Sostiene que el royalty tiene un gran efecto en la minería, sobre todo porque se suma a muchas otras iniciativas que les están afectando, como el proyecto de 40 horas.

En un festival de cálculos se convirtió el debate del royalty minero. Esto, a juicio de Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), impide evaluar en perspectiva el impacto del proyecto que, a su entender, afecta las inversiones, implicará menor producción y, a la postre, mermará la recaudación provocando el efecto contrario al que se buscaba.

“Tenemos números, pero desgraciadamente todos tienen números y son números distintos. Muchas veces, definir cuánto afecta depende de los supuestos que uno tome: de costos, de qué es lo que va a gravar, qué porcentaje de retiro de utilidad, etcétera. Entre los que sobreestiman y los que subestiman tenemos una diferencia de diez puntos de carga tributaria”, detalló el dirigente empresarial.

“Estamos hablando de casi duplicar las contribuciones para empresas de gran tamaño, pero no vemos al Estado comprometido en incentivar inversiones”.

-¿Se enredó el debate?

-Queremos que el Poder Legislativo conozca a cabalidad cuál es el efecto que va a tener la legislación que se le está solicitando aprobar. Y hoy día tengo la impresión de que no hay absoluta claridad de cuál es el impacto, cuál es el efecto que tiene la legislación que se está proponiendo. Y no sabemos cuál es el impacto a nivel agregado, es decir, sumado a los impuestos totales. Y ahí se corre el riesgo de dejar a Chile fuera del mercado de posibles países elegibles para realizar inversiones.

-Habla del impacto agregado. ¿Qué otros efectos hay que considerar?

-Estamos enfrentando constantemente aumentos de costos por otras razones. Menciono dos cosas no más: el tema de la reducción de jornada de 40 semanales, que para sistemas excepcionales (de turnos) como los que utilizan las mineras implica un 11% de mayor costo de mano de obra.

Y estamos preocupados por una normativa que está saliendo de la Dirección General de Aguas, que obliga a hacer ciertos estudios geológicos a las empresas que usan agua allá en las labores mineras, que tradicionalmente les habían pertenecido por el solo ministerio de la ley al explotador minero, al titular de las concesiones.

Costos como esos se van agregando todo el tiempo. Enfrentamos ahora una situación que es difícil para la evaluación de la de las futuras inversiones y que sigue amenazando los márgenes de las empresas.

-¿Qué consecuencias prevé?

-Eso puede desincentivar futuras inversiones. Estamos preocupados porque se ha puesto mucho énfasis en este incremento de las tasas de contribución, estamos hablando de casi duplicar las contribuciones para empresas de gran tamaño, pero no vemos al Estado comprometido en incentivar inversiones, en aumentar producción y que, por esa vía, recaudar más.

De hecho, está ocurriendo justamente lo contrario, la producción está cayendo. A septiembre tenemos una baja de 6,7% y podríamos tener la mayor caída de producción en 18 años.

-¿Cuál es la situación para las inversiones?

-No vemos que se vaya a materializar esta cartera de inversiones por US$ 69.000 millones que tiene el país para los próximos años (al 2030).

Al contrario. La Corporación de Bienes de Capital ve una disminución de la inversión minera de 7,5% este año y de 39,8% el año 2023. Hay US$ 2.400 millones que se van a ir a otro lado, proyectos que no hay interés en financiarlos, que son producciones perdidas y empleos que no van a estar.

-¿Por qué?

-Tenemos condiciones naturales que lo explican, como yacimientos más complejos de explotar, con leyes más bajas, más material estéril por cobre contenido, mayores distancias en las faenas, entre otros factores.

-¿Qué acciones permitirían despejar el escenario?

-Hay temas técnicos en que podríamos avanzar, por ejemplo, en la mediana minería se podría simplificar la tramitación ambiental para las ampliaciones. Por eso hay que despejar las incertidumbres, el tema constitucional es un flanco de incertidumbre y no hay este año un acuerdo definitivo; obviamente el tema tributario es otra fuente de incertidumbre, con el royalty incluido.

Litio: “No es necesaria una empresa nueva”

-¿Qué opina de la creación de la Empresa Nacional del Litio?

-Primero, es bien discutible que el litio no sea concesible. Las razones por las cuales se estimó que no lo fuera, que era estratégico porque se podía usar en la industria nuclear, merecen una revisión. No hay razones estratégicas ni de seguridad nacional para que no sea concesible.

A mi entender, los privados están habilitados para explotarlo y una política nacional del litio debe considerar acuerdos con el Estado para extraerlo. Y si se decide que sea el Estado, bueno, que lo haga la Empresa Nacional de Minería. Enami tiene la capacidad técnica, hace exploración, sólo falta la decisión política. No es necesario hacer una empresa nueva, para eso está Enami.

¿Cómo se proyecta el precio del cobre?

-En términos de demanda, vemos que China tendrá menos crecimiento debido al impacto de su política de Covid 0 y el alto endeudamiento de sus empresas. No debemos olvidar que China concentra el 55% del consumo de cobre del mundo.

-¿Qué tendencias ve en cuanto a la oferta?

-En términos de oferta, para el próximo año proyectamos un mercado del cobre superavitario debido, precisamente, al importante ingreso de proyectos mineros que estaban retrasados debido, entre otros, aspectos a la pandemia. La mayor oferta provendrá precisamente de Latinoamérica, me refiero particularmente a Chile y Perú.
Por tanto, el precio del cobre se situaría en un rango entre US$ 3,3 y US$ 3,5 en 2023.