Aidan Davy, presidente adjunto del Consejo Internacional de Minería y Metales, dice que Chile adoptó el convenio en el peor momento, dado el nivel de inversiones en desarrollo.

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No sólo en Chile se conoce el impacto que está teniendo en la industria minera nacional la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Cómo vincularse con los pueblos indígenas es una interrogante que también preocupa a las mineras del mundo y será uno de los temas que tendrá en mente el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) para la elaboración de guías instructivas que orienten a las empresas del sector en relación a la forma para llevar adelante este proceso

Parte de esa labor es lo que está haciendo en Chile el experto en comunidades y presidente adjunto de ICMM, Aidan Davy, quien esta semana estuvo de visita en el país y se reunió con ejecutivos de Codelco y Antofagasta Minerals. Su estadía también incluyó reuniones con el Consejo Minero y la Sonami, para conocer la experiencia de Chile en este tema y participar en un taller que se realizó el jueves y viernes en Apoquindo para analizar con las empresas mineras los conflictos entre las comunidades y las empresas.

Para Davy, la ratificación del Convenio 169 -en septiembre de 2008- tuvo lugar en un mal momento en Chile, pues el país estaba viviendo un escenario muy auspicioso en términos de inversiones, con montos asociados demasiado grandes. Esta situación, asegura el experto, no se dio en los otros 21 países que también han ratificado este compromiso internacional, el que tampoco ha operado de manera óptima en países como Perú y Colombia.

“Esta adopción coincidió con un nivel de inversiones bastante intenso y eso dificulta aún más hacer una implementación correcta. La presión para el gobierno, para hacerlo bien, es muy alta, porque hay muchos proyectos que se pueden ver afectados”, explica Davy.

Agrega que ahora la tarea de mejorar esta aplicación está en manos del Ejecutivo. “Una vez que el gobierno tenga las reglas claras sobre las cuales trabajar, las compañías deben tomarlas con el fin de generar relaciones constructivas con las comunidades”, señala.

Si bien el experto desconoce lo sucedido recientemente con el proyecto El Morro, de GoldCorp, paralizado por orden de la Corte Suprema, por estimar que no todos los pueblos originarios fueron escuchados en su consulta indígena, precisa que sabe que la situación de Chile es complicada, pero aclara que no es distinta de la que vivieron los otros países que han ratificado el convenio de la OIT.

Sin embargo, Davy advierte que en el país el proceso de generar reglas claras por parte de la autoridad ha demorado más tiempo de lo esperado. “El problema no es tanto un tema de cumplimiento, sino que más bien de incertidumbre, en el sentido de cómo se va a operar efectivamente este convenio acá en Chile”, apunta.

Chile está viviendo un escenario complejo por la aplicación del Convenio 169. ¿Usted conoce esta situación?

No soy experto de la situación chilena. He escuchado algo al respecto y pienso que el problema central no se da, principalmente, porque las empresas no estén cumpliendo con sus obligaciones, sino que más bien este escenario es el resultado de la ratificación que hizo Chile del Convenio 169 de la OIT. Este es un proceso que se ha venido dando incluso con la promulgación del Decreto 124 (del entonces Mideplan, hoy MDS, que limita la consulta previa a pueblos indígenas) y luego con el Decreto Supremo 66 (reglamento que norma la forma de hacer la consulta indígena) para aclarar la forma en la cual las empresas deben hacer cumplimiento de sus obligaciones, puesto que este proceso ha generado cierto nivel de incertidumbre tanto a nivel de las empresas como también de las comunidades. Desde la visión de un extraño, veo que aclarar la forma exacta en que el Convenio 169 va a operar en Chile ha tomado mucho más tiempo. El problema, en mi opinión, no es tanto un tema de cumplimiento, sino que más bien de incertidumbre, en el sentido de cómo se va a operar efectivamente este convenio en Chile.

¿El gobierno es el que ha tenido dificultad para explicar el convenio?

Sería incorrecto para mí decir la forma en que esto ha sido implementado por el gobierno de Chile. No quiero ser crítico de nadie. Lo que puedo decir es lo que se ha visto en los otros países donde se ha implementado exitosamente este convenio, y han sido aquellos donde los gobiernos han implementado reglas específicas y muy claras. Estas reglas han sido bien definidas para que ambas partes tengan claridad en cómo generar una relación constructiva y armoniosa.

Mal momento

¿Por qué han logrado ser exitosos en otros países? ¿Qué pasa en Chile que ha costado lograrlo?

Chile no es único país que enfrenta dificultades. Por definición, los pueblos indígenas están representados por personas que viven en situación de vulnerabilidad y marginalizados. Además, son pueblos que no han participado en todo el proceso político del país. Normalmente, estas comunidades se han ido a vivir a zonas remotas y están alejadas de todo proceso de participación política. Al considerar todo esto, cuando después se les pide que sean partícipes en el desarrollo del país, ese proceso se hace más complicado.

¿El gobierno ha cometido errores en la manera de hacer más clara la aplicación de este convenio?

La respuesta es no. Hay que darle mucho crédito al gobierno chileno por lo que han tratado de hacer. Ellos han ratificado la Convención 169 y, además, han tratado de garantizar que los pueblos indígenas sean parte de este proceso de desarrollo y han tratado de que este proceso se lleve a cabo en respeto de los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Ahora, el tema es que al mismo tiempo no existe una gran cantidad de experiencia en la cual basarse para que Chile sepa a quién mirar y tener alguna base para poder hacer esta implementación. Tenemos que pensar que Chile ha sido el país más reciente en ratificar el Convenio 169, y de los 22 países que ya han ratificado son muy pocos los que han implementado normativas legales que hagan posible interpretar el convenio y, además, hacerlo parte de sus propios países.

Entonces, ¿Chile no está viviendo una situación tan crítica como se piensa?

No me malinterpreten. Por supuesto que hay dificultades para implementar el convenio, pero también hay que considerar que no es fácil hacerlo bien. En lugar de decir que el gobierno ha fracasado en una implementación eficaz de este proceso, diría que ha tenido dificultades para hacerlo bien. Se requiere que las reglas estén claras y que haya claridad desde el punto de vista de las obligaciones que deben ser respetadas por el Estado, por los gobiernos y por las comunidades indígenas. Por supuesto que esto genera dificultades si no tenemos claras cuáles son estas responsabilidades en el caso de las obligaciones de las consultas indígenas, por ejemplo. Ahora, tampoco estoy diciendo que Chile está en una buena situación. Está en una situación difícil, pero esas dificultades y situaciones difíciles también las han enfrentado los otros países.

¿Es tarea del gobierno, entonces, cambiar el escenario?

Absolutamente. Una vez que el gobierno tenga las reglas claras sobre las cuales trabajar, las compañías se deben hacer parte de ellas, para poder generar estas relaciones constructivas.

¿A Chile llegó en el peor momento la ratificación del convenio?

Claro. Considerando la cantidad de inversiones que hoy existen en Chile, claro que complica la capacidad de implementar la convención indígena dentro del marco legal existente. La diferencia está en que los países que han regulado el Convenio 169 lo hicieron hace mucho tiempo, a diferencia de Chile. Antes, las inversiones, en general, eran más bajas, por lo tanto, en ese entonces esos países tenían mucho menos presión para hacerlo bien. La adopción en Chile coincidió con un nivel de inversiones bastante intensos y eso dificulta aún más hacer una implementación y, además, la presión para el gobierno de hacerlo bien es mucho más alta, porque hay muchos proyectos que se pueden ver afectados.

¿Cómo se ha solucionado este tema en los otros países?

Es importante tener reglas claras tanto administrativas como también del proceso mismo, de la burocracia. En esos países donde ha funcionado bien, también se da porque las empresas deben tener claro que para que esto salga bien, deben tener una interacción con las comunidades indígenas y no indígenas, un relacionamiento que sea positivo, de manera tal que se requieren estas reglas claras para que las empresas puedan promover estas relaciones.

¿Ve una falencia del sector minero local en relación al acercamiento que tienen las comunidades?

No puedo comentar en base a una experiencia directa que haya tenido, pero lo que sí puedo decir, basándome en la interacción que he tenido con los integrantes del ICMM (Codelco y Antofagasta Minerals, en Chile), es que las empresas tienen una buena comprensión sobre cuál es la problemática y la forma en que deben llevar a cabo las relaciones con las comunidades indígenas. Por lo tanto, yo no puedo decir que haya un déficit de parte de la comprensión que tengan las empresas ni tampoco con los recursos humanos que tengan las empresas para llevar a cabo este proceso. Es todo lo contrario.

Fuente:La Tercera