En abril debiera emitir su veredicto en torno a un caso donde organizaciones fueron contra programa de cumplimiento que la SMA le aprobó a la eléctrica.

El complejo hidroeléctrico de pasada Alto Maipo (531 MW) está en cuenta regresiva. No solo porque a inicios de marzo AES Gener anunciaba el término de la excavación de los túneles, entrando así en su recta final para iniciar operación comercial en el segundo semestre de este año, sino también porque dentro de un mes se conocería la sentencia de una causa que representa una de las últimas cartas que se juegan los opositores a la iniciativa.

Se trata de una causa alojada en el Segundo Tribunal Ambiental, que busca resolver tres reclamaciones presentadas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la aprobación del programa de cumplimiento del proyecto, el que sirvió para solucionar 14 incumplimientos que detectó la autoridad en su minuto y por los cuales formuló cargo, lo que incluía temas como desarrollar actividades no autorizadas al interior de un área de restricción, como el transporte de equipos y maquinaria.

Tras un largo proceso, la empresa presentó un plan con decenas de acciones, el que fue aprobado, evitando las multas. Ante esto, los opositores fueron a la justicia en 2018. Si bien el trámite del caso ha sido largo, el martes de la semana pasada el estado de la causa quedó “en acuerdo”, designando como redactor al ministro Alejandro Ruiz.

Tras los alegatos realizados en junio del año pasado, otro hito reciente que se destacó en la tramitación de la causa fue en octubre cuando el Tribunal realizó una visita inspectiva en las instalaciones del proyecto, seguida por una segunda revisión debido a la extensión territorial de las obras y la determinación de los ministros de visitar detalladamente los distintos puntos establecidos en la causa.

El 18 de marzo, Marcela Mella, en representación de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, presentó un escrito para ser considerado a la hora del fallo, donde se toman algunos antecedentes consignados en el Acta de inspección personal del Tribunal que -a su juicio- demuestra la deficiencia del programa de cumplimiento aprobado por la SMA.

Sobre este último, se asegura que “ha demostrado, una vez más, ser del todo deficiente, no pudiendo más que ser rechazado por este Tribunal”. Sin embargo, un día más tarde, el organismo no dio lugar al escrito al encontrarse cerrado el debate.

Una vez dejada en acuerdo la causa, hay un plazo de 30 días hábiles judiciales para dictar la sentencia, aunque -según conocedores de estos procesos- podría demorar más.

Desde Alto Maipo prefirieron no emitir comentarios al ser un proceso en curso. Fuentes que han seguido de cerca el caso señalan que el resultado de la causa es incierto considerando que se está enfrentando un programa de cumplimiento complejo, aunque sí habría seguridad de que la decisión final no afectaría la ejecución del proyecto, aunque esto no es compartido por quienes impulsaron la acción.

Escenarios posibles

Entre los escenarios que se visualizan está que el Tribunal rechace la reclamación en todas sus partes, que se acepten algunos puntos o que se acoja todo.

En el más desfavorable para la empresa, esto es que se anule el programa de cumplimiento, se tendrían que devolver los antecedentes a la SMA para que se completen o se instruya un procedimiento sancionatorio, atrasando la discusión jurídica.

Consultada, la abogada reclamante en la causa, Alejandra Donoso, espera que el fallo salga pronto. “El riesgo que se continúe construyendo Alto Maipo y más aún que se ponga en ejecución con la escasez hídrica y la presión que eso podría generar en la cuenca es altísimo. Mi expectativa es que el Tribunal se haga cargo de esa urgencia y resuelva favorablemente”, sostiene.

¿Se podría frenar el proyecto? La experta asegura: “Sin duda. El Tribunal Ambiental podría dictar una sentencia en esa naturaleza y también la SMA podría continuar el procedimiento sancionatorio hacia esa dirección”.

Según explica, es una posibilidad que se anule el plan de cumplimiento y, a su vez, establecer alguna medida provisional de frenar la operación de la iniciativa. “Si la SMA actuara de manera cautelar, esas son las herramientas que podría poner en ejercicio”, agrega.