Modificación busca que el uso del recurso que aflora de las faenas sea autorizado por la DGA.
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La reforma al Código de Aguas que es discutida en el Senado poca gracia genera en la mayoría de la industria. Los cambios generaron ruido en el sector privado y muchos recalcan que algunas propuestas son inconstitucionales.
Uno de los gremios descontentos es la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), en especial respecto a una indicación incluida mientras se discutió el proyecto en la Cámara de Diputados, relativo a modificaciones en el uso de las “aguas del minero”, denominación que recibe el recurso hídrico que aflora de manera espontánea en las faenas y que hoy explica cerca del 8% de las fuentes por las cuales se abastece esta industria.
Así lo hizo saber el presidente de la Sonami, Diego Hernández, quien expuso ante la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado.
“Es importante contar con un cuerpo normativo que genere mayor seguridad y equidad en el acceso al agua, lo que incluye dar prioridad al consumo humano”, señala el ex presidente ejecutivo de Antofagasta plc y Codelco.
Pero explica que se pretende que las aguas del minero deban contar con una autorización de la Dirección General de Aguas (DGA) para su utilización, mientras que hoy son de libre disposición de las empresas.
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Agrega que estas aguas surgen espontáneamente producto de las actividades mineras, por lo que no son comerciables y sólo se pueden usar para las actividades de la mina.
“Estamos de acuerdo en el deber de informar estas aguas a la DGA, pero una autorización administrativa resulta del todo inconveniente y poco realista”, opina.
Dado que el flujo y la calidad de este recurso es variable, Hernández dice que contar con ella es “más bien es un escollo para la buena operación de la mina que una ventaja. Hay que drenarla, sacarla, para proteger las paredes del rajo para que no haya barro y poder trabajar, en una mina subterránea con mayor razón”.
Argumenta que con la propuesta que es debatida en el Congreso “la DGA podría negar (los derechos) u otorgarlos por un caudal menor al que tenemos. Entonces ¿qué es lo qué hacemos? Es como que nos impidan trabajar”.
El gremio solicitó que se elimine de la discusión esta indicación y opinó que, de aprobarse tal como está, se vería en peligro la productividad de la industria.
“Va contra la productividad, el sentido común y contra las buenas operaciones (…) Sería un trámite burocrático más, que no agrega valor a nadie, ni siquiera a la DGA, y que a alguna faena la puede dejar en manos de la decisión de la autoridad que podría decidir en forma relativamente arbitraria”.
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Fuente: Diario Financiero www.chilemineria.cl
