Una serie de cuestionamientos plantearon los secretarios ministeriales a la hora de fundamentar su rechazo a la iniciativa que consideraba la expansión de El Soldado con una inversión de US$40 millones. Entre las críticas figura un eventual contaminación a las napas subterráneas de agua y el empeoramiento de la calidad del aire de la zona. Sin embargo, todos estos riesgos habrían sido descartados por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso.

El pasado 19 de julio se realizó la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso que determinó calificar desfavorablemente el proyecto de continuidad operacional de “Fase V El Soldado”, por US$ 40 millones, de Anglo American.

Pulso tuvo acceso al registro audiovisual de la votación en la que 11 secretarios ministeriales manifestaron sus reparos a la iniciativa, dando un vuelco a la evaluación, considerando que anteriormente habían mostrado su respaldo. Se trata del segundo revés ambiental para la minera de capitales ingleses, luego que dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazara su proyecto más ambicioso en Chile: Los Bronces Integrado (LBI), iniciativa que considera una inversión de US$ 3.000 millones.

La expansión de El Soldado llegó a la sesión con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable, luego que el SEA recomendará su aprobación y tras recibir el visto bueno de 11 servicios públicos que participaron en su evaluación ambiental.

Sin embargo, en la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, el proyecto tuvo solo dos votos a favor (el propio SEA y el Seremi de Economía) y 10 votos en contra. Los servicios públicos que rechazaron la DIA del proyecto de Anglo American fueron la delegada presidencial y los seremis de Minería, Medio Ambiente, Salud, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes y Desarrollo Social.

En la audiencia -presidida por la delegada presidencial, Sofía González (RD)- el SEREMI de Minería de Valparaíso, Julio Zumaeta (IC) sostuvo que “si bien el tranque el Torito está evaluado en un contexto de operación minera, lo que hace este proyecto es alterar ese contexto de operación minera, y modificar por lo tanto, la generación de los flujos que se incorporan en el tranque y cómo impacto el proyecto to puede afectar o hacer más grave la infiltración de aguas que lleguen a las napas subterráneas. Eso no ha sido considerado en la evaluación ambiental”.

Zumaeta, según su LinkedIn es bachiller de Ciencias Aplicadas en Ingeniería Civil Metalúrgica de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

Otro que también manifestó críticas a la iniactiva fue el SEREMI del Medio Ambiente, Hernán Ramírez. El ex investigador de la Fundación Terram citó el artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, asegurando que el proyecto debió ingresar como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no como una Declaración de Impacto Ambiental (DÍA).

“Con respecto a los riesgos a la salud, no hay que olvidar que el proyecto se emplaza en una zona saturada por material particulado, según el Decreto 107 del Ministerio del Medio Ambiente del 2019. Esta es una zona en la que la Mina El Soldado emite, según el anteproyecto del Plan de Descontaminación”, añadió.

Estudio y no Declaración

“Se trata de una zona en la que según el ante proyecto, la iniciativa emite 34% de todas las emisiones de material particulado de la zona. No obstante dentro del proceso, el titular ha señalado la reducción de este material particulado, pero con una tecnología que señala alcanzar niveles altísimos de capturas y retención, lo cual genera dudas razonables respecto a su cumplimiento”, explicó el ingeniero en pesca y ex encargado de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puchuncaví.

Asimismo, sostuvo que la empresa cuenta con al menos cinco resoluciones de calificación ambiental que han sido sancionadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, por no alcanzar o cumplir sus compromisos. “Eso lo señalo, porque una cosa es lo que el titular pueda proponer, pero por otro lado está lo que efectivamente puede cumplir y al final terminamos con procedimientos sancionatorios que a nadie le gusta”, concluyó.

Zona saturada

Luego fue el turno de Mario Parada, SEREMI de Salud:

“Buenas tardes delegada, a pesar de la opinión del SEA, comparto la opinión de fondo de que esto debió haber sido un Estudio de Impacto Ambiental y no una Declaración, ya que los riesgos para la salud si bien es cierto se van a disminuir, en teoría no se estudió en profundidad si esos cálculos realizados explícitamente dan cuenta de la inseguridad de aquello en una zona saturada”.

Al concluir, la delegada presidencial Sofía González (RD) agradeció las palabras del Seremi de Salud y entregó la palabra a Christian Inostroza, SEREMI de Economía. El ingeniero civil electrónico y militante del Partido Radical sostuvo escuetamente: “Según lo propuesto por el SEA, apruebo la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto”.

Por su parte el SEREMI de Energía, Hernán Dinamarca (PS), quien sostuvo que “rechazo la propuesta del SEA sobre todo por lo indicado por Mario y especialmente por lo indicado por el SEREMI de Minería, porque creo que es bastante transparente el reglamento cuando concurren determinadas condiciones y debe hacerse un estudio. En este caso concurrieron las tres condiciones, al menos una para dudarlo”.

“No logro entender porqué no se hizo un Estudio de Impacto Ambiental en su oportunidad, en atención de eso lo rechazo”, concluyó.

Los riesgos descartados

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de expansión de El Soldado contaba con un ICE favorable. El documento consta en el expediente del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso sostuvo -en su informe- que el proyecto “no generará riesgo a la salud de la población, tampoco reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos pertenecientes a pueblos originarios”.

A su parecer, “la ejecución del proyecto no generará efectos adversos significativos sobre la disponibilidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas susceptibles de ser afectadas y, por tanto, el acceso al recurso agua para abastecimiento humano”.

“No se generará riesgo en la salud de la población, ya que no se superarán los límites establecidos en las respectivas normas primarias de calidad del aire de los contaminantes que serán emitidos y que fueron utilizadas para la evaluación del impacto. Además, los aporte que generará la ejecución del Proyecto en la calidad del aire, por la emisión de MP10 y MP2,5, no producirá niveles de significancia en la zona declarada saturada y latente, conforme a lo establecido en la normativa de referencia utilizada para el análisis, correspondiente al Título 40 del Código de Regulaciones Federales de EE.UU. (CFR), sección 51.165 (USEPA, 2011); es decir, la ejecución del proyecto no generará un aumento de la condición de riesgo preexistente para la salud de la población”, concluyó.