La iniciativa, que en régimen recaudará del orden de US$1.500 millones al año, ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo.

Tras dos años desde que ingresó al Senado, este miércoles la Cámara Alta aprobó el proyecto que establece un royalty para la gran minería del cobre. La Sala de la corporación visó el proyecto con 38 votos a favor, una abstención -de la senadora UDI Luz Ebensperger- y dos votos en contra, de los senadores republicanos Rojo Edwards y Carmen Gloria Aravena.

Al final de la sesión se sometieron a votación los artículos 1, 2 y 3 del proyecto, los cuales se aprobaron por amplia mayoría. Sólo el segundo, que establece el valor del cobro ad valorem, recibió 35 votos favorables, dos en contra y cuatro abstenciones, de los senadores UDI Juan Antonio Coloma, Gustavo Sanhueza, Javier Macaya y Ebensperger. Ahora la iniciativa volverá a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo, y podría empezar a ser visto la próxima semana.

Durante su tramitación en el Senado, el proyecto tuvo varias modificaciones en relación a la propuesta que nació de un grupo de diputados, en septiembre de 2018, y que estaba en su segundo trámite legislativo desde el 18 de mayo del 2021.

Originalmente, la iniciativa planteaba aplicar una tasa ad valorem del 3% a los explotadores mineros con ventas sobre las 50 mil toneladas métricas de cobre fino (TMC). Lo aprobado sitúa dicha tasa en 1%.

Cuando el Ejecutivo patrocinó la iniciativa, a mediados de julio de 2022, comenzaron los cambios más relevantes a la propuesta. Allí se estableció una escala de tasas para el impuesto específico de entre 8% y 26% sobre el margen operacional minero (MOM). Tasas que actualmente se ubican entre 5% y 14% para los productores sobre las 50 mil TMC.

En respuesta a los reparos, tanto de la industria como de los senadores opositores, el gobierno fue modificando en varias oportunidades el diseño del proyecto. El pasado 11 de abril propuso un límite a la carga tributaria efectiva -que considera impuesto de primera categoría, impuesto específico y royalty- del 50%. Las preocupaciones por el nivel siguieron, por lo que se redujo a 48% sólo siete días más tarde, y nuevamente el 19 de abril el tope fue rebajado a un rango de 47% y 45,5%.

Finalmente, este lunes -al día siguiente de las elecciones de consejeros constitucionales- el ministro Mario Marcel presentó, en acuerdo con los senadores de Chile Vamos, un nuevo límite superior de 46,5%.

Dicha carga se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (Rioma) para aquellas mineras que produzcan más de 80 mil TMC, y para los explotadores mineros que produzcan entre 50 mil y 80 mil TMC, la carga máxima será de 45,5%.

La autoridad estima que el proyecto generará una recaudación anual de 0,45% del PIB en régimen, del orden de unos US$1.500 millones, según explicó el ministro Marcel. De ellos, US$450 millones se distribuirán entre gobiernos regionales, un grupo de comunas mineras y también los 309 municipios del país que son más dependientes del fondo común municipal.

Se trata del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$225 millones, a beneficio de los gobiernos regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$170 millones, a favor de las comunas más vulnerables; y el Fondo Comunas Mineras, por US$55 millones, para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, cuya cifra final estará determinada por indicadores como el número de yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros.

Tras la votación, Marcel señaló que la aprobación del royalty “es un paso muy importante en una reforma de gran relevancia y que es parte de la agenda del Presidente Boric.” También expresó la satisfacción del gobierno y explicó que con esto, “estamos reduciendo la incertidumbre que existía en este sector”.

Además, destacó el diálogo y buena disposición en esta instancia, así como el entendimiento y convergencia logrados con todos los sectores involucrados en el debate. Cerró diciendo que “esperamos avanzar rápidamente en esto en la Cámara”.

En tal sentido, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, añadió que “esperamos que exista la misma disposición constructiva para ratificar una norma que es buena para Chile”. Aclaró que la urgencia para su trámite en la Cámara será resuelta en conversación con los ministros de Hacienda y Minería, “para que se vote en un tiempo razonablemente cercano”.