La ministra de Minería Marcela Hernando señaló que los proyectos se harán con control de la parte gubernamental.

Empezó la cuenta regresiva. Cuando todas señales apuntan a que la próxima semana el Ejecutivo dará a conocer su política nacional del litio, la ministra de Minería, Marcela Hernando, dio luces sobre el esperado proyecto: “La Empresa Nacional del Litio es 100% estatal, pero para diferentes salares, diferentes explotaciones y trabajos puede asociarse y allí es dónde aparece la asociación pública-privada”.

La autoridad detalló ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja que la creación de esta compañía pública será mediante un proyecto que se enviará al Congreso y requiere quórum calificado. Por lo mismo, mientras el proyecto pasa por su travesía legislativa, Codelco y Enami, “dos empresas que tienen giro minero”, tendrán un rol más protagónico, donde “la intención de esta política es asociación público-privada, pero con un control estatal, dado el carácter estratégico” del mineral.

La naciente institucionalidad no modificará el carácter estratégico que tiene el litio en Chile, señaló la ministra. Pero buscará introducir mejoras tecnológicas, es decir, que se avance en el método de extracción directa, que recupera más litio y afecta menos el medio ambiente. Ello también será exigido para las actuales productoras de litio en Chile, SQM y Albemarle, aseveró.

“Sin duda, las dos empresas que están instaladas allí (en el Salar de Atacama) saben extraer litio por evaporación, pero tenemos que migrar a un sistema de extracción directa y por lo tanto ellos también van a tener que migrar a eso. Albemarle entiendo que ya tiene algunos avances en eso y también SQM, aunque se ha inhibido un poco porque como su contrato es más corto, no ha querido iniciarlo”, señaló Hernando. El contrato de SQM con Corfo dura hasta 2030 y el de Albemarle, hasta 2043.

La secretaria de Estado enfatizó que “cualquier empresa que venga, va a venir con nueva tecnología, independientemente de si acceden a algunos de estos otros salares”. En el país el litio se extrae en el Salar de Atacama, pero existen otros 45 salares y 18 lagunas salinas, muchos de ellos susceptibles de ser explotados.

La ministra descartó, asimismo, que la demora en la presentación de esta política pública implique perder la ventana de la oportunidad del “súper ciclo” del litio. “La demanda por los próximos 30 años es cuantiosa y va a haber espacio para que otros países puedan aparecer y producir y de hecho a nosotros nos conviene que nuestros países vecinos lo hagan”. Es más, aseveró que aunque se hiciesen todos los proyectos que están en carpeta en Argentina, “no se alcanza a satisfacer la demanda mundial”.

Agregó que “hoy es posible capturar rentas futuras, porque los compradores como China, Corea y Japón, quieren asegurar suministro. Todo depende de cómo negociar”. Cabe señalar que los tres países asiáticos representan 88% de la demanda del mineral.

Hernando también desestimó que, debido al alto precio del mineral, aparezcan reemplazos para el litio. En ese sentido, señaló que “los sustitutos apuntan a un mercado de baterías de vehículos eléctricos y artículos electrónicos, pero no a las baterías estacionarias que se utilizan en las energías renovables no convencionales”.

La titular de Minería reveló que la nueva institucionalidad también ordena la normativa existente, en el sentido de que hay varias instituciones del Estado, como Corfo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Dirección General de Aguas, entre otras, que tienen potestades sobre el litio.

SQM más allá de 2030

Previo a la exposición de Hernando en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, el vicepresidente de servicios corporativos de SQM, José Miguel Berguño, realizó una exposición sobre la estrategia de la compañía en litio.

El ejecutivo detalló que el aporte al Fisco de SQM en 2022 ascendió a US$ 1.790 millones en pago de impuesto a la renta y US$ 3.272 millones por el contrato de arrendamiento con Corfo.

Hay, asimismo US$ 129 millones pagados al Gobierno Regional de Antofagasta; US$ 19 millones al municipio de San Pedro de Atacama; otros US$ 10 millones a la comuna de María Elena, una cifra similar al municipio de Antofagasta y US$ 18 millones que van a Corfo por Investigación y Desarrollo, para un instituto de energías limpias.

Berguño también respondió consultas de los parlamentarios. La más peliaguda: “¿Qué pasará en 2030, cuando se termine el contrato con Corfo por el Salar de Atacama?” Ante la pregunta de si es factible que SQM explote esa zona ya sea con la Empresa Nacional del Litio o las mineras estatales (Codelco y Enami), el ejecutivo respondió que tendrían que compartir también la inversión y el riesgo. Hizo ver que el proyecto Salar Futuro involucra US$ 1.500 millones.