El acuerdo fue suscrito en la tarde de este jueves y marca un acercamiento de posiciones por parte de las comunidades, que venían solicitando formar parte de las conversaciones entre la estatal y la minera privada desde hace meses.

Un importante acercamiento con las comunidades indígenas del Salar de Atacama se concertó la tarde de este jueves, en el marco de las negociaciones que llevan adelante Codelco y SQM para concretar el ingreso de la minera estatal a la industria del litio, como lo mandató la política nacional delineada por el Ejecutivo.

Se trata de la firma de un convenio tripartito suscrito por el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Vladimir Reyes; el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; y el gerente general de SQM, Ricardo Ramos. El convenio, que aún no ha sido socializado con las 18 comunidades lickanantay que agrupa la asociación, fue acordado en una reunión celebrada en el Salar de Atacama.

Así, luego de tres reuniones que han sostenido desde julio las comunidades con Máximo Pacheco y Ricardo Ramos -quienes lideran los equipos negociadores con miras a extender el contrato de arrendamiento de SQM con Corfo, el cual expira el año 2030-, el CPA consiguió ser considerado en el proceso de negociaciones, tal como lo venían solicitando desde que fue anunciada la estrategia gubernamental, en abril de este año.

Vladimir Reyes explicó Pulso en julio y luego de la primera reunión sostenida con Pacheco, que las demandas de las comunidades buscaban “la participación activa en las tomas de decisiones que se van a ir abordando en cada momento”.

La participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones es una de las principales preocupaciones en el gobierno, que busca evitar posibles judicializaciones como la que terminó echando abajo la licitación realizada a fines del segundo período presidencial de Sebastián Piñera.

A mediados de enero de 2022, y tras el triunfo electoral de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial, el Ministerio de Minería, encabezado entonces por Juan Carlos Jobet, había adjudicado a BYD Chile y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., dos de las cinco cuotas por 80.000 mil toneladas de carbonato de litio que se habían ofrecido en el proceso, con el fin de aumentar la producción del denominado oro blanco en el país.

Pero luego la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por dos comunidades, al no fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa que estipula la ley.

Con eso como contexto, ahora el Comité de Litio y Salares, instancia presidida por la ministra de Minería, Aurora Williams, y que cuenta con la participación de los ministerios de Hacienda; Relaciones Exteriores; Economía, Fomento y Turismo; Medio Ambiente, y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, además, de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), definió en su sesión de septiembre la realización de consultas indígenas en cada acto administrativo que afecte a las comunidades.

Para ello, la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, velará por el trabajo coordinado con la Unidad de Litio del Ministerio de Minería. Esta última será reorganizada y fortalecida, con la incorporación de nuevos profesionales de las carteras y servicios asociados.

Por otro parte, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, sostuvo este mismo jueves que la incorporación de los pueblos originarios era un “tema tremendamente importante”, y calificó dicha temática como una de las “restricciones” que deben ser atendidas “para que después no se nos judicialice, no se nos complique” el avance de la política nacional del litio.