Este miércoles a las 8 de la mañana seis ministros deben pronunciarse sobre el proyecto minero por US$ 2.500 millones. En agosto de 2017, el rechazo a la iniciativa del comité de ministros del gobierno de Michelle Bachelet terminó con la salida del equipo económico. La decisión de mañana tiene otro condimento: el propio presidente Gabriel Boric manifestó su posición el día en que resultó electo. “No a Dominga”, exclamó en su primer discurso.

El proyecto minero portuario Dominga cumple este año diez años de tramitación, un aniversario en el que podría definirse su futuro. La iniciativa, que ingresó al entonces Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 13 de septiembre de 2013, vivirá mañana miércoles una jornada clave.

Este lunes, el Servicio de Evaluación Ambiental comunicó formalmente la convocatoria a la primera reunión del Comité de Ministros del 2023 para las 8:00 horas de este miércoles 18 de enero, cuya tabla incluye la resolución sobre 26 reclamaciones relacionadas al proyecto ubicado en la comuna de La Higuera (Región de Coquimbo), de la empresa Andes Iron, vinculada al empresario Carlos Alberto Délano y que implica una inversión de cerca de US$2.500 millones. La convocatoria fue informada por Valentina Durán, Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El comité, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrada por los ministros de Economía, Nicolás Grau; Salud, Ximena Aguilera; Agricultura, Esteban Valenzuela; Energía, Diego Pardow; y Minería, Marcela Hernando, también decidirán el futuro de la Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón, ubicado en la Región de la Araucanía.

Así, el comité de ministros volverá a pronunciarse sobre la misma iniciativa cinco años y cinco meses después de su primer pronunciamiento, pero con otros integrantes. En agosto de 2017, el comité de ministros de la segunda administración de Michelle Bachelet rechazó el proyecto con un importante costo político. No sólo por la votación dividida: en contra del proyecto se pronunciaron Salud, Agricultura y Medio Ambiente (este último ministerio estaba a la cabeza de Marcelo Mena) y a favor Minería y Energía; sino por la abstención del entonces Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien protestó porque la citación a la sesión que resolvería el futuro del proyecto fue citada un viernes para decidirla el lunes siguiente. Céspedes pidió 72 horas de extensión para una revisión más profunda y fundada.

La respuesta de Mena no se dejó esperar. El exministro de Medio Ambiente comentó que no era posible posponer la votación, pues “de no fallar el mismo día, la empresa probablemente solicitaría inmediatamente el silencio administrativo”, indicó Mena. Ante esto, Céspedes contestó que, debido a la negativa de su solicitud, se retiraba sin emitir su voto.

A raíz de este episodio, Luis Felipe Céspedes y el entonces Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, además del subsecretario Alejandro Micco, los principales lideres del equipo económico de Bachelet, renunciaron a sus cargos.

Desde esa fecha, el caso no ha vuelto al análisis de esa instancia política, hasta ahora. Durante todo el gobierno de Sebastián Piñera el proyecto no fue analizado por el Comité de Ministros, aduciendo que aún restaban pronunciamientos judiciales que resolver.

La decisión de 2017 fue judicializada y en 2018 el primer tribunal ambiental de Antofagasta falló a favor de Dominga y ordenó retrotraer la revisión del proyecto, tras considerar que la decisión del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo que rechazaron el proyecto no se ajustaron a derecho. La judicialización terminó en mayo de 2022, cuando la Corte Suprema evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y ordenó al Comité de Ministros pronunciarse sobre el proyecto de Andes Iron, lo que sucederá mañana.

La decisión ya esta teñida de polémica. Por ejemplo, la participación de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha sido cuestionada por los sindicatos de pescadores de La Higuera, representados por el abogado Marcelo Castillo, quienes están a favor del proyecto y afirman que Rojas manifestó su abierta oposición al proyecto antes de su cargo actual y durante la campaña del actual Presidente Gabriel Boric. Maisa Rojas planteó este domingo su pretensión de reformar la institucionalidad ambiental y reformar el rol del comité de Ministros en este tipo de decisiones. “La institucionalidad ambiental que tenemos fue diseñada de una manera que tiene un ente técnico, que es el SEA, pero tiene también una parte política que es el Comité de Ministros y las Coeva. Yo creo que la parte política no le da valor a la protección medioambiental”, dijo a Pulso.

Peor aún, la decisión de los ministros difícilmente, creen los observadores de este caso, vaya en contra de la posición del propio Presidente, quien ya manifestó opinión el día que ganó las elecciones a José Antonio Kast, el 19 de diciembre de 2021. “El cambio climático, la crisis climática, no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones (…) No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: no a Dominga”, dijo la noche del triunfo electoral.

Los ministros deberán pronunciarse sobre 26 reclamaciones y algunos pronunciamientos públicos de organismos de gobierno no son auspiciosos para el proyecto de Andes Iron. En diciembre pasado, el Ministerio del Medio Ambiente a través del subsecretario, Maximiliano Proaño, amigo personal del Presidente, envió un informe contrario a la iniciativa.

En agosto, otro organismo estatal, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, cambió su opinión previa y aunque advirtió que no tenía competencias sobre el proyecto, igualmente enumeró sus reparos.