El Ejecutivo optó por bajar su propuesta de crear un panel de expertos, debido a que no se llegó a acuerdo sobre sus atribuciones.

Cerca de una década ha pasado desde que ingresó al Congreso la reforma al Código de Aguas. Este miércoles finalmente la comisión de Agricultura del Senado logró despacharla con apoyo de la oposición, despejando varios puntos que habían sido fuente de controversia durante estos años. Ahora algunos temas serán vistos por la comisión de Constitución.

En enero, la instancia que preside Álvaro Elizalde (PS) ya había aprobado con unanimidad el carácter temporal de los derechos de agua, así como su caducidad en caso de no uso.

Para lo primero se estableció un plazo a 30 años, y en caso de querer ser renovado, se deberá hacer 10 años antes. En el caso de la caducidad, si en cinco años no se hace uso del derecho de agua, este expirará.

De las últimas indicaciones ingresadas por el gobierno el lunes, 15 tenían coincidencia con temas planteados en la comisión, otras 11 tenían cambios y solo una generaba controversia.

Esta última decía relación con la facultad del gobierno de expropiar recursos. En específico, el Ejecutivo proponía que se pague una compensación sea cual sea el caso. Sin embargo, los legisladores se mostraron contrarios a esto, pues a su juicio, existen algunas excepciones que no lo ameritan. Primó esta segunda postura.

A juicio de Paula Elías, abogada socia del estudio Elías Abogados y experta en temas hídricos, es “preocupante que haya quedado instalada la idea de expropiarlos sin indemnización, aun cuando se trate de casos puntuales. Esa idea da lugar a una institución que no existe en nuestro ordenamiento jurídico y que estimo de dudosa legalidad”, dijo.

Otro punto de desencuentro entre los poderes fue la indicación 17, donde el ejecutivo eliminó el dar preferencia a organizaciones sin fines de lucro en el otorgamiento de derechos de agua. Esta modificación había sido propuesta por la senadora de oposición, Yasna Provoste.

El director de la Dirección General de Aguas (DGA), Óscar Cristi, explicó que si bien la finalidad de estas es no tener utilidades, no necesariamente es proteger el interés público. Entonces, a futuro podría darse la disyuntiva de verse obligados a darle prioridad a un gremio por sobre una comunidad.

Para zanjar el tema, la comisión acordó modificar el texto, donde se señala que “se le dará preferencia a las organizaciones sin fines de lucro, velando por el interés público”.

Los senadores de la comisión señalaron estar conformes con el resultado de la reforma. Elizalde destacó “la disposición de entendimiento de todos los integrantes de la comisión, porque gran parte de lo resuelto fue aprobado con votaciones unánimes”.

La senadora Carmen Gloria Aravena lo calificó como un logro, toda vez que -dice- permitirá tener “un manejo precautorio del recurso de aquí a 10 años”.

Panel de Expertos queda rezagado

Pese a que fue el mismo gobierno el que propuso la idea de incorporar un panel de expertos, finalmente optó por desecharlo.

Cristi explicó que esto se debe a que no se logró un acuerdo en cómo financiarlo ni las atribuciones que tendría. Así, este punto se podría retomar en una reforma más integral a la institucionalidad del agua.