Mientras SQM promueve su plan Salar Futuro para buscar ser «agua neutral», la estadunidense difundió su proyecto de extracción directa. La minera Salar Blanco pretende convertirse en el tercer actor de la industria con su proyecto en el Salar de Maricunga.

Una verdadera cumbre del litio se desarrolló este miércoles en el Senado. El seminario “Políticas de Desarrollo del Litio”, organizado por la comisión de Minería del Senado convocó a los protagonistas de una industria que vive días cruciales, y que también se mantiene expectante a la espera de los anuncios de la nueva política nacional del litio. Todo, cuando el gobierno completó ya más de un año de trabajo para elaborar la anunciada nueva política, excediendo los propios plazos fijados para fines de 2022. El evento reunió a autoridades y representantes de las comunidades indígenas, expertos, académicos, pero la atención estuvo centrada en cuatro actores claves de la industria: Albemarle, SQM, Codelco y la minera Salar Blanco.

Las dos primeras son, al día de hoy, las únicas productoras locales de litio. Y las otras dos tienen pertenencias en el Salar Maricunga, el segundo con mayor concentración del mineral después del salar de Atacama, pero hasta ahora no han desarrollado proyectos productivos.

El primero en tomar la palabra desde la industria fue Ignacio Mehech, vicepresidente de Asuntos Externos y Country Manager de Albemarle. Para el ejecutivo, no hay dudas sobre el potencial para el desarrollo del país que significa la explotación de la principal reserva de litio en el mundo. Sin embargo, la mayor explotación, dijo, no puede ser bajo los parámetros actuales de producción, donde la evaporación del agua de las salmueras es el único método utilizado.

“La joya de la corona del litio en Chile es el salar de Atacama, puede aumentarse la producción pero no puede hacerse de cualquier forma, tienen que implementarse nuevas tecnologías, trayendo nuevas fuentes de agua a la cuenca del salar y que permitan implementar esas nuevas tecnologías, con energías renovables para no aumentar nuestra propia huella de carbono”, dijo Mehech.

En esa línea, el ejecutivo recordó el convenio que firmaron con Cramsa, a fines del año pasado, que cuenta con un proyecto de agua desalada multipropósito. “Eso nos va permitir llevar, si se suman otros actores, hasta 500 l/s de agua desalada de mar a la cuenca de Atacama e implementar estas nuevas tecnologías de extracción directa”, agregó.

Dicho método, reconoció, tiene sus propios desafíos. “No se puede esconder la intensidad en el consumo de energía, en el consumo de agua fresca, e incluso algunas tecnologías ocupan químicos mucho mayores, pero estamos trabajando hace años para generar las condiciones como empresa para permitirnos utilizar estas tecnologías”, afirmó Mehech.

Agregó que también se debe trabajar y resolver cómo se reinyectan las salmueras. “Nosotros ya estamos generando los estudios, tanto conceptuales como en terreno, para poder asegurarnos que esa reinyección es posible y es sostenible ambientalmente también, para poder seguir creciendo en Chile”, sostuvo.

Sin embargo, a la hora de dar luces sobre la discusión de política, el representante de Albemarle no ahondó en la visión de la compañía.

SQM: proceso de “agua neutral”

Quien sí lo hizo fue José Miguel Berguño, vicepresidente de Servicios Corporativos. El ejecutivo de la compañía chilena remarcó en los resultados que está dando la renegociación del contrato de arrendamiento, realizada en 2018, bajo la conducción de Eduardo Bitran en Corfo.

“Esta alianza público privada ha permitido maximizar la generación de ingresos. Particularmente el 2022, los ingresos para el Estado fueron muy importantes, y en parte importante eso se logra porque logramos triplicar la producción, pasamos de 50 mil toneladas a 150 mil, y en la medida que uno tiene más producción puede aprovechar el boom de precios que se generó en 2022″, comentó Berguño.

En esa línea, remarcó que “la alianza público privada se perfeccionó a fines de 2018 y que sin duda sirve de base, de experiencia y elementos que puedan ser incluidos en una futura evaluaciones de política”

En esa línea, destacó que el modelo mantiene la propiedad del recurso en manos del Estado, “y eso es bien significativo, es muy importante”.

“El contrato de arrendamiento se usa solo para producir, y existe una estructura tarifaria que favorece que el Estado puede recaudar una cantidad de recursos, sin tomar los riesgos que implican las inversiones asociadas”, agregó.

Berguño también sacó a relucir los aportes de SQM a las arcas fiscales, señalando que de los US$5.000 que pagó la compañía en impuestos y aportes -“un número que a nosotros nos llena de orgullo”, afirmó- cerca de un tercio se deben al aumento de producción.

“El 2018, cuando se generó esta política público privada, en la modificación (del contrato) se generaron los incentivos para invertir; invertimos e hicimos crecer la producción, y por lo tanto, un poco más de US$2.000 millones obedecen a la respuesta que el Estado recibe cuando nosotros vamos comprometiendo un aumento de producción”, comentó.

El ejecutivo afirmó que las inversiones que se promuevan deben profundizar el modelo de sostenibilidad. Berguño dijo que SQM invierte US$ 40 millones en investigación y describió Salar Futuro, un proyecto de desarrollo que implica inversiones por US$ 1.500 millones, “de manera que al 2030 podamos tener un proceso agua neutral”. La empresa tiene autorizado un consumo de 1.700 litros por segundo, pero Berguño afirmó que ya han bajado un 25% su consumo.

Un proyecto fuera del Salar de Atacama

Por su parte, Cristobal García Huidobro, gerente general de Minera Salar Blanco, abogó por desarrollar alianzas público privadas bajo un modelo mixto, ya que dependen finalmente de quién es el dueño de las pertenencias mineras y de sus ubicaciones en los salares.

“El camino lógicamente son alianzas público privadas, ahora el cómo son esas alianzas es clave, ya que cada caso puede ser muy distintos”, dijo. El ejecutivo remarcó que su proyecto en el salar de Maricunga, “el más avanzado en Chile fuera del salar de Atacama”, lleva 7 años de desarrollo “y esperamos poder iniciar su construcción al final de este año”. También destacó que en su caso, la iniciativa ha sido desarrollada “desde el día uno con la comunidades indígenas”, ya que su Resolución de Calificación Ambiental ya completó el proceso de consulta indígena, bajo el convenio 169.

“Realmente esperamos que este proyecto se transforme en el tercer actor de litio después de 35 años en el país”, remarcó.

Sobre las futuras definiciones de política, indicó que “el valor de la oportunidad es fundamental, y lo hemos conversado con la ministra, para que la política nacional del litio recoja este valor de la oportunidad.