El fallo descarta que se haya vulnerado garantías constitucionales a las compañías Movitec y Belaz, y sostiene que las materias de conflicto contractual y reclamación de derechos deben ser «debatidos y probados en el procedimiento judicial que corresponda».

Un verdadero portazo recibió en la Corte de Apelaciones de Santiago el consorcio CBM, conformado por la chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz, en su enfrentamiento con Codelco. La Primera Sala del tribunal de alzada, presidida por la ministra Marisol Rojas e integrada las ministras Inelie Durán y María Paula Merino, declaró inadmisible el recurso de protección presentado la semana pasada por la compañía, luego que la principal productora de cobre del mundo decidiera rescindir el contrato que CBM operaba desde marzo de 2021 en Rajo Inca, y cobrara boletas de garantía por más de $11.429 millones.

En un fallo de solo dos puntos, la instancia capitalina remarcó que la medida cautelar tenía por objeto “restablecer el imperio del derecho” por supuestas vulneraciones a garantías constitucionales, específicamente las relativas al artículo 20 de la Constitución. A ello agregó que “los hechos descritos en la presentación, y en particular sus peticiones, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, teniendo presente que se denuncia un conflicto contractual y reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial que corresponda”.

El caso se enmarca en acusaciones cruzadas entre las partes por el retraso en las obras que ejecutaba el consorcio en el proyecto estructural Rajo Inca, que busca extender la vida útil de la División Salvador, ubicada en Diego de Almagro, región de Atacama. Según Codelco, CBM sería responsable por un retraso de 12 meses en la materialización de las obras, generando con ello un deterioro en la producción de cobre de entre 90 mil y 100 mil toneladas entre 2023 y 2025. La estatal además apunta a incumplimientos legales en materia de seguridad “cuyo punto de quiebre fue el accidente fatal en julio de 2022 que costó la vida del trabajador Rubén Trigo”.

Por su parte, CBM apuntó que la minera estatal les retuvo recursos luego del accidente, lo que complicó el proceso de retomar las faenas de construcción de caminos y obras de prestripping, o preproducción de la planta que operará en el yacimiento. Según ha reportado Codelco, a septiembre de 2022, las obras de Rajo Inca presentaban un avance total de 37,8%.