Por segunda vez en el año, el proyecto que busca extender en al menos 19 años la vida útil del rajo desde el cual se extrae oro y cobre tuvo un abrupto término en su tramitación ambiental, al no ser calificado por falta de información esencial.

Su segundo traspié en casi tres meses tuvo la tramitación ambiental del proyecto Continuidad Operacional La Farola, iniciativa que involucra una inversión cercana a los US$250 millones para expandir la vida útil de Minera Altair, ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama.

El martes 24 de octubre, la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Verónica Ossandón, puso término anticipado al procedimiento de evaluación, señalando que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la compañía “carece de la información esencial, por lo que no es posible evaluar si éste genera o presenta alguno de los efectos” sobre el medio ambiente sometidos a evaluación. Con ello, el proyecto no quedó calificado ambientalmente.

La iniciativa busca construir y operar un desarrollo minero que considera el procesamiento de 15.000 toneladas por día de mineral, para la obteción de concentrados comerciales de cobre con contenido de oro, gracias a la continuidad operacional del yacimiento. Así, busca intervenir 234 hectáreas, dentro de las cuales 72 serían la zona del rajo minero, mientras que el resto incluye la construcción de un relave para contener conjuntamente material filtrado y estéril.

La no calificación del proyecto llega a poco más de dos meses desde que la iniciativa sufrió su primer revés en el proceso de calificación ambiental. Fue a mediados de agosto cuando el mismo organismo entregó, sólo cuatro días después de su ingreso, su resolución de inadmisibilidad de la iniciativa, señalando en ese entonces que la DIA ingresada a tramitación no presentaba “los contenidos mínimos de las Declaraciones de Impacto Ambiental”, como el listado de los permisos y pronunciamientos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, entre otros.

Tras dicho episodio, la compañía volvió a la carga presentando una nueva DIA, que inició su tramitación ambiental el pasado 7 de septiembre. Desde entonces hasta la fecha, en el expediente de evaluación ambiental consta que 17 organismos estatales presentaron sus pronunciamientos con observaciones a la iniciativa. En su pronunciamiento, Verónica Ossandón argumenta que la falta de información esencial “no es susceptible de ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones”. Entre los aspectos cuya información fue considerada como incompleta están el área de influencia del proyecto, donde de detectó la presencia de receptores de material particulado y gases que no fueron debidamente no identificados por la compañía.

“Existe una falta de información esencial, dado que no se identifican los receptores humanos más cercanos a las partes y obras del proyecto, así como tampoco se evalúa el aporte a la calidad del aire en los receptores humanos más cercanos a fin de descartar el riesgo a la salud de las personas en una zona declarada saturada por MP10 en norma anual y diaria”, especifica la resolución.