Órgano dirigido por Jorge Bermúdez rechazó la solicitud de reconsideración interpuesto por la estatal, pero aclaró puntos clave respecto a la relación laboral con los trabajadores.
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Un respiro le dio a Codelco la respuesta a la solicitud de reconsideración al dictamen de Contraloría que cuestiona la indemnización pagada a un ex director y ex trabajador de la firma estatal.
Y es que en su respuesta el órgano que dirige Jorge Bermúdez, si bien rechaza la solicitud de reconsideración y reitera que a Codelco no se le puede desconocer su carácter de empresa pública, sí aclara que el dictamen no ha determinado la imposibilidad de que Codelco lleve a cabo negociaciones colectivas con sus trabajadores.
Sin embargo, mantuvo su objeción al pago de una indemnización por $511 millones al ex dirigente sindical y trabajador de Chuquicamata, Augusto González, tras acogerse a un plan de retiro voluntario. Esto, por la “doble cobertura ante la contingencia de término de la relación laboral establecida por la empresa pública de que se trata”, ya que además de aplicar las normas del Código del Trabajo, se acogió al plan de retiro voluntario.
En este sentido, Contraloría reiteró que bajo los principios de gestión “eficiente y eficaz que responda al interés general de la entidad por sobre el particular”, es bajo lo cual debe regirse Codelco, pero con la libertad de disponer del patrimonio de la empresa cuando sus decisiones conducen al pago de montos como las indemnizaciones.
Respecto a uno de los puntos que más preocupaba a Codelco -si iba a poner disponer recursos para las negociaciones colectivas-, Contraloría clarificó que este tema no está en cuestión.
“A diferencia de lo que afirma el peticionario -prescindiendo del tenor expreso del pronunciamiento que cuestiona-, de manera alguna significa impedir que la anotada empresa pública dé cumplimiento a la normativa legal aplicable en el marco de las relaciones laborales existentes con sus trabajadores; como tampoco implica desconocer sus facultades para llevar a cabo negociaciones colectivas con estos y hacer efectivos los respectivos acuerdos. Menos aún tal dictamen no se refiere a la forma de administración de la aludida Corporación ni pretende hacerle aplicable a esta las reglas de los servicios públicos, el Estatuto Administrativo ni el sistema de contratación pública”, se indica.
Tras conocer el documento, la estatal envió un comunicado interno a sus trabajadores en que dijo recibir con “tranquiliad” las atribuciones de su gobierno corporativo y del modelo de gestión. Esto, ya que “ha puesto en su centro los principios de eficacia, eficiencia y probidad, para lo cual su directorio en los últimos años ha profundizado su normativa y mejorado sustantivamente sus prácticas, especialmente en las materias señaladas por la propia Contraloría, muy por sobre la exigencia legal para empresas privadas y organismos públicos”.
Pero con lo anterior no se acaban los intercambios entre Contraloría y Codelco, ya que aún queda un pronunciamiento sobre el uso de recursos, lo que ha despertado un intenso debate sobre
Este jueves, previo al nuevo pronunciamiento de Contraloría, el Consejo Minero se unió al debate, asegurando que la línea interpretativa del contralor no es la correcta. “Es definitivamente una línea errónea”, dijo Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del gremio.
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