La transacción de una propiedad de alto valor muy por debajo de su avalúo fiscal está en el centro del tema.
Un complejo escenario se abrió en el terreno de las empresas públicas. La Corporación Chilena del Cobre (Codelco) presentó el 21 de octubre una denuncia en contra de quien fuera el presidente ejecutivo de la entidad hasta mediados de año, Nelson Pizarro Contador, debido a una transacción que se habría producido entre su hijo y uno de los proveedores de la estatal.
Así lo reveló un reportaje de T13 realizado por la periodista Paula Comandari, en el cual el hoy cabeza de la firma, Juan Benavides, explica que se le consultó por alguna sociedad que había existido entre las citadas partes a Pizarro y éste siempre lo negó.
Las alarmas las encendió en Codelco una mansión avaluada en $ 670 millones, ubicada en el sector de las Brisas de Chicureo en Colina, que pertenece a Nelson Felipe Pizarro Contreras, hijo del expresidente ejecutivo de la cuprífera.
Pizarro Contreras, quien trabaja en un taller mecánico en Colina, desde hace muchos años es amigo de José Miguel Julián González, también de profesión técnico mecánico. Y, de hecho, ambos tuvieron una sociedad de maquinarias, transportes y movimientos de tierra, hasta el año 2010, cuando decidieron separarse.
Cinco años más tarde, el ex socio del hijo de Nelson Pizarro, postuló a un contrato para remover mineral en la División Salvador de Codelco, justo después de los aluviones del norte y se lo ganó. El negocio involucraba un monto de unos $ 1.800 millones.
El problema, relata el reportaje, es que paralelamente al logro del contrato con Codelco, José Miguel Julián Gonzalez, le vendió la onerosa propiedad a su exsocio y amigo, Nelson Felipe, en $ 70 millones, en circunstancias que en esa fecha, septiembre de 2015, tal como corroboran documentos a los que accedió T13, el avalúo fiscal del terreno era de $ 560 millones.
Las alertas también se refieren a la licitación para transportar mineral en la División Salvador, un yacimiento, dice el reportaje, que nadie se atreve a cerrar por los costos políticos y sociales.
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