Landerretche comenta que llevan tiempo exponiendo a las autoridades, tanto de Gobierno como parlamentarios, que las distintas capas normativas en las que opera la minera no “conversan” totalmente entre ellas.
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Los cuestionamientos que hizo la Contraloría General de la República (CGR) a Codelco en el último tiempo revelan la contradicción de los marcos regulatorios que rigen a la minera, según el presidente del directorio de la estatal, Óscar Landerretche. Él señala que es fundamental esclarecer las dudas, para no afectar la gestión de la compañía.
Landerretche comenta que llevan tiempo exponiendo a las autoridades, tanto de Gobierno como parlamentarios, que las distintas capas normativas en las que opera la minera no “conversan” totalmente entre ellas. “Los marcos jurídicos que rigen a Codelco son contradictorios o incompletos. La Contraloría General de la República, tengo total seguridad de que está haciendo uso de lo que ellos estiman no solo sus atribuciones, sino también su deber, de acuerdo al marco normativo que los rige y lo que se les pide que hagan”, sostiene.
Y agrega: “lo que ocurre es que desde el 2009 existe una Ley de Gobierno Corporativo de Codelco hecha para evitar que las empresas públicas no sean parte de la administración central del Estado, sino que sean administradas de manera independiente, similar a cómo se hace en una sociedad anónima. La filosofía tras esta reforma es que la empresa tuviera un directorio que le diera un gobierno corporativo lo más moderno y eficiente posible, con facultades para nombrar una administración y controlarla. Los mecanismos de control son los mismos de las sociedades anónimas”.
Pero, en cuanto a contrataciones, Contraloría plantea que por regla general la minera debe realizarlas bajo la Ley de Compras Públicas. De hecho, una auditoría realizada por el organismo cuestionó contratos con la empresa de ingeniería Hatch por $31 mil millones. En ese informe también plantearon la existencia de lazos familiares entre un ejecutivo de la minera y el representante legal del contratista.
Landerretche explica que en este caso se controló un posible conflicto de interés, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, exponiéndose la situación en el directorio. “En Codelco, nadie se arrepiente de haber hecho ese contrato, todo el mundo considera que Hatch es una gran empresa y, probablemente, si hubiera que repetir el contrato se haría igual, desde el punto de vista técnico y minero”, asegura.
A esto se suma un dictamen de la Contraloría en el que cuestiona la “libertad de disposición patrimonial”, lo que dejaría en entredicho la facultad de la minera de ejecutar planes de retiro y las negociaciones colectivas.
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“Lo que está en discusión, en el fondo, es el modelo de gobierno corporativo completo de Codelco, de si esto se va a conducir como una empresa o un servicio público”, opina el presidente de la minera. Añade que “esa es una discusión que puede tenerse muy explícitamente, porque puede haber personas que consideren necesario que Codelco sea más parecido a un servicio público. Eso sí, tengo el deber de advertir que no conozco empresas mineras en el mundo que se gestionen así”.
Apunta que la minera ya se ha hecho cargo de algunas observaciones realizadas por Contraloría. “En enero, el directorio aprobó un conjunto de medidas que lo que buscaban era hacerse cargo de muchas de las cosas que Contraloría había encontrado y de hacer más mejorías de procesos que ya habíamos implementado en la reforma al gobierno corporativo”, comenta.
-Contraloría argumenta que les preocupa la asignación directa como mecanismo contratación en Codelco, señalan que en el período analizado alcanza a casi el 20%. ¿Es así?
“En eso la Contraloría tiene mucha razón, porque cuando recibimos esta empresa hace tres años, efectivamente llegaba a esos niveles y, en algunos períodos, podía llegar al 30% de los contratos, por buenas o malas razones. Una de las cosas centrales que ha hecho el directorio es mandatar al presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, para hacer una reducción dramática de los contratos por asignación directa y, en este momento, luego de tres años de trabajo, estos contratos representan el 2%”.
“Ahora es un décimo de lo que había antes y los únicos que se asignan están relacionados a emergencias. Es una demostración de que el gobierno corporativo sí ha funcionado y ha venido haciéndolo hace varios años para hacerse cargo de los mismos problemas que le preocupan a Contraloría”.
-¿Qué se debe hacer para zanjar estas diferencias?
“Asumimos que existe la posibilidad de que una parte de lo que está ocurriendo acá es por una interpretación diferente de las leyes por parte de Contraloría y Codelco y su junta de accionistas. Por lo tanto, apelaremos, pediremos reconsideración y haremos todo lo posible para intentar acercar lo máximo posible las posiciones”.
“También, hay que considerar que los marcos normativos no estén completamente bien diseñados, que exista cierta contradicción entre las leyes que rigen a Codelco. Tengo la convicción de que existen un conjunto de ajustes que se deben hacer en el marco normativo de Codelco. La Ley de Gobierno Corporativo de 2009 no fue completa y habría que hacer una ley interpretativa”.
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“Entonces, hay un tema de discrepancia sobre la aplicación de las leyes, pero también es probable que haya que hacer una segunda apretada de tuercas a la reforma del gobierno corporativo”.
-¿Cuál es la importancia de que se clarifique esta situación?
“Es importante que se clarifique cuál es el marco normativo, porque si no, tengo ejecutivos que me preguntan ‘yo no voy a firmar este contrato. Favorece a Codelco, es un buen negocio, pero no lo puedo hacer, porque es una asignación directa y la renegociación de un contrato es una asignación directa’”.
-¿Estas diferencias de interpretación existían con los contralores anteriores?
“Siempre ha habido tema. Por ejemplo, la discusión sobre si los trabajadores de Codelco tienen derecho a negociación colectiva o no, tiene alguna historia, no es tan novedoso tampoco”,
“Hay una historia, pero lo que ocurre en este momento es que nos estamos dando cuenta de que la reforma de gobierno corporativo de 2009, que pretendía tener un directorio profesional bajo las normas de las sociedades anónimas, puede no haber sido completamente compatible con los marcos normativos que existen por el otro lado”.
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Fuente: El Mercurio www.chilemineria.cl #chilemineria
