Los dos grandes pilares para la actual administración de Codelco son la reducción de costos y sacar adelante los proyectos estructurales, pero para el líder gremial en ambos “han habido traspiés significativos”, lo que se ha reflejado en manifestaciones.
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Una mirada crítica de cómo ha enfrentado la administración de Codelco el desafiante escenario que vive la minería actualmente, y sobre todo la estatal, tiene el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (Fesuc), Ricardo Calderón.
“(Este período) se ha enfrentado de manera liviana, coyuntural y poco estratégica, con más pirotecnia comunicacional que sustento sólido. Estamos haciéndole muy mal al país enfrentando este período de manera tan superficial”, acusa.
Los dos grandes pilares para la actual administración de Codelco son la reducción de costos y sacar adelante los proyectos estructurales, pero para el líder gremial en ambos “han habido traspiés significativos”, tanto en las propias instalaciones como con los trabajadores, lo que se ha reflejado en manifestaciones. “Si no pasa nada, todos celebramos las cifras, pero si se muere alguien, dicen que es falta de control de la supervisión, pero el supervisor dice ‘bueno, pero esto es la práctica habitual’. Ellos no pueden tomar las decisiones de inversión, pero uno ve que hay cierto nivel de impunidad en los ejecutivos. Creemos que todo este exitismo no le hace bien a la principal empresa del Estado”.
En octubre, la administración que lidera Nelson Pizarro despidió a 350 supervisores, lo que le permite a la minera ahorrar US$ 48 millones al año, según se informó en ese momento. Esto, a juicio de Calderón, se hizo de manera poco transparente y luego de mantener una serie de conversaciones que de un minuto a otro se vieron cortadas, justo antes de anunciar los despidos. “La administración de Nelson Pizarro rompió el diálogo con los supervisores”, asevera, y comenta que el sindicato pidió la intermediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que dé garantías de que exista un diálogo real. Esto porque, según afirma, y pese a lo que se ha dicho, la Fesuc no ha cerrado la posibilidad de dialogar.
Subcontratación en la mira
“Hemos sido críticos de la subcontratación porque creemos que le ha introducido enormes niveles de ineficiencia a la empresa y la ha descapitalizado desde el punto de vista del conocimiento”, revela Calderón, quien añade que el 40% de los costos operacionales de Codelco están en el subcontrato.
Reconoce que la administración ha hecho esfuerzos por revisar este ítem, pero critica que si bien busca hacer ahorros “contrata consultorías por más de US$ 8 millones o US$ 10 millones que no necesariamente agregan valor al negocio y se desconfía de las mejoras de gestión que pueden hacer los mismos profesionales en conjunto con los trabajadores”.
Revela que la forma en que se han hecho históricamente las cosas en Codelco “nos hace estar en una posición de exclusión”. A su juicio, existe un esquema de relaciones laborales en el que a los supervisores se los “desempodera” y se limita la capacidad de gestión que tienen con el personal a su cargo. “Esto tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista de la disciplina y la productividad. Hay muchas prácticas irregulares en las divisiones y pactos que están al margen de la legalidad. Somos críticos porque ponen en riesgo a la supervisión en caso de accidente”.
Calderón dice que en Codelco no hay exceso de dotación de profesionales y asegura que incluso han desafiado a la administración a que examine la plantilla abiertamente, con el modelo de subcontratación sobre la mesa. “En general se oponen, porque creemos que no quieren tocar el modelo de subcontrato y no quieren tocar los pactos que tienen con estamentos del rol B (trabajadores), los que están al margen de la ley”. Agrega: “No hay una construcción conjunta del futuro de Codelco, lo que es grave”.
Por último, Calderón propone entablar un debate más abierto respecto del futuro de Codelco, donde se toquen los temas de fondo. “La productividad debe ser el eje central de la gestión, no la reducción de costos, porque esta puede ir en contra de la productividad y amenazar la seguridad”. Y recalca que la estatal necesita a los estamentos profesionales.
Dice que no es necesario firmar un documento (como lo hizo la FTC), pero “exigimos que esto no se quede en el hito comunicacional, sino que se traduzca en resultados medibles y objetivos”.
Fuente: El Mercurio www.chilemineria.cl
