Según la revisión realizada por Pulso a la plataforma del sistema, durante los primeros seis meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric han ingresado a tramitación ambiental 335 iniciativas. Dicha cifra es un 40% menor a la de igual periodo del año anterior y es el número más bajo desde 1997, cuando el país experimentaba las primeras señales de la crisis asiática.

Cada vez más palpables son las señales de la ralentización de la economía chilena. Y uno de los antecedentes que acompaña esa tendencia es la fuerte caída en el número de proyectos de inversión presentados ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según la revisión realizada por Pulso a la plataforma del sistema, durante los primeros seis meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric han ingresado a tramitación ambiental 335 iniciativas. Dicha cifra es un 40% menor a la de igual periodo del año anterior y es el número más bajo desde 1997, cuando el país experimentaba las primeras señales de la crisis asiática.

A su vez, la inversión que ha entrado entre el 11 de marzo y el 11 de septiembre de 2022 suma US$ 15.745 millones. Se trata de un monto menor en un 58% si se compara con igual lapso de 2021, cuando se registraron 561 proyectos que sumaron US$37.069 millones. En tanto, en lo que va del gobierno, se aprobaron 153 proyectos de inversión.

Las 10 mayores iniciativas con luz verde bajo la actual administración son: la habilitación Extensión Metro Valparaíso Quillota-La Calera, de EFE (US$680 millones); Parque Eólico Wayra (US$624 millones); Parque Eólico Junquillos, de Colbún (US$570 millones); Parque Eólico Faro del Sur (US$500 millones); Parque Fotovoltaico Celda Solar, de Colbún (US$500 millones); Central Hidroeléctrica San Carlos (US$420 millones); Sol de Caone (US$420 millones) y el Parque Fotovoltaico Llanos de Marañón (US$372 millones).

Al respecto, el informe del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (UDD) que analiza la situación económica mensual, a agosto detalló que “la mitad de la inversión asociada a proyectos ingresados al SEIA se encuentra en espera de calificación”.

Rechazos

En el mismo lapso, bajo la misma plataforma, se han rechazado 26 proyectos de inversión que suman US$4.002 millones. Se trata del monto más alto de inversión rechazada, desde el último año del segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, cuando se registraron 24 iniciativas con RCA negativa, las cuales totalizaron US$9.659 millones.

Nueve de esas iniciativas rechazadas contaban con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) positivo, recomendación que efectúa el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para la definición de su RCA. Justamente, entre las que contaban con el visto bueno de la autoridad ambiental, pero que cayeron bajo la actual administración de gobierno figuran las Declaraciones de Impacto Ambiental de dos proyectos emblemáticos: Egaña – Comunidad Sustentable, de Fundamenta (US$300 millones), y la Continuidad Operacional Fase V de El Soldado, de Anglo American (US$40 millones). A ellos se suman la Modificación de cauce canal Sandoval (US$1 millón); Talca – San Miguel (US$50 millones); Ampliación Líneas de Transferencia de Productos (US$10 millones); Planta WTE Araucanía (US$80millones) y el Refugio de Montaña Antillanca (US$10 millones), entre otros.

Juicio de los especialistas

Para el director de Medio Ambiente en Jara del Favero Abogados y exministro del ramo, Javier Naranjo, el Servicio de Evaluación Ambiental es un servicio que siempre ha destacado por ser técnico y profesional, por lo mismo, la cantidad de proyectos ingresados no debiera ser tema. “Sin embargo, uno debe poner atención a las razones del por qué hay un aumento en el rechazo de proyectos, donde no hay nueva regulación, sino solo un criterio nuevo, que al parecer sería distinto y que traería eventualmente mayores incertezas”, sostiene.

Y agrega que “por ejemplo, en La Araucanía, se han rechazado dos proyectos con recomendación técnica de aprobación sin mención a nueva regulación y, en Valparaíso, pasó exactamente lo mismo con El Solado de Anglo American, proyecto rechazado, sin nueva regulación. Estos últimos hechos deben llamar la atención, porque se puede entrever una calificación más bien política que, en definitiva, daña al SEA, la institucionalidad ambiental y, en consecuencia, afecta a la certeza técnica y jurídica”.

Por su parte, Jorge Andrés Cash, jefe del Área Medio Ambiente en Elías Abogados, indica que “se advierte un mayor condicionamiento de las autoridades regionales respecto a consideraciones de orden político o social al momento de calificar ciertos proyectos, a diferencia de lo que es posible constatar hasta el momento a nivel central en el marco del Comité de Ministros, en que es posible apreciar una calificación ponderada, razonable y equilibrada de los proyectos que se han sometido a su pronunciamiento.

Esto último, es especialmente relevante si se considera que el Comité de Ministros ha sido el principal foco de una reforma institucional al SEIA, precisamente por la incertidumbre asociada a su composición, esencialmente política”.

Paulina Riquelme, abogada y socia de EELAW explicó que “uno de los principales aspectos que hemos podido observar, es una mayor exigencia respecto a la robustez técnica con la que deben ingresar los proyectos al Sistema. En tal sentido, en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental, identificamos un estándar de exigencia más alto para descartar la existencia de impactos significativos.

La exigencia de una mayor robustez técnica, se ha traducido en un incremento gradual de términos anticipados de la evaluación ambiental por falta de información relevante y esencial de las DIA o EIA que han ingresado al SEIA. Esta situación genera cierta inquietud en la comunidad regulada, tanto de titulares como consultores, pero también nos desafía a generar mejores proyectos”.

Desde el SEA añadieron que no es prerrogativa de la institución “promover que ingresen más o menos proyectos al sistema ni nos corresponde comentar la magnitud de la inversión. El SEA es un instrumento de gestión ambiental de tercer orden, cuyo objetivo es asegurar preventivamente el cumplimiento de la normativa ambiental mediante una evaluación técnica de excelencia que asegure la debida participación ciudadana”.