Grupo luksic se blinda Para evitar medida que obligaría a cerrar Mina los Pelambres

A pesar de que ayer se llegó a un acuerdo con las comunidades de Choapa, que destraba una de las dos aristas del caso, la situación judicial que enfrenta Minera Los Pelambres sigue siendo delicada para el grupo Luksic.

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La orden emanada desde el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Vilos que ordenó la demolición del tranque de relaves El Mauro, pone en riesgo la continuidad de la mina, la de mayor producción de Antofagasta Minerals y, tal como lo expresó hace dos días el presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Diego Hernández, también de todos los contratos vigentes con proveedores y colaboradores.

A pesar de que el caso lleva casi siete años, la situación actual forzó al grupo a tomar algunas medidas. La primera de ellas, según trascendió, fue la de relevar el rol de los abogados Nicolás Luco y José María Eyzaguirre García de la Huerta, de Claro & Cia., quienes actúan como asesores legales de Antofagasta Minerals. Ambos ya se habían hecho parte del caso, junto con el equipo legal de la compañía.

Por el lado de Minera Los Pelambres, quien lleva el caso es el jefe del área legal, abogado Renzo Stagno, junto con el vicepresidente de Asuntos Legales de AMSA y presidente del directorio de Minera Los Pelambres, Francisco Veloso.

Apelación

El plazo que tiene la compañía para presentar su apelación al fallo del tribunal de Los Vilos vence este viernes y la compañía ya anunció que iba a recurrir a la sentencia.

La firma buscará que se le autorice un nuevo plan de obras, dada la disconformidad manifestada por la Justicia a la propuesta anterior. Esto es crítico porque para la compañía no es posible demoler el tranque de relaves no sólo por que a AMSA le interesa seguir operando Los Pelambres, cuestión que no podría ocurrir sin esa instalación, sino que por el efecto ambiental y sanitario que se produciría si se da curso a la medida dictada por el Tribunal.

“Demoler la pared del tranque El Mauro, que fue autorizado de acuerdo a nuestra legislación ambiental y cumple todas las normas para su correcta operación, provocaría grandes daños a la comunidad de Caimanes y al medio ambiente”, señaló la empresa en un comunicado el día lunes.

En la otra arista de la pugna judicial, la compañía alcanzó ayer un acuerdo con las comunidades de Salamanca y Choapa, para “abordar de manera conjunta” la problemática de la falta de agua.

El pacto considera la creación de “una alianza público-privada con Minera Los Pelambres para desarrollar el proyecto correspondiente a una planta desalinizadora cuyos usos del recurso hídrico serán definidos por la comisión de trabajo, que reunirá a los actores sociales y productivos de la zona. Utilizando el sistema de concesión, asumiendo Minera Los Pelambres el estudio de este diseño”, señala el documento firmado por las comunidades, el Estado de Chile y la compañía. En este acuerdo macro no se condiciona la construcción de la desalinizadora al proyecto de expansión, que fue lo que originó la molestia de las comunidades.

Fuente/pulso/
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