Para las empresas mineras en particular, la aplicación de esta normativa significaría el fin de este sector entre las regiones de Antofagasta y O’Higgins.

El Consejo Minero -que agrupa a las principales empresas del rubro en el país- acudió el pasado jueves a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara para debatir los alcances del proyecto de ley.

El gerente general del gremio, Carlos Urenda, compareció ante la instancia para explicar la postura de la gran minería y en su exposición señaló que no resulta conveniente establecer prohibiciones absolutas sino evaluar caso a caso. Además, sostuvo que no todos los glaciares deben tener igual grado de protección, pues no todos cumplen la misma función.

“Estimamos que no resulta conveniente establecer prohibiciones o restricciones absolutas a la afectación de los glaciares en general. También estimamos inconvenientes e impracticables las obligaciones de carácter retroactivo en materia de glaciares”, planteó en su exposición el ejecutivo del gremio que agrupa a la gran minería.

“Por condiciones geomorfológicas de Chile, la actividad minera y los glaciares se localizan en una franja común”, añadió Urenda.

Además, planteó que sólo existen dos países con legislación de protección directa y general de los glaciares: Argentina y Kirguistán, y no es claro que efectivamente se apliquen.

Un aspecto del proyecto que genera mucha preocupación en el sector minero es la propuesta de auditoría ambiental, ligado al levantamiento de cargos de las empresas. La propuesta que se tramita en el Congreso establece que se levantarán cargos contra los proyectos que tengan declaraciones, estudios de impacto ambiental e incluso contra las operaciones con permisos vigentes.

Este elemento es fuertemente cuestionado. “Estimamos esto inconveniente por su imposibilidad práctica y por afectar retroactivamente proyectos que tenían las autorizaciones necesarias”, agregó Carlos Urenda en su presentación en el Congreso.

Mientras se genera el proceso de sanción, la propuesta legal estipula que las empresas investigadas deberán informar dentro de un plazo de 180 días, prorrogables por otros 90 días, a la autoridad que señale el reglamento. “Mientras no se promulgue el referido reglamento y, por el sólo ministerio de la ley deberán cesar toda actividad prohibida o restringida prevista en la presente ley”, señala el proyecto.

La entidad propuso que la protección de los glaciares quede radicada en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Además, explicó que ve espacio para mejorar normativas en la legislación de medioambiente, en el Código de Aguas y en el sistema de protección de la biodiversidad “que pueden aportar mayor certeza en la protección de glaciares”, agregó.

Recientemente, Anglo American, mina que es socia de Codelco en la mina Los Bronces, solicitó una audiencia a la comisión para explicar los efectos que tendría, a su juicio, que se promulgue la ley en las actuales condiciones.

Impacto en la geotermia

Entre las empresas de geotermia que actualmente efectúan tareas de prospección en el país también se encendió la alarma.

Según la redacción del texto, la actividad geotérmica quedaría prohibida por ley, pues prácticamente la totalidad de los yacimientos hallados están, precisamente, en zonas aledañas a glaciares.

“Nosotros como industria tenemos como principal preocupación, y así lo hemos demostrado, el cuidado y la protección del entorno, principalmente los glaciares”, explica el gerente general de la empresa MRP, Rüdiger Trenkle.

El asunto también es de interés del Gobierno. La Presidenta Bachelet anunció, en su discurso del 21 de mayo, que se legislará para proteger los glaciares, y el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Pablo Badenier, está analizando tres proyectos de ley ligados a los glaciares: uno presentado por el senador Horvath en 2006, otro por el senador Girardi en 2008 y la recientemente moción parlamentaria.

Junto al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, Medio Ambiente se comprometió a convocar a una mesa de trabajo entre actores privado, sector público, académicos, organizaciones ciudadanas y la comunidad, a fin de escuchar todos los puntos de vista. Todo, según ha señalado el ministro Badenier, en términos de aunar diagnósticos comunes y poder propender a tener un proyecto de ley consensuado, “de tal manera que se dé una óptima tramitación legislativa”.