Documento recoge los lineamientos de la Asociatividad propuesta en la Agenda de Energía. La idea es que constituya estándares exigibles para las licitaciones de electricidad.
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La semana pasada, el Ministerio de Energía puso en consulta pública un documento clave y largamente esperado por la industria eléctrica: la guía de estándares de participación para proyectos de energía, elaborado por la división de Participación y Diálogo Social de esa cartera.
La relevancia de esta guía radica en que a través de este instrumento el Ejecutivo recogió las ideas centrales de la propuesta de Asociatividad, que inicialmente iba a ser una ley pero que se definió cambiarle el enfoque, hacia una especie de “sello de buenas prácticas” para el desarrollo de proyectos de generación y transmisión que los privados quieren levantar en el país.
Si bien no ha sido 100% definido, la idea es que se trate una exigencia por ejemplo en las licitaciones eléctricas para las distribuidoras, representando una especie de certificación de calidad que eleve el puntaje en este tipo de procesos competitivos.
En el documento, al que tuvo acceso PULSO, se señala que estos estándares serán elaborados “para que sean usado por todos los proyectos de energía, independientemente si son de generación o transmisión; si son realizados por los titulares ejecutores o por desarrolladores para su venta posterior; si son proyectos que deben entrar al SEIA o no; y si entran a éste por DIA o EIA”.
Entre sus objetivos centrales, se añade, figura el “asegurar que los proyectos de inversión energéticos que requiere el país se desarrollen en base al ejercicio y respeto de los derechos sociales, ambientales, territoriales, culturales y económicos de personas y comunidades y que aporten al desarrollo de los territorios relacionados con el proyecto”, además de “establecer un marco claro de interacción entre el Estado, las empresas de energía y las comunidades, que nivele las asimetrías existentes, respete los derechos de las partes, identifique el tipo y grado de participación que se requiere en el desarrollo de los proyectos de energía, y asegure la construcción de acuerdos sostenibles entre los distintos actores y comunidades que comparten un territorio”.
Una de las novedades respecto a la forma en que se vienen ejecutando los proyectos por parte de los privados es el rol central que se le asignará al Estado en la etapa previa a la tramitación ambiental.
Así, será obligación del Ejecutivo el promover la correcta implementación del estándar y orientar a los actores involucrados, además de velar por el cumplimiento del plan de participación entregado por el titular y de los acuerdos alcanzados. También tendrá la responsabilidad de pedir la actuación de la Superintendencia del Medio Ambiente en caso que corresponda, centrándose en los compromisos relacionados con el desarrollo local.
El documento añade que el Estado, a través del Ministerio de Energía, deberá “apoyar con orientación técnica a comunidades o grupos de interés que lo soliciten”, además de “promover, de manera selectiva o a razón de la solicitud específica de las partes interesadas, la articulación de actores locales y grupos de interés para la identificación e implementación de oportunidades de desarrollo local”.
Fuente: Pulso www.chilemineria.cl
