La gestora espera recibir las ofertas indicativas el 30 de noviembre. El precio mínimo fijado por los acreedores de María Elena Solar S.A., empresa de energía renovable que cayó en quiebra, es de US$ 60 millones.

Octubre de 2020. Juan Carlos Jobet, entonces ministro de Energía, llegó hasta la Región de Tarapacá para inaugurar el mayor parque fotovoltaico del país, llamado Granja Solar, un activo de la empresa María Elena Solar.

Dos años después, ese parque solar está a la venta. Su dueño, la empresa María Elena Solar, fue declarado en quiebra el 4 de abril, cuando el 23° Juzgado Civil de Santiago resolvió la liquidación concursal de la compañía, la primera en declarar su incapacidad de cumplir con sus obligaciones en la cadena de pagos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En mayo, la junta de acreedores acordó la venta de los bienes y activos del parque solar como unidad económica.

El proceso requirió que tanto la Comisión Nacional de Energía (CNE) como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) revisaran las bases de enajenación, en las que se terminaron excluyendo expresamente los pasivos de la empresa deudora y los contratos de suministro de energía, entre otros, según consta en un oficio emitido por el regulador eléctrico el 17 de octubre.

La exclusión del contrato de suministro, denominado PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés), y la liquidación únicamente de los activos es vista en el mercado como una innovación. “Esta vez la autoridad regulatoria permite que se venda el activo sin asociarlo a una unidad económica con su PPA. Es decir se está separando el activo de su PPA. Esto puede sentar precedentes importantes para la industria en el futuro”, comenta un conocedor del proceso.

Granja Solar, que abastece con energía limpia al SEN, fue el que ofertó el precio más bajo en la licitación de suministro para clientes regulados de 2016, con US$29,1 por MWh, adjudicándose la inyección de 280 GWh anuales, a partir de 2021.

El principal activo de la empresa es también el parque fotovoltaico más grande del país. Ubicado en la Región de Tarapacá, comuna de Pozo Almonte, consta de 332 mil paneles solares, con una capacidad instalada de 195 MW.

El parque opera además sobre un terreno entregado mediante una concesión de Bienes Nacionales en 2018, por un plazo de 30 años, a la altura del kilómetro 1.700 de la Ruta 5. Según la adjudicación del contrato, el encargado de operar la unidad de generación solar debe pagar una renta concesional de 2.273 UF, equivalente a casi $83 millones.

El principal acreedor de María Elena Solar es el banco alemán KfW, que entregó una inversión aproximada de US$114 millones para el financiamiento del proyecto. La entidad financiera es el principal acreedor de María Elena Solar, reclamando el pago de $ 62.158 millones, el 92% del total.

Venta

El proceso de venta del principal activo de María Elena Solar comenzó en julio. El 25 de ese mes, se envió un borrador de la base de licitación como unidad económica a la SEC y CEN. El proceso fue encargado a Asset Chile, que ya para entonces había comenzado a enviar los acuerdos de confidencialidad a los interesados que habían sido contactados, enviando los antecedentes y el modelo financiero referencial, según consta en el acta de la junta de acreedores.

El 22 de agosto, el liquidador informó que a esa fecha ya se habían formulado invitaciones a 140 potenciales interesados, de los cuales “al menos 40 confirmaron interés”.

Las actas de las juntas de acreedores proveen más detalles. El 24 de octubre, el asesor financiero del proceso informó que el plazo para recibir las ofertas indicativas se estableció hasta el 30 de noviembre. El precio mínimo fijado por los acreedores es de US$ 60 millones.

De acuerdo con las bases de venta, aprobadas por las autoridades del sector, los participantes seleccionados que hayan realizado las ofertas indicativas más convenientes serán invitados a la segunda fase del proceso y deberán entregar dentro de los primeros 10 días hábiles tras el aviso correspondiente, una boleta de garantía por US$5 millones, destinadas a garantizar la suscripción del contrato de compraventa.