El informe de Medio Ambiente «ha puesto en tela de juicio la certeza que brinda el actual andamiaje institucional», planteó en Cooperativa la directora ejecutiva de la institución, Alejandra Wood.

La experta pronostica que, de aprobarse en el Pleno, quedaría en vilo una cartera de inversiones futura de 70 mil millones.

La directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Alejandra Wood, aseguró que se encuentra «alarmada» frente a las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional en cuanto a la actividad minera, que serán votadas por el Pleno este jueves.

Parte de lo planteado por los privados a la Constituyente fue establecer «una mejor distribución de los beneficios de la actividad minera; un mayor valor agregado, priorizando el componente de desarrollo tecnológico; un cambio profundo en la relación con el cuidado de la naturaleza y las relaciones con las comunidades donde se realiza la actividad minera; y desde luego, que el ordenamiento jurídico provea el marco adecuado para el desarrollo a largo plazo de la actividad minera», señaló en El Diario de Cooperativa.

«Todas estas propuestas las presentamos ante la Convención, y la verdad es que estamos extremadamente alarmados, puesto que sentimos que no se ha recogido ninguna de ellas», aseveró, apuntando que tampoco existen ideas de norma que beneficien a los pequeños mineros, por lo que «de alguna manera, lo que se ha puesto en tela de juicio es la certeza que brinda el actual andamiaje institucional».

«Decisiones en contra de la actividad minera»

Por lo demás, detalló a qué se refiere con un eventual «antagonismo» entre el Estado y los privados: «Se elimina la concesión minera que actualmente otorgan los tribunales por una autorización temporal, y la deja sujeta a una mayor distorsión, y no garantiza ningún tipo de propiedad sobre el derecho a aprovechamiento del recurso mineral», sostuvo.

En ese sentido, Wood estimó que «el Estado tiene a Codelco y a Enami, pero son empresas que están altísimamente endeudadas, o sea, no necesariamente es el mejor administrador, y no necesariamente está en condiciones de hacerse cargo del tremendo parque minero e industrial que Chile tiene».

«Esta es una discusión de gran envergadura que debiera convocar al mundo político, al mundo civil y al mundo privado, y por eso nos preocupan las decisiones que se están tomando, que van, en el fondo, en contra de la actividad minera, y que ya han producido un daño respecto de la certeza», enfatizó.

La experta pronostica que, de aprobarse estas normas en el Pleno, quedaría en vilo una cartera de inversiones futura de 70 mil millones, puesto que «la participación de Chile en el mercado -que ya ha bajado- era de un 36 por ciento y hoy vamos en un 28 por ciento, y va a seguir bajando».

«Eso significa menos ingresos para el Estado, pero también menos impacto en las economías locales, menos desarrollo productivo, menos empresas proveedoras, menos desarrollo tecnológico, y en el fondo, un país más pobre», advirtió.