Autoridades apuntan a que pronto se sellaría alianza definitiva de iniciativa por más de US$ 3.000 millones.

Hace dos semanas, en Ecuador se iba a desarrollar una reunión clave para definir el futuro del proyecto minero Llurimagua, una de las iniciativas más importantes que existen actualmente en ese país, que ejerce como socio de Codelco.

Sin embargo, momentos antes de que se concretara la cita programada por la Empresa Nacional de Minería (Enami EP), se dio a conocer un reportaje de prensa en que se vinculaba a uno de los miembros del gabinete del Presidente, Lenin Moreno, con irregularidades ligadas al proyecto, lo que, según dicho artículo, llevaría a la Presidencia a prescindir de la citada sociedad.

Ante esta polémica y la resistencia de algunos grupos políticos de ese país, en una entrevista con un medio local, el ministro de Energía y Recursos naturales de Ecuador, René Ortiz, confirmó la vigencia de los acuerdos existentes entre ambas partes y sostuvo que los convenios binacionales y la figura de la sociedad anónima son la base legal del proyecto. También adelantó que para que dicho acuerdo prospere, se está adecuando la fórmula para que el gobierno ecuatoriano jamás pierda su condición de accionista mayoritario.

“Se hicieron las consultas y la confirmación de que una sociedad anónima está amparada en la ley, y lo segundo es que se le pone un candado grabado en piedra, es que jamás la Enami perderá su condición de accionista mayoritario”, confirmó Ortiz.

Además de lo anterior, según trascendió, altas autoridades de Ecuador también han realizado gestiones ante sus pares chilenos para desmentir que exista interés del gobierno ecuatoriano en desistirse de la sociedad con Codelco.

Esto último fue respaldado por el ministro de Minería, Baldo Prokurica —que ha estado liderando las conversaciones a nivel estatal—, quien aseguró que “no debiese pasar mucho tiempo más para que queden firmados los trámites que faltan”.

En tanto, desde Codelco señalaron que han logrado identificar significativos recursos geológicos y que “según lo programado, las gestiones avanzan para constituir la sociedad que será la encargada de continuar con las etapas siguientes, cuya propiedad será de 51% para la parte ecuatoriana y 49% para la chilena, según se estableció tempranamente”.

Si se concreta el acuerdo, se estima que restan aún 3 o 4 años para materializar el proyecto. A esto se suma, además, una inversión que supera los US$ 3.000 millones.