Si bien aún no está definido si presentarán indicaciones, el subsecretario de Energía reconoce que “hay aspectos que podrían perfeccionarse durante la tramitación”.

Lento caminar ha tenido el proyecto de portabilidad eléctrica, la primera de las tres iniciativas contempladas para materializar la reforma a la distribución, la gran promesa energética del gobierno. La legislación busca que -como en telecomunicaciones-, los clientes regulados puedan elegir a quién le compran la electricidad, lo que se estima podría implicar bajas en hasta 20% de las tarifas.

A poco más de cinco meses de que el gobierno ingresara el articulado a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, y a pesar de la suma urgencia en la que se ha mantenido en su trámite legislativo, continúan las exposiciones de diversos actores, por lo que todo apunta a que marzo será un mes clave para definir el futuro de la iniciativa.

En la industria se sigue de cerca el avance del proyecto y ya que se prevé una tramitación compleja. De hecho, un tema que ha copado parte de la discusión es el efecto en las tarifas, así como ya se empieza a ver cómo se relaciona esto con elementos como calidad de servicio, a partir de los recientes cortes de luz.

En el gobierno le quitan dramatismo al estado de avance del proyecto, asegurando que son respetuosos de los plazos que tiene el Congreso. “Entendemos que esto toma algún tiempo. Esperamos que en marzo pueda retomarse y avanzar en términos de discusión de los detalles y empezar ya la votación del proyecto”, dice el subsecretario de Energía, Francisco López.

Fuentes comentan que al menos el primer semestre el proyecto seguiría en la Cámara, por lo que tomaría todo el año convertirlo en ley. Sobre los tiempos, la autoridad dijo que “hay bastante ánimo de avanzar, aún cuando hay temas que probablemente serán abordados en alguna indicación o tendrán algunos ajustes”.

“Esperamos poder avanzar tanto en la Cámara como en el Senado durante el año”, agregó y señaló que “es un proyecto muy importante y vamos a seguir empujándolo, porque es fundamental avanzar decididamente en la reforma al sector de distribución”.

Las tres vías de la reforma

Considerando que el Ejecutivo justificó la división de la reforma en tres proyectos, para que al menos una parte de la discusión quedara cerrada en esta administración, en el gobierno no descartan avanzar en paralelo con otros textos, como el de calidad de servicio y generación distribuida.

“Ambos proyectos están bastante avanzados en lo que es el texto, pero hoy estamos abocados en avanzar en el tema de portabilidad”, dice el subsecretario.

En medio de la discusión en el Congreso, algunos gremios como la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) han insistido en las últimas semanas que, “al verse por partes, la modernización de la distribución pierde integralidad”. Mientras, algunos senadores y académicos están afinando propuestas para “destrabar” la iniciativa.

Uno de ellos es el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, que tomó una idea que se había discutido anteriormente en el Congreso, que busca que más clientes -principalmente pequeñas empresas- puedan pasar del sistema regulado a libre (ver recuadro).

López dice que “es más completo avanzar en una propuesta que sea universal, como la que tenemos en el proyecto”, aunque enfatizó que “estamos abiertos a discutir los detalles de ésta como de otras iniciativas”.

En cuanto a eventuales indicaciones que se podrían estar preparando, en el gobierno no hay una decisión tomada al respecto, ya que se revisarán los distintos comentarios que surjan en el debate.

La propuesta para «destrabar» el proyecto y lograr rebaja de tarifas en el corto plazo

Como una alternativa para destrabar el proyecto y dar una solución que logre materializar una rebaja en las tarifas eléctricas en el corto plazo, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago propone rebajar el límite de 500 kW que divide el mercado de los clientes regulados del de los libres, a un valor de 100 kW de forma inmediata.

Esto permitiría, según explican, reducir las tarifas eléctricas y consecuentemente las cuentas mensuales, para las empresas medianas y las pymes. Posterior a esto, se debería avanzar con el proyecto y así liberalizar el mercado de forma total para que todos los usuarios puedan ser clientes libres no más allá del año 2024.

A juicio de los expertos de la universidad, la propuesta sería de rápida materialización, ya que rebajar el límite de potencia para que los usuarios del segmento regulado puedan optar a precios de energía del mercado de clientes libres es de directa facultad del Ministerio de Energía, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

«Sumado a la posibilidad de elegir el suministrador de energía, que les reportaría un ahorro promedio de 22% en las cuentas mensuales, las pymes podrán contratar el suministro a empresas que produzcan energía en base a recursos renovables», recalcan.

El académico Humberto Verdejo sostiene «que reducir el límite no impacta ni en los contratos vigentes ni en los futuros, puesto que hay energía sobre contratada y no sale ningún peso del Estado, porque es un proceso administrativo».