El presidente del Consejo Minero asegura que “la Convención no ha aprobado ninguna norma que incentive la inversión y la actividad económica”.

Si bien el proyecto de royalty minero en el Congreso despertó la preocupación del sector y luego ésta se fue atenuando durante su paso en el Senado, el foco se instaló en las últimas dos semanas en las votaciones de la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.

Esto, luego de que avanzaran normas como la anulación de concesiones en tierras indígenas, la nacionalización del cobre y derribar el actual Código de Aguas y derechos concedidos desde 1981.

Para el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, las propuestas que se están haciendo “adolecen de algunas falencias que son graves”. “Falta información, se desconocen sentencias judiciales, así como tratados internacionales que estaban explícitamente señalados en la reforma constitucional que dio origen a este proceso que no debían tocarse”, agrega.

El dirigente enfatiza que esto tiene un impacto “en tiempo real”. Y advierte: “La Convención Constituyente no está aprobando ninguna norma que incentive la actividad económica en el país”.

Freeport puso en pausa hace meses decisiones de inversión importantes. ¿Se puede dar que otras firmas ahora reaccionen por estas recientes aprobaciones?

Pone una presión adicional al análisis que hacen a la hora de desarrollar sus inversiones. La minería es una actividad permanente, no parará al menos por ahora en su estatus actual a menos que surgiera alguna condición que la haga absolutamente inviable. Las señales que se les está dando a todos los inversionistas es que no los quieren mucho. Y eso hace lógica y naturalmente que las compañías piensen bien si seguir invirtiendo o no.

No han querido hacer pública ninguna decisión porque probablemente no la han tomado. Hasta ahora no hay decisiones explícitas salvo la que ha mencionado en esa línea, pero hay que ser sensato y de nuevo apelo al sentido común. Bajo estas condiciones yo no veo algún incentivo para invertir en minería en Chile.

Por ende, los inversionistas probablemente puedan decidir paralizar todo.

Esa conclusión la puede sacar usted, pero diría que la Convención Constituyente no ha aprobado ninguna norma que incentive la inversión y la actividad económica en el país.

¿Cuál es la lectura de las empresas?

Hay preocupación. Lo que está ocurriendo no es menor y también hay una esperanza.Ésta es que en el plenario de la Convención prime un sentido de realidad que lleve a que no se aprueben normas que significan generar un problema mayor en el desarrollo de todas las actividades económicas del país.

¿Están pensando alguna estrategia en este escenario?

Hay que ser muy respetuoso de la independencia de los constituyentes y utilizar los canales que han creado. Hemos hecho eso y nos asiste el profundo convencimiento de que esto se puede solucionar conversando, con buena información y sobre todo buena voluntad.

Probablemente, uno de los problemas de este país, que tiene su génesis en el estallido social y que gatilló este proceso constitucional, fue una serie de dolores mal resueltos. Lo que uno debiera pedir a los constituyentes es que tuvieran la generosidad para olvidar ciertos dolores y construir de una manera distinta. Ese es el gran llamado a los constituyentes, un momento de generosidad y no de reivindicación.

¿En qué medida podrían impactar las directrices del nuevo gobierno con el trabajo de la Convención?

Entiendo que son muy respetuosos de la labor independiente que realizan los miembros de la Convención, pero tienen brazos comunicantes. El nuevo gobierno buscará que la convención sea su aliado, y eso significa que le permita generar una actividad económica que provea los recursos para las demandas sociales que van a quedar consagradas como derechos sociales.

Nuevo gobierno “tendrá que señalar si quiere más minería”

“El (nuevo) gobierno tiene o debería marcar en su agenda algunos lineamientos importantes respecto al desarrollo de la minería. Tendrá que señalar si quiere más minería, si quiere más inversión”, advierte Villarino.

En esto, puntualiza que no se puede permanecer en un eterno debate y que es muy importante que se resuelva en el primer semestre o los primeros meses del año el tema del royalty minero. Y otras cuestiones puntuales como la licitación del litio. “Esas son señales bien potentes para el mercado minero en general y es importante que dé algunas señales de qué tipo de minería quiere porque el gobierno va a jugar algún tipo de bisagra con la Convención Constituyente”, estima.

Sobre el proyecto de royalty, comenta que han escuchado que el nuevo gobierno entiende que tiene que haber un texto más sensato que el de la Cámara de Diputados, que tiene que estar resuelto relativamente rápido, y que se involucrarán de alguna manera. Tres aspectos que -según califica- son “buenas noticias”.

Consultado por la licitación del litio, indica que la cantidad que se estaba concesionando es mínima comparado con las reservas y que no producía un perjuicio para una eventual empresa pública: “No hay ninguna razón más que ideológica para paralizarlo, una especie de gallito sin mucho sentido”. Si bien apuesta por un mecanismo de conversación más que recursos judiciales y otras acciones, reconoce que en eso fracasaron ambas partes y que se debió haber puesto un mejor esfuerzo con una mayor visión de país. “No sé qué va a hacer el nuevo gobierno, pero solo invitaría a no perder tiempo”, sentencia.