El gremio que reúne a las grandes mineras que operan en el país advierte de los efectos de la iniciativa, que elevaría en unos 15 puntos la tasa impositiva.

Como un “balde de agua fría” calificó el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, la propuesta del Gobierno para establecer un nuevo royalty a la industria, el que considera la creación de un mecanismo híbrido, que incluye un inédito cargo sobre las ventas de cobre, de entre 1% y 4%.

Para el líder del gremio que reúne a las grandes mineras que operan en el país, la iniciativa que será discutida en el Senado viene a “profundizar los errores cometidos en la Cámara y que se habían solucionado parcialmente en el Senado”.

Una de las principales preocupaciones tiene que ver con el impuesto a las ventas, ya que, según Villarino, este instrumento no tiene en consideración las diferencias de costos que existen entre las empresas, por lo que golpea fuertemente a las firmas que manejan yacimientos de menores márgenes, y también pone en riesgo el desarrollo de futuros proyectos que, en general, son económicamente marginales.

—¿Qué les parece el detalle del proyecto de royalty?

“Se había llegado a guarismos mucho más razonables en el Senado y parecidos a los que podemos ver en la legislación comparada. Nuestra carga tributaria va a subir 15 puntos, de los actuales 39-40%, a un 50-55% en promedio, lo que está fuera de toda competitividad, no es razonable. El Gobierno partió construyendo el proyecto por el techo, y no por los cimientos, estableció que tenía que recaudar 0,5% del PIB y a partir de ahí construyó el andamio sin saber si los cimientos iban a ser capaces de soportar ese techo. Creemos que esto le va a provocar un daño tremendo al sector, por lo que esperamos que en la Cámara y el Senado tengan una visión de mediano y largo plazo para corregirlo”.

—¿Fueron escuchados los planteamientos de la industria en los diálogos tributarios?

“Por lo menos los argumentos que dio el mundo técnico y productivo no fueron tomados en consideración. Se expuso esto latamente en la comisión de Minería y los senadores, de manera transversal, entendieron los efectos de poner un ad valorem alto, después de múltiples exposiciones de expertos y técnicos. Este proyecto genera inviabilidad para los proyectos económicamente más marginales, y muchos problemas para proyectos actualmente en operación, les pone un gravamen a proyectos que dejará una rentabilidad muy marginal, lo que desincentiva la inversión en el largo plazo”.

—¿Se van a ir las mineras de aprobarse un proyecto como este?

“Es probable que en el corto plazo haya un aumento de recaudación, y en el mediano y largo plazo va a disminuir, porque habrá menor actividad minera, eso es evidente; con estas cargas tributarias la industria chilena se vuelve poco competitiva, por lo que habrá migración de inversiones. No es que se vayan las compañías que están operando, sino que deciden invertir sus recursos en distritos que sean más competitivos, lo que es relativamente razonable”.

—Pero según los cálculos del Gobierno, los retornos seguirán siendo atractivos para el sector, en torno a un 15%.

“Puede que algún yacimiento mantenga esa rentabilidad, pero no es una afirmación aplicable a todos los yacimientos mineros, y lo que me parece más sorprendente, que sea el Estado el que determine la tasa a la cual se evalúan los proyectos, eso sí que es de una economía centralmente planificada, que desde hace muchas décadas no se veía en Chile. Estos son proyectos con rentabilidad variable, porque el precio de venta no está garantizado por el Estado, por lo tanto es poco probable que ese 15% se verifique”.

—¿Sigue existiendo un espacio para aumentar el aporte de la industria minera?

“Evidentemente, ese espacio se va restringiendo, se olvida que hace poco tiempo se aprobó un impuesto del 1% a las inversiones de más de US$ 10 millones, por lo que se aplica a prácticamente todos los proyectos mineros, se olvidan todos los temas que son más costosos”.

“La función de los gobiernos es tener una mirada global, aquí hace falta un panorama completo para que se vea la carga completa que están teniendo los sectores productivos, y con esa visión global, tomar decisiones sobre incrementos de carga; se está recaudando por muchas partes y existen suficientes antecedentes para pensar que un uso más eficiente de los recursos sea mejor que un engrosamiento de las arcas fiscales; se debe eficientar el gasto, el sector público está en deuda. Tuvimos una reforma tributaria hace 4-5 años, que recaudó la mitad por la disminución de la actividad económica básicamente, y no vimos un cambio sustancial en la calidad de vida de los
chilenos”.