Federación que agrupa a trabajadores analiza aspectos financieros de la organización entre 2014 y 2018. Informe preliminar detectó algunas inconsistencias que deben ser aclaradas.

No sólo el frente judicial abierto entre sindicatos de Chuquicamata y la empresa, a raíz de denominado caso de sobreprecios en los seguros de salud, mantendrá en alerta a los trabajadores de Codelco. Esto, porque en los próximos meses se sumarán discusiones propias de su orgánica interna, que podrían no estar exentas de complicaciones.

Con el objetivo de dar señales de probidad y transparencia, hace casi un año el Congreso de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) –que agrupa a sindicatos base de Codelco- definió realizar una auditoría interna para analizar aspectos financieros y administrativos. Tras una licitación, una empresa que se mantiene en reserva -de entre tres postulantes- se adjudicó el trabajo, el que partió silenciosamente en septiembre.

La investigación interna, que puso la lupa en aspectos financieros y administrativos entre 2014 y 2018, ya arrojó sus primeras conclusiones. En un informe preliminar se detectaron inconsistencias, lo que obligó a que el consejo de la FTC comenzara a pedir documentos y respaldos a los dirigentes involucrados para ratificar o descartar lo que reveló el análisis.

Según conocedores del proceso, este trabajo puso sobre la mesa 25 observaciones que son eminentemente administrativas, como -por ejemplo- la revisión de contratos y el funcionamiento de la Federación. De ellas, se habrían identificado tres casos de índole económico relacionado a aportes a sindicatos puntuales sin respaldo.

Tras esta revisión, la documentación recabada se entregaría nuevamente a los auditores para tener a fines de esta semana el informe final.

Consultado, el tesorero de la FTC, Amador Pantoja, señala que “son dos o tres casos de situaciones de respaldos económicos que estamos analizando. Ya tenemos los documentos, pero los auditores nos van a decir si son válidos o no”.

Además, los resultados se exhibirán en un taller que tiene planificado el consejo directivo con 15 dirigentes federados el próximo 12 y 13 de marzo, donde de todos modos se tratarán otros asuntos. El resultado se entregará formalmente en el Congreso de la FTC que será el 12, 13 y 14 de mayo en La Serena.

Esta auditoría sería sólo la primera señal en temas de probidad, algo que será debatido en profundidad en el congreso de mayo, en especial ente los casos que han surgido, como el de Chilena Consolidada o la querella interpuesta por la empresa contra el expresidente de la cuprífera, Nelson Pizarro.

Elecciones a la vista
Pero no es lo único. En la agenda también se avecinan cambios internos. Los sindicatos 1 y 3 de la División Chuquicamata, que representan alrededor de 1.200 y 1.700 trabajadores, respectivamente, tienen elecciones en mayo. Ahí se verá el efecto que puede tener el caso seguros, ya que algunos de sus dirigentes históricos están en un proceso para ser desaforados después de una demanda impulsada por Codelco. El proceso se ve complejo y así lo hicieron notar los demandados cuando contestaron la acción de la minera.

Según el escrito del Sindicato 3, en el que se alega la defensa de dirigentes como Rolando Milla (presidente), Héctor Milla (tesorero) y Hernán Guerrero (director), se asegura que la empresa está realizando un “cálculo político” al presentar la demanda a unos meses de realizarse el proceso eleccionario. “Ha querido con este acto enlodar el prestigio de los dirigentes sindicales y a su vez desincentivar la participación en dicho proceso”, aseguraron.

Y agregaron: “Esta estrategia intencional de Codelco tiene por objetivo central enlodar la imagen de los dirigentes para con sus socios, calificándolos también como víctimas del fraude orquestado por sus dirigentes, y con ello, intervenir maliciosa y abiertamente los próximos procesos eleccionarios de los sindicatos 1 y 3, con el fin de perjudicar la eventual reelección de directores en ejercicio”.

En el caso del Sindicato 1, su presidenta, Cecilia González, fue electa como dirigente sindical en 1994 y en todos los procesos siguientes ha sido reelecta, siendo además miembro del directorio de la FTC.

A pesar de que González es una de las demandadas, en la respuesta de la organización en la justicia se asegura que en el evento “improbable” de concederse el desafuero en esta causa, ello judicialmente no alcanza para dejar sin efecto el fuero de la Federación que actualmente posee.

Situaciones que de todas formas elevarían la tensión, ya que, además, la causa postergó su audiencia preparatoria desde el 9 de marzo al 27 de abril.