Los ejecutivos de la División de El Salvador explicaron ante la Comisión Investigadora de la Cámara que, bajo este concepto, la minera privada debe enfrentar el costo por el material cambiado, manteniendo por dicho efecto una deuda con la estatal aun no cuantificada con exactitud.

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Despejando una de las incógnitas latentes en la investigación que sigue la Cámara de Diputados en torno a la sustracción de concentrados de cobre en la División de El Salvador de Codelco, los ejecutivos de la estatal aclararon que el transporte del material desde La Escondida a Potrerillos estaba a cargo de la minera privada y no de la estatal, como se había señalado a comienzos de las indagatorias.

Según informó el gerente general de la División de El Salvador, Armando Olavarría, los camiones mandados por La Escondida eran desviados en el camino (algunos camioneros eran parte de le red ilícita que operaba en este tema, según informó semanas atrás la PDI), antes de llegar a Chañaral y, por tanto, antes de que Codelco tomara cuenta de ellos. Allí, agregó, el material de buena ley era bajado y cambiado por relave de cobre con muy baja ley, que luego era destinado hacia Potrerillos.

Detalló que los camiones recepcionados por la estatal eran revisados por personal de Ingecom (empresa contratada por la estatal para certificar la calidad del concentrado y su origen desde La Escondida), que cambiaba las muestras que iban al laboratorio, evitando así que se detectara el fraude.

Olavarría resaltó que el ilícito fue ejecutado no sólo ante el personal de Codelco, sino también a la vista del inspector contratado por La Escondida, quien debía velar por el estricto cumplimiento de los procesos internos y certificar de parte de la privada que no había vulneración de los sellos, alteraciones en el peso o en la calidad del material.

Los ejecutivos de El Salvador señalaron que las estimaciones preliminares dan cuenta de cerca de dos años de defraudación y recalcaron que sólo una vez que termine la cuantificación del material no entregado, se adoptarán las acciones judiciales en contra de La Escondida para reclamar por los montos cancelados.

Frente a preguntas de los legisladores en torno a la veracidad de una denuncia recepcionada en julio de 2013, que alertaría sobre la comisión del fraude, el jefe de la División Jurídica de El Salvador, Sebastián Moreno, especificó que no hubo una notificación formal sobre la materia.

Sostuvo que la empresa considera canales de denuncia frente a sospechas de los trabajadores, las cuales pueden hacerse llegar en forma directa o a través de los jefes jerárquicos respectivos. De ahí, agregó, se inicia una investigación interna destinada a la obtención de pruebas que avalen las acusaciones y una eventual presentación ante el Ministerio Público.

Los representantes de Codelco señalaron finalmente en su exposición pública (gran parte de la presentación fue secreta, a solicitud de los invitados) que la División modificó sus procedimientos internos para mejorar el control en la recepción del concentrado, entre otros puntos: cambio de la empresa que efectúa la extracción de muestras; establecimiento de un primer control en la garita de Potrerillos (principalmente para verificar los sellos y el certificado de despacho); el material se pesa en romana automática; y extracción de muestras aleatorias, para verificar la calidad requerida.

Reacciones

El presidente de la Comisión Investigadora, diputado Lautaro Carmona (PC), estimó que el testimonio recibido ayer de parte de los ejecutivos de la División El Salvador profundizan la línea de trabajo de la instancia, en orden a precisar que cuando una empresa del Estado externaliza parte de sus funciones, no tareas accesorias, sino labores vinculadas directamente a la producción como es en este caso la fundición de concentrado de cobre, tiene la obligación de reforzar y prever al máximo los posibles escenarios para que esa empresa cumpla con los requerimientos del contrato.

“Todo indica que eso fue débil, que eso colapsó al punto que, existiendo sistemas de control de parte de Codelco, no fueron suficientes para impedir que se consumara un robo de concentrado que no es menor”, enfatizó.

Estimó que este análisis da cuenta de la necesidad de mejorar los mecanismos de control para evitar abusos o ilícitos de parte de las empresas contratadas por las compañías estatales y abre la pregunta de hasta dónde se ahorra el país con la tercerización de funciones, en vez de internalizar e incorporar al trabajo normal de la empresa pública dichas labores directamente vinculadas a la producción.

Para la diputada Yasna Provoste (DC), la exposición de ayer permitió esclarecer algunos puntos específicos de la investigación, como por ejemplo, que La Escondida tenía un inspector propio en la planta, que no sólo debía verificar el peso de los camiones, sino también la calidad del material recepcionado.

Además, resaltó, se pudo tener certeza respecto del contrato establecido entre Codelco y Escondida y sobre la responsabilidad final de la carga transportada. “En algún momento se señaló que el contrato de la empresa de transporte era de Codelco y hoy la estatal ha despejado esa duda y señalado que era entre La Escondida y la empresa de transporte. Codelco compraba el mineral puesto en la División”, recalcó.

La legisladora estimó que aún quedan varias dudas por resolver, como identificar con claridad quienes estaban detrás de la organización que defraudó a Codelco y determinar desde cuándo se produjo el ilícito. “Todavía no es posible señalarlo, es parte de la audiencia reservada. Nosotros no queremos entorpecer la investigación del Ministerio Público, pero queremos llegar a identificar desde cuándo estaban ocurriendo estos ilícitos. Hasta el momento hay información detallada de 2013, pero también hay una investigación sobre los contratos en 2012”, comentó.

El diputado Renzo Trisotti (UDI) indicó que en la sesión de ayer la Comisión pudo conocer de parte del gerente general de la División El Salvador y sus ejecutivos el cronograma de la compañía y una serie de elementos técnicos y protocolos internos que sirven para ir ilustrando de mejor manera cómo se llevan a cabo los procedimientos de control y sus respectivos responsables.

El parlamentario cuestionó la forma en la cual se efectúan algunos de los elementos de control, por ejemplo la identificación de la ruta seguida por los camiones a través de un sistema de GPS, que es supervisado por Codelco, pero que es operado por una empresa externa.

Planteó que un elemento que cuesta determinar es que en este ilícito hubo camiones enteros, con muchas toneladas de mineral, que se presentaban en Codelco como si fueran cargas de concentrado de alta ley, por el cual se pagaba a La Escondida, que, finalmente, resultaba ser material de muy baja ley.

Cabe mencionar que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó una extensión de las indagatorias en 90 días, con lo cual la Comisión se ve posibilitada de concluir su trabajo en el mes de noviembre de este año.

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