La colombiana ISA inició una disputa con el Coordinador Eléctrico en el Panel de Expertos. La CNE reconoce que algunas empresas, en baja proporción del total de los pagos, están manifestando problemas.

“Este grave hecho pone en riesgo la continuidad de la cadena de pago” del Sistema Eléctrico Nacional. Hidrolircay, una central generadora ubicada en Talca, junto a otras firmas de su segmento han encendido la luz de alerta ante el Coordinador Eléctrico por la posición que han tomado algunas empresas de transmisión respecto a la devolución de una serie de pagos que se hicieron entre enero y octubre del año pasado.

El conflicto deriva de la aplicación de la Ley de Transmisión de 2016 que cambió la forma en que se remunera este servicio -que permite mover grandes bloques de electricidad en el país-, pasando de una mezcla entre generadoras y clientes finales, a uno donde lo cubren 100% estos últimos.

Dado que hay contratos privados que ya estaban negociados, se fijó un régimen transitorio, el que se comenzó a utilizar desde 2019. Como parte de esto, la Comisión Nacional de Energía (CNE) debía publicar un listado de clientes que comenzarían a pagar directamente sus peajes desde ese año, pero formularlo tomó más tiempo del pensado, lo que implicó que las generadoras pagaron hasta octubre por ese concepto.

Así, se acumularon unos US$ 142 millones, según se determinó en el Informe de Revisión de Peajes del Sistema de Transmisión Nacional, publicado el 20 de mayo. Aunque la mayor parte de ese monto se lo lleva Transelec, pero cerca de US$ 40 millones corresponden a otras firmas, como la colombiana Interchile y la española Celeo.

Una serie de cartas enviadas al Coordinador Eléctrico dan cuenta que algunas firmas han visto rechazado el pago de facturas de esta reliquidación. Una de ellas es Colbún, que nueve días después de emitido el informe definitivo informó que la empresa Charrúa Transmisora de Energía, rechazó electrónicamente la factura, “infringiendo la normativa y afectando con su conducta la continuidad de la cadena de pagos”. La misma situación reportó Engie por parte de esa misma transmisora y Alto Jahuel Transmisora de Energía. Estas dos últimas -junto a Interchile- también rechazaron facturas de Eléctrica Puntilla.

El problema, explica una fuente del sector, se estaría desconociendo la ley local, además de interrumpir los pagos en un sistema eléctrico que está presionado en lo financiero, a raíz de medidas como el congelamiento de las cuentas de la luz desde octubre y, ahora con la pandemia, por el compromiso de no interrumpir el suministro en los hogares más vulnerables por no pago.

Autoridad reconoce problemas en empresas

Consultada, la CNE sostuvo que el proceso se ha efectuado con la mayor diligencia posible, pero las reliquidaciones toman mucha información histórica y tiempo. No obstante, agregaron, “los efectos de esta transición, precisamente por lo largo del proceso, han sido conocidos y estimados por los involucrados desde hace meses”.

Al respecto, estimó que “la gran mayoría de las transmisoras entendemos realizarán las devoluciones hacia las generadoras oportunamente (…) Sólo algunas empresas, en baja proporción del total de los pagos, están manifestando problemas”, reconoció.

Se inician discrepancias

La colombiana ISA, que es el mayor transportador de energía eléctrica de la región, fue más allá y presentó una discrepancia ante al Panel de Expertos, organismo que dirime disputas en el sector.

En su alegato se fue contra Coordinador Eléctrico y lo acusó de extralimitarse en sus funciones. “No existe base legal para solicitar a las empresas transmisoras restituir los montos recibidos de ciertos pagadores del sistema de transmisión por la aplicación tardía y retroactiva”, dice en un escrito de 24 páginas. La firma debe devolver $ 13.548 millones.

Agrega que “de restituir gran parte de los ingresos anuales correspondientes al año 2019, acarrearía gravísimas consecuencias, en materia de insolvencia financiera e incumplimiento crediticio contractual”.

Fuentes del sector explican que pese al requerimiento, las obligaciones de pago siguen vigentes, por lo que la fecha límite del 20 de junio se mantiene. Así, toma fuerza también que existan salidas diferentes al conflicto. Consultada, la CNE explicó que no es excepcional y ha ocurrido en el pasado que, frente a reliquidaciones que impliquen pagos importantes, deudoras y acreedoras pacten esquemas de pago. “Nada impide que ello ocurra ahora”, recalcó.