«Respetamos la autonomía del poder judicial, pero no compartimos el criterio utilizado. La empresa cuenta con todos sus permisos ambientales aprobados y vigentes, por lo que no existe ninguna justificación para exigir una medida tan radical como demoler el tranque, lo que en la práctica significa paralizar el funcionamiento de la mina», dijo.

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Por otra parte, agregó que «el fallo deteriora la institucionalidad ambiental, ya que le quita toda validez y resguardo a los permisos que ésta otorga para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos. No puede haber progreso y desarrollo si no existe la certeza jurídica mínima para operar».

Adicionalmente, el presidente del gremio señaló que «en nuestro país necesitamos avanzar de manera sustentable e igualitaria y para esto se requiere que la institucionalidad sea robusta, independiente y transparente. Cuando un tribunal invalida una decisión técnica, que es potestad de la institucionalidad ambiental, estamos poniendo en jaque su credibilidad y garantías».

Fuente/DF
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