Presidente Piñera destacó que los nuevos puestos de trabajo se materializarían de concretarse los proyectos paralizados y son adicionales a los comprometidos por crecimiento, que eran 600 mil según el programa. Además,se crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS).
Con el eslógan de “guerra contra la burocracia”, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer ayer el proyecto de Ley Agenda de Pro Inversión I y firmó el decreto para la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), el esperado impulso a la economía que demandaba el oficialismo.
En rigor, se trata de la primera de varias agendas pro inversión que quiere impulsar el Ejecutivo, y que en esta oportunidad involucra ajustes acotados a normativas que inciden en la tramitación de proyectos de inversión.
De hecho, tres de las medidas provienen de la administración Bachelet y cuyas modificaciones tocan normativas como el Código de Aguas; la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto con Fuerza de Ley sobre Concesiones Marítimas; el Decreto Ley sobre Rentas Municipales; la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ley que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras y el Decreto Ley que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, entre otras, de las cuales el Mandatario especificó los titulares de una docena (ver listado).
Flanqueado por los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Economía, José Ramón Valente, el mandatario relevó en particular la creación de la Oficina GPS, instancia que funcionará con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía y estará a cargo de Juan José Obach.
En esta línea, Piñera aseveró que “con esta Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables hemos declarado una verdadera guerra a la burocracia excesiva, a la negligencia, a la incompetencia, que muchas veces es lo que tiene a nuestro país paralizado”, reiterando lo que ha sido uno de los ejes discursivos de su administración, el lograr la segunda transición, enfocada en llegar al desarrollo y derrotar a la pobreza.
Además, aprovechó la instancia para poner paños fríos a lo que calificó como el “revivir de ambiente de confrontación” de las últimas semanas -marcadas por los cuestionamientos de la ex Nueva Mayoría al viaje de Felipe Larraín a Harvard-, con un llamado a acoger los anuncios proinversión y recuperar la capacidad de diálogo.
Esto, ante dos invitados que seguían atentamente sus palabras: los ex ministros de Hacienda Rodrigo Valdés y de Economía Jorge Rodríguez Rossi, especialmente convocados a la ceremonia.
Empleo y crecimiento
En ese contexto, la cuantificación del impacto de las medidas fue parte importante del discurso del mandatario.
Esto porque Piñera detalló que existe un catastro de proyectos para el período 2018-2021 que se encuentra paralizado en torno a los US$65 mil millones.
Frente a ese panorama, sostuvo que “ningún país puede darse el lujo, ni mucho menos un país que aspira a ser desarrollado y sin pobreza, de mantener paralizados por años y años proyectos de inversión necesarios para el país”, subrayó, y agregó que si esa inversión se logra poner en marcha “significaría crear 250 mil nuevos empleos, adicionales a los que vamos a crear por el crecimiento de la economía, y significará también un mejoramiento sustancial en los niveles de los salarios que reciben los trabajadores chilenos y las oportunidades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas”.
Esto, de acuerdo a la minuta sobre los anuncios, en un período considerado hasta 2021 y de empleos directos e indirectos.
Por parte de los invitados hubo una buena valoración de los anuncios.
Si bien Rodrigo Valdés se retiró sin realizar declaraciones -sobre todo al ser abordado por el viaje del ministro de Hacienda-, el otro invitado, el ex titular de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, señaló que “las iniciativas van en la dirección correcta”, reconociendo, sobre todo, el que se hayan recogido ideas de la administración anterior que no alcanzaron a formalizarse como leyes, como el tener una ventanilla única digital o tener certeza acerca de la realización o no de un proyecto en plazos más acotados que hoy.
En ese sentido, recordó que en 2017 se estimó que se había logrado bajar de 3 a 2 años promedio la tramitación de proyectos de inversión gracias al comité de ministros encargado de la productividad.
De hecho, consultado acerca de si iniciativas como éstas podrían haber evitado el largo proceso que ha involucrado el proyecto Dominga, con renuncia de ministros incluida, Rodríguez Grossi, sin querer referirse directamente a la iniciativa que provocó su arribo al Ministerio, argumentó que “una de las cosas que falló en ese proyecto, fue que no se habían seguido estrictamente los procedimientos.”.
Por lo mismo, sostuvo, “estas iniciativas vienen a garantizar que los procesos de estudios ambientales queden dentro del marco que supone la ley. La idea es que se les diga no rápido o que se les vaya garantizando el éxito si es que cumplen la normativa”.
Con todo, también se estableció la creación de un Comité Interministerial, compuesto por 16 secretarías de Estado y presidido por Economía, el que asesorará Piñera en el seguimiento y control de gestión de los procesos de autorización y aprobación de las iniciativas de inversión.
Además, se le encargará un nuevo estudio al Consejo de Productividad para identificar otros cuellos de botella que afecten a la inversión y adelantó que prontamente se anunciará un gran Acuerdo Nacional para el Desarrollo.
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