El máximo tribunal acogió un recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y 317 personas afectadas por contaminación, en junio de 2022.

La Corte Suprema ordenó al Ministerio del Medio Ambiente designar, al menos, a dos funcionarios con dedicación exclusiva para la fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas dispuestas para evitar la contaminación atmosférica en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Estos funcionarios, según el máximo tribunal, “deberán permanecer en el lugar de su cometido”.

Las medidas —que se suman a otras que ya dictó la Corte Suprema con el mismo propósito y que modifican el actual Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigente para esas comunas desde 2019— fueron dispuestas al acoger un recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y 317 personas afectadas en junio de 2022, por episodios de contaminación ambiental.

La resolución también dispone que la Superintendencia del Medio Ambiente, en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Subsecretaría del Medio Ambiente y las autoridades pertinentes, “deberán atender los requerimientos y denuncias de la población afectada con prontitud, proactividad y eficiencia, evitando dilaciones”.

Además previene que “la Corte de Apelaciones de Valparaíso tendrá presente que goza de facultades amplias para hacer cumplir lo resuelto y cualquier otra diligencia tendiente a la efectiva verificación de aquello ordenado hacer o no hacer a través de una decisión firme”.

En la resolución también se establece que no se ha dado cumplimiento cabal a diversas medidas que ya dispuso en un fallo dictado el 2018 para corregir deficiencias. “Los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví continúan expuestos a contaminantes, cuestión que ha quedado manifiestamente en evidencia con ocasión de los hechos denunciados en los recursos de autos, ocurridos en junio de 2022”, argumenta. Agrega que tales episodios “vulneran la garantía constitucional de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la protección de la salud y la vida de los habitantes de las comunas”.

El Ministerio del Medio Ambiente reaccionó destacando que “somos respetuosos de la institucionalidad de nuestro país y nuestro deber ahora es acatar y cumplir con el fallo de la Corte Suprema, lo que incluye la destinación exclusiva de dos funcionarios para abordar la problemática de la zona”.

La comunicación asegura que “hemos puesto nuestros esfuerzos en mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví” y sostiene que “parte de esto permitió el próximo cierre de la Fundición de Codelco Ventanas, y la creación de una Oficina de Transición Socioecológica Justa en el ministerio, que cuenta con funcionarios dedicados a abordar los problemas de zonas impactadas por la contaminación, como sucede con Concón, Quintero y Puchuncaví”.