El ministro de Minería aseguró que la entidad ha hecho un mal trabajo de fiscalización, especialmente sobre
Codelco.
Una crítica visión dio a conocer ayer el ministro de Minería, Baldo Prokurica, al participar en la sesión de
la comisión de Minería de la Cámara de Diputados instancia en la que reprochó fuertemente el desempeño que tuvo Cochilco en la fiscalización de los contratos de la división Salvador de Codelco. Esta situación llevó a la creación de una comisión investigadora.
La autoridad explicó que “en temas de asesorías y estudios Cochilco hace una buena labor, pero en el caso de la fiscalización, ha hecho una mala labor”, apuntando a que no existieron los controles necesarios en el caso de Salvador.
En esa línea, anunció que a fin de mes ingresarán el proyecto de ley con el que van a reformar la institución,
encargada hoy de fiscalizar a la Enami y a Codelco. Los equipos del ministerio están trabajando en ese
aspecto y la idea es dotar de mayor capacidad de fiscalización al servicio público, eventualmente, trasladando su departamento de estudios.
El ministro también apuntó a los proyectos estructurales de la estatal, los cuales deben ser aprobados por Cochilco, y sostuvo que todas estas iniciativas se han encarecido y se han demorado en su puesta en marcha. “Hay un tema que resolver legalmente y es que Codelco tiene filiales y contratos que no son mineros propiamente tales. Esto genera un flanco porque no hay fiscalización de Cochilco, porque no tiene competencia, y porque Codelco ha demandado a la Contraloría para no ser fiscalizados”.
En la misma instancia, el vicepresidente de la Enami, Robert Mayne-Nicholls, dio a conocer una serie de
irregularidades en Paipote, donde se detectaron anomalías con un proveedor, situación que, según un informe previo de Cochilco, habría significado un perjuicio de entre US$ 7 y 12 millones.
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