Trabajadores reclaman que el plan original consideraba la detención de la planta en 2025.

La Corte de Apelaciones de Copiapó admitió a trámite un recurso presentado por el Sindicato de Trabajadores N° 1 Fundición Hernán Videla Lira y el Sindicato N° 2 de Trabajadores de la Empresa Nacional de Minería, con el que buscan impedir el cese de la operación de la fundición en Paipote, programado para el mes de abril de este año.

En el documento, los trabajadores aseguran que hasta fines del año 2023, lo que había sido informado por la administración de la estatal era que el proceso de cierre de la fundición se concretaría a inicios del año 2025, una vez que se obtuvieran los permisos ambientales necesarios para la construcción de las nuevas instalaciones, además de las fuentes de financiamiento requeridas.

“Los trabajadores y trabajadoras de la Fundición tenían la legítima expectativa —generada por la confianza depositada en la Enami y su directorio— que el proceso de modernización y cierre de la FHVL comenzaría, a lo menos, en un año más, todo ello, en el evento de aprobarse los permisos ambientales y plan de modernización de la FHVL por las autoridades competentes. Luego, los trabajadores tenían la confianza legítima que su situación jurídica no se vería alterada o modificada sino hasta el año 2025”, se detalla en el escrito.

Asimismo, los sindicatos cuestionan las condiciones del plan de egreso ofrecido por la compañía, enfocado en hombres mayores de 60 años y mujeres trabajadoras mayores de 55 años, el que, a su juicio, no está pensando ni diseñado para los trabajadores de la FHVL y su cierre anticipado por razones económicas.

Evaluación ambiental

En paralelo, avanza en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la tramitación del proyecto de modernización, valorado en más de US$ 1.300 millones, iniciativa que ya ha recibido comentarios de algunos servicios.

Es el caso de la seremía del Medio Ambiente de la Región de Atacama, la que solicitó una serie de antecedentes en torno a la iniciativa, por ejemplo, respecto del funcionamiento diario en el proceso de fundición, que estipula un procesamiento de 850 mil toneladas por año.

En el documento de once carillas se piden una serie de antecedentes relacionados con el transporte de camiones y las emisiones asociadas al proceso de construcción. Otro de los servicios que también se ha pronunciado es el Consejo de Monumentos, el cual pidió mayores datos sobre el componente arqueológico asociado a la iniciativa.