MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y EMPLEO PÚBLICO

Agenda gubernamental apunta a que sector público sea facilitador y articulador del desarrollo y provea buenos servicios y bienes.

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En el marco del programa de gobierno, el Estado está emprendiendo una serie de nuevos y crecientes desafíos para avanzar hacia mayores niveles de equidad, oportunidades y bienestar para todos los chilenos y chilenas. Entre ellos, la reforma a la educación, tributaria, pensiones, salud, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

Si bien en esta materia Chile exhibe logros relevantes, se requiere apurar el paso. Con un gasto promedio que no supera el 23% del PIB y una fuerza laboral en torno al 9% del total, el Estado chileno es eficiente en relación a su tamaño. En indicadores como transparencia, efectividad del gobierno, calidad y solidez de sus instituciones, entre otros, exhibe el mejor desempeño de la región y supera el promedio de los países OCDE.

Por ello, la agenda gubernamental de modernización del Estado busca generar condiciones para que el sector público sea un facilitador y articulador del desarrollo y provea bienes y servicios en tiempo oportuno y de calidad. Propone para ello, una nueva institucionalidad para evaluar el diseño e implementación de las políticas públicas, un Nuevo Trato para el Empleo Público, el perfeccionamiento del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), una agenda digital para la globalización, la profundización de la probidad y la transparencia, el mejoramiento de los gobiernos corporativos de las empresas públicas y una institucionalidad confiable y de alto estándar técnico para las estadísticas públicas.

Claramente, la ley del Nuevo Trato Laboral -que en 2003 creó el Servicio Civil y la ADP- fue un buen punto de partida, que hoy, ante mayores demandas y una gestión pública más compleja, debe ser perfeccionada y complementada con nuevos diseños institucionales para el empleo público, de manera que los funcionarios, junto con trabajar en condiciones dignas, se identifiquen cada vez más con una gestión de calidad, la administración eficiente de los recursos y la innovación permanente.

Se requiere abordar aspectos no resueltos, como vías de institucionalización de mecanismos de negociación colectiva, asegurando la continuidad del servicio; la introducción y fijación de esquemas que ofrezcan mayor estabilidad a los cargos a contrata y a aquellos trabajadores a honorarios que puedan estar desempeñando funciones permanentes. Un empleo decente debe permitir, también, el retiro en condiciones dignas para aquellos trabajadores de mayor edad. Mientras que los planes de capacitación deben ser articuladores de mejores resultados del desempeño. Esa es la razón por la que estos y otros temas se están discutiendo en una mesa de trabajo entre la ANEF, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en la que participa el Servicio Civil.

Paralelamente, el Servicio Civil, bajo los lineamientos del Ministerio de Hacienda, está trabajando para implementar políticas de gestión de personas para atraer, en base al mérito, al mejor talento a la función pública. Para desarrollar acciones que permitan la gestión adecuada del desempeño, retroalimentación, desarrollo, formación y movilidad de los funcionarios y la promoción de prácticas laborales que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Un servicio civil, en que la función pública se sustente en el buen trato, la excelencia, el compromiso, la probidad y la transparencia.

En materia de ADP, en tanto, donde el diagnóstico es compartido, es tiempo que todos los actores políticos pongamos de nuestra parte para robustecer y perfeccionar una de las fortalezas institucionales de Chile, de tal forma que este sistema -luego de diez años de funcionamiento- avance más allá del reclutamiento y la selección e integre un efectivo acompañamiento y desarrollo directivo.

Las prioridades en este ámbito son: evitar que la facultad de desvincular se convierta en un mecanismo de remoción política, lo que conlleva perfeccionar los convenios de desempeño que firman los ADP, para que sean una herramienta objetiva de medición y contribuyan a mejorar la gestión. Delimitar mejor el componente técnico del político, especialmente en cargos de II Nivel, donde debería estar presente más el mérito que la confianza política. Restringir a casos excepcionales el uso de los directivos nombrados de manera transitoria y provisional, pues esta figura afecta la credibilidad del sistema y desincentiva la atracción de talento al servicio público. Por último, la ampliación de la ADP a los servicios del gobierno central hoy excluidos, así como a gobiernos regionales y locales, de manera que la profesionalización permita aportar al proceso de descentralización que Chile debe llevar adelante en los próximos años.

Tal como en la educacional municipal, donde actualmente participa con éxito en el fortalecimiento del sistema público -a través de la selección de 4 mil cargos de directores de escuelas y liceos municipales y de 300 cargos de jefes de Educación-, la experiencia de la ADP en materia de reclutamiento de talento directivo debe seguir estando al servicio no solo de la reforma educacional, sino del Estado en su conjunto.

Como vemos, los desafíos son de gran envergadura y buscan contar con un Estado moderno que nos permita dar un salto cualitativo y enfrentar los desafíos que nos impone el Chile de hoy. Queremos revalorizar la función pública, lo que implica profundizar su profesionalización, generar buenas y mejores prácticas en desarrollo de personas y avanzar en un nuevo modelo de empleo público que dé sustento a nuestro proyecto de desarrollo.
Por Rodrigo Egaña, director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.

 Fuente/pulso
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