Las exigencias hoy son otras, dicen en Sernageomin. Y hasta la mina San José podría volver a operar si cumple con las condiciones de seguridad para una explotación subterránea.
Dentro de pocos días se cumplirán ocho años del derrumbe por explosión de roca en la mina San José, que atrapó a 33 mineros a unos 700 metros de profundidad. Ese dramático jueves 5 de agosto de 2010 comenzó una odisea de 69 días, que captó el interés mundial y culminó en octubre con un innovador y exitoso rescate. Un hecho que, a fin de cuentas, evitó sumar esas vidas al triste récord de ese año, inédito en una década: 45 trabajadores fallecidos en faenas.
La mina San José, ubicada a 45 km de Copiapó, sigue hoy clausurada. Su destino se juega una vez más este miércoles, cuando se reúna la junta de acreedores de la compañía minera San Esteban, que está acogida a un convenio judicial preventivo para negociar sus compromisos y no decretar la quiebra. Ya ha habido varias prórrogas de plazos para los pagos de una deuda que supera los $ 11 mil millones, cuyo principal acreedor es el fisco, con cerca de $3.600 millones.
Los acreedores deberán votar una nueva extensión de plazos, ya sea a 2020 o 2021, y una fórmula para la venta de activos de la compañía, entre los cuales está el yacimiento, confirman fuentes vinculadas al proceso.
Los intentos por iniciar un proceso de venta o licitar la faena de cobre y oro de San José datan de 2013, sin que hasta la fecha se haya logrado.
Es una mina que puede volver a ser explotada, admite el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Mario Pereira: “Hoy día existe la tecnología, se puede reparar, fortificar y contar con las medidas que son exigibles para una faena subterránea en condiciones de seguridad. Nuestros inspectores están capacitados para fiscalizar eso”, dice.
Escenario diferente
Hoy, las exigencias son muy distintas, remarca Pereira. Luego del accidente de la mina San José se fortaleció Sernageomin, hubo consecuencias, un sumario interno, “se cobraron las cuentas” y enseguida vino un cambio radical en la fiscalización, al que atribuye la caída de 69% en las muertes de mineros entre 2010 y 2017, de 45 a 14. Mientras, este año van ocho casos (ver infografía). Además, detalla, se está modificando el reglamento minero con medidas que acentúan la seguridad.
En 2010 había 20 inspectores de faenas y ahora suman 70. Mientras, las fiscalizaciones subieron de 2.586 a casi 11 mil al año.
El ministro de Minería, Baldo Prokurica, destaca que el caso de los 33 mineros de Copiapó “fue una experiencia que marcó a la minería chilena y los resultados están a la vista: ha disminuido la cantidad de accidentes y este sector se ha transformado en una de las actividades más seguras del país”.
Los atrapados de Aysén
La gran minería explica en torno al 40% de los casos de fallecidos, según Sernageomin. Aunque se trata de empresas que invierten más en equipos y en seguridad, lo atribuye a un factor de probabilidades, dado que el universo de trabajadores es mucho más grande.
A esa categoría pertenece la mina Delia II en Chile Chico, de la compañía Cerro Bayo, filial de la canadiense Mandalay Resources, donde el 9 de junio de 2017 se produjo el colapso de una faena subterránea que era explotada en los márgenes de una laguna, lo que provocó la inundación con agua y lodo de las galerías. Allí quedaron atrapados dos trabajadores de 25 y 34 años, cuyo rescate fue imposible. Hasta ahora sus cuerpos no han sido recuperados. “Se hicieron todos los esfuerzos: sondajes, bombas y hasta un pretil”, dice Pereira, quien declina referirse a las condiciones en que operaba este yacimiento de oro y plata, porque existe una investigación judicial.
Esta tragedia en Aysén dejó al descubierto que, pese a la experiencia de la mina San José, no se había desarrollado en todo este tiempo un protocolo adecuado para atender grandes emergencias. Con ese fin, se convocó a un grupo de especialistas (ver recuadro).
El sistema de emergencias en Chile “es muy reactivo”; depende de la sensibilidad de la autoridad, y no sistematiza los aprendizajes luego de una catástrofe, critica Michel De L’Herbe, experto en gestión de emergencias. “No se ha aprovechado bien la experiencia del rescate de los 33, del 27-F y del tsunami “, dice. Y advierte que falta una institucionalidad pública que se haga cargo de los accidentes y emergencias graves, con rescatistas certificados.
Espacio para mejorar
Cuatro causas originan el 75% de los accidentes fatales en la minería: golpes de rocas; caída de altura; los ocasionados por vehículos; y atrapamiento o aprisionamiento. Y en ellas se enfoca una campaña del Ministerio de Minería y Sernageomin, que esperan impacte en la prevención general.
Las tasas de accidentabilidad en la industria minera son las más bajas respecto de otros sectores, con 1,6 accidentes al año por cada 100 trabajadores (frente al promedio nacional de 4,3), pero aún existe una brecha importante con países desarrollados, plantea Hernán de Solminihac, director de Clapes UC. En Australia, dice, la tasa de fatalidad minera es de 0,04 por cada mil trabajadores, mientras en Chile es de 0,09 muertes por cada mil.
El investigador UC advierte que hay más de 700 accidentes incapacitantes al año, que implican 90 mil días-hombre perdidos. Y añade que según la OIT y la OMS, Chile pierde unos US$ 10 mil millones al año por accidentes y enfermedades profesionales en la minería.
Michel De L’Herbe coincide en que queda espacio para mejorar y plantea que se establezcan metas públicas con “una métrica de la accidentabilidad, no solo de la fatalidad”.
Fuente:Economía y Negocios Chile Minería/www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA #chileminería, #minería, #energía, #comunidades, #negocios
