Se acusa demoras y que los valores resultantes del estudio de VAD “carecen de toda lógica”, traduciéndose en una tasa de rentabilidad negativa para la empresa.

No solo la valorización de las instalaciones de los sistemas de transmisión 2020-2023, la primera que se realiza con las modificaciones de 2016 y cuyo documento es clave en la tarificación del segmento, generó controversia. El proceso de la tarificación de la distribución eléctrica también ha tenido un complejo caminar, siendo una de las tareas que heredó la actual administración.

Si bien ya a inicios de año el presidente del directorio de Chilquinta Distribución, Yumeng Zhao, advertía en la carta a los accionistas contenida en la memoria anual que este “ineficiente” proceso regulatorio “no refleja ni permite desarrollar el sector”, en los últimos días CGE fue más allá y escaló el conflicto a la Contraloría General de la República. 

En una carta ingresada el 1 de agosto a la entidad liderada por Jorge Bermúdez -a la que tuvo acceso DF- la firma hace presente preventivamente la “ilegalidad manifiesta y sustantiva observada hasta ahora” en el proceso de tarificación del valor agregado de distribución para los sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, correspondiente al cuatrienio 2020-2024.

“Solicito al señor Contralor tener presente esta manifiesta ilegalidad, requiriendo al Ministerio de Energía y a la Comisión Nacional de Energía (CNE) informar acerca de la necesidad de incluir las exigencias de los indicadores individuales de calidad de suministro (TIC y FIC), definidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicio en Sistemas de Distribución (NTD)”, se señala en el escrito firmado por el gerente general de la compañía, Iván Quezada.

La discusión se ha centrado en el estudio para el cálculo de los componentes del Valor Agregado de Distribución (VAD) que, en la práctica, determina la tarifa que se cobra a clientes regulados, en su mayoría residenciales. El resultado de este proceso representa el 20% de las tarifas que pagan las familias.Además, el procedimiento de cálculo de los precios a nivel de distribución es el primer proceso en aplicar ajustes de 2019 que consistían en fijar rentabilidades de entre 6% y 8% después de impuestos, y cambiar el sistema bajo el cual se realizan los cálculos.

Los cuestionamientos

La firma cuestiona que este proceso se ha extendido por más de 20 meses, a pesar de que el estudio de VAD debía ejecutarse dentro del plazo de 100 días a partir de la adjudicación. A esto suma que el 2 de junio el Comité de Estudio aprobó la tercera versión del informe final definitivo (estudio de VAD), presentada por el consultor, con los votos en contra de varios de los integrantes que representan a empresas concesionarias de servicio público de distribución, entre ellos el de CGE.

Según se detalla, la ilegalidad observada y reiteradamente representada por CGE a las autoridades consiste en que el estudio de VAD es contrario a la Ley General de Servicios Eléctricos al excluir en el diseño de la empresa modelo las exigencias de los indicadores individuales de calidad de suministro (TIC y FIC).

Se plantea que esta ilegalidad se evidencia al revisar la primera versión del informe final definitivo del consultor en la cual este último expresa que esta exclusión fue por instrucción expresa de la CNE. Esta exclusión también habría ocurrido en la segunda versión del documento. Y enfatiza: “A pesar de que esta ilegalidad se ha hecho presente en distintas oportunidades, tanto al interior del Comité del Estudio como directamente al Ministerio de Energía y a la CNE, junto a observaciones técnicas consistentes principalmente en errores de cálculos y problemas de trazabilidad de los datos contenidos en el estudio de VAD, tal ilegalidad se mantuvo en la tercera versión del informe final definitivo recientemente aprobada”.

Quezada puntualiza que la ilegalidad manifiesta y sustantiva es de tal gravedad que “podría poner en riesgo la sustentabilidad y/o viabilidad económica de CGE”. “Los valores resultantes del estudio de VAD carecen de toda lógica y razonabilidad, subestimando los costos asociados a la prestación del servicio eléctrico y traduciéndose en una tasa de rentabilidad negativa para la empresa (~-4,5% antes de impuestos)”, dice.

Esto, de no corregirse, afectará -dice- la operación y el desarrollo de las inversiones, causando inevitablemente una “grave pérdida para la sociedad y los clientes, usuarios o consumidores finales del servicio público eléctrico de distribución atendidos por CGE”. Es decir, más de tres millones de clientes.

Al proceso le queda la toma de razón del decreto respectivo por parte de la Contraloría y, de concretarse, podría llegar al Panel de Expertos. Consultados el Ministerio de Energía y la CNE por la arremetida de CGE, declinaron referirse al respecto por ser un proceso aún en curso.