó que su posición como compañía es “no ofertar en las licitaciones sin tener los proyectos con RCA aprobada, porque significa un riesgo que nuestros accionistas no están dispuestos a correr”.
En el último proceso solo hay dos proyectos con sus evaluaciones en tramitación, pero un caso emblemático en el concurso de 2014 es El Campesino, iniciativa de 640 MW en la Región de Biobío y propiedad de Biobiogenera y EDF. Este operador, junto a GDF Suez, se adjudicaron los volúmenes más grandes de energía en 2014. Pero El Campesino aún no contaba con RCA, y todavía hoy está siendo evaluado. La obligación de abastecimiento comienza el 1 de enero de 2019, pero hasta la fecha el proyecto ha enfrentado una serie de cuestionamientos.
Este gobierno aprobó una ley de licitaciones que elevó la competencia: en el último proceso los precios ofertados fueron un 40% más bajos que en 2013. Nunca se ha exigido en las licitaciones que los proyectos cuenten con RCA; y es más, antes de la ley solo podían participar en estos procesos las generadoras que ya inyectaran al sistema, aseguran desde el Ministerio de Energía.
Esta nueva ley contempla un mecanismo que es valorado por los oferentes: en aquellos casos en que el generador se atrase por causas no imputables, como es la judicialización de proyectos, existe una instancia para aplazar el inicio de inyección de energía al sistema, o incluso puede darse la posibilidad de poner término al contrato. En ese caso -explica el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero-, la ley resuelve que se suministra la energía con los excedentes de los contratos, y si no hay, se hace un llamado a licitación de corto plazo. Si no se alcanza a cubrir, se prorratea entre los generadores.
¿Nuevo Campanario?
El principal riesgo que ven en el sector es que ocurra un caso como Campanario. Esa compañía se declaró en quiebra en 2011, y se decidió que los compromisos de entrega de energía de la firma debían ser asumidos por los generadores del SIC, lo que les provocó pérdidas a varias empresas. “Esa señal es mala para el mercado, porque es un riesgo que no tienes por qué asumir”, recalca un actor renovable del sector.
Fuente: Economía y Negocios www.chilemineria.cl
