Los resultados estarán durante el tercer trimestre y, posteriormente, se trabajarán con la industria. Se contemplan factores habilitantes y el marco regulatorio que entregue las señales necesarias.

Adelantar el retiro de las centrales a carbón ha sido la tónica desde que en 2019 se concretó el plan voluntario que fijó la meta de salida del sistema al 2040, siendo también un propósito del actual Ministerio de Energía. Para ello, se creó una mesa tripartita con los equipos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico, la que ya trabaja de cara a sus primeros hitos.

La instancia, que sesiona semanalmente, tiene como objetivo establecer los requerimientos del sistema para operar sin centrales a carbón al 2030, y qué cambios normativos se debieran implementar para ello, con una mirada responsable tanto de corto como de mediano-largo plazo.

El trabajo ha sido sigiloso, pero ya trabajan en modelos y hacer simulaciones. Al ser consultado, el Ministerio de Energía dice que, como parte del análisis inicial y dentro de los avances, “se ha hecho un levantamiento de la gran cantidad de estudios que el sector eléctrico ha puesto a disposición, sumado a los análisis propios de la mesa más detallados para determinar, sobre todo, requerimientos operacionales en el corto plazo”.

En forma paralela, se está trabajando en las alternativas de modificaciones de instrumentos normativos que den solución a una serie de desafíos en el marco de la descarbonización. Así, la mesa está preparando un plan de cierre que contemplaría plazos, factores habilitantes y el marco regulatorio que entregue las señales necesarias para la descarbonización.

Ya hay un hito a la vista. “Los resultados de la mesa estarán durante el tercer trimestre de este año, los cuales con posterioridad trabajaremos con la industria para tener una mirada integral que considere las distintas aristas del desafío”, adelantan.

Por otro lado, en estos momentos están tomando como base los compromisos existentes al año 2025, mirando los efectos que estos tendrían en el abastecimiento y seguridad del sistema eléctrico, teniendo presente los tiempos de desarrollo de nuevos proyectos.

A partir de ahí, agregan, están “analizando distintas trayectorias para llegar a la vecindad del 2030, en esta instancia desde el punto de vista técnico, después de terminada esta mesa, incluir la dimensión territorial, comunitaria y de sostenibilidad”. Esta segunda etapa está asociada al trabajo interministerial que se está desarrollando en torno a la Transición Socio Ecológica Justa con perspectiva de género, teniendo presente los planes de retiro o reconversión de las mismas.

Las variables en juego

Una de las variables más importantes que se están considerando para decidir un eventual adelanto del retiro es tener seguridad de abastecimiento en todo el territorio del sistema eléctrico. “En cuanto al decreto de racionamiento vigente y los problemas de estrechez energética que hemos tenido durante este año, estamos trabajando para que no se repitan en los siguientes períodos. A esto se suman las contingencias mundiales relativas a la disponibilidad de combustibles”, indican.

En segundo lugar, se mira el aspecto operacional del sistema eléctrico relativo a los mayores requerimientos de inercia y fortaleza de la red del sistema, tema en que -dice la cartera liderada por Claudio Huepe- “estamos trabajando para entregar las señales, todo alineado con los cambios legislativos y regulatorios para el almacenamiento y la disponibilidad de energía renovable en toda hora del día”.

Factibilidad

La estrechez del sistema eléctrico tuvo momentos preocupantes el año pasado, obligando a postergar el retiro de centrales, ya que se hizo clave tener generación para dar la seguridad necesaria. Sin embargo, en los últimos meses las condiciones han mejorado, lo que ha permitido dar vía libre a la desconexión de unidades.

Septiembre será un mes relevante, ya que se espera el retiro de la unidad 15 de la Central Térmica Tocopilla de Engie y de Bocamina II de Enel. En tanto, Ventanas II de AES Andes está autorizada para poner fin a sus operaciones en diciembre de 2025, aunque este año debiera acogerse al Estado de Reserva Estratégica (ERE), lo que está condicionado al fin de las obras de Agua Santa.

Sobre la factibilidad de adelantar el retiro de centrales a carbón bajo un escenario algo más alentador, la cartera advierte que “el nivel de precipitaciones de un año en particular no puede hacernos olvidar la tendencia en la que nos encontramos”, añaden que “la descarbonización la estamos analizando con una mirada de corto, mediano y largo plazo, que garantice el suministro”.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Ana Lía Rojas, asegura: “Nos tenemos que preocupar de adelantar la descarbonización en cuanto las condiciones habilitantes se vayan presentando adecuadamente en el sistema donde los sistemas de transmisión y almacenamiento resultan ser cruciales”. Pero también, advierte que hay que preocuparse “de la gestión de las energías renovables para no terminar con una descarbonización adelantada que se traduzca en problemas de estabilidad o inseguridad de suministro, costos en el sistema y vertimiento”.

Para el socio director de energiE, Daniel Salazar, “más que calendario, lo que más se espera son medidas, compromisos, señales, regulaciones específicas respecto a cuáles son las condiciones para que ese calendario se cumpla”. “No hemos contado a la fecha con un plan de acción concreto”, recalca.

En cuanto a los cambios normativos -de corto plazo- que son claves de cara al objetivo de estar operando sin centrales a carbón al 2030, el experto puntualiza que -de lo que actualmente se conoce- se debe aprobar el proyecto de almacenamiento que está en el Congreso, revisar la norma técnica de GNL, y despejar -aprobando o retirando- el reglamento de potencia que está en Contraloría General de la República.