La escalada del precio del cobre reactivó el debate en torno a si los montos que el fisco ha recibido de parte de este sector son los adecuados o no, en relación con los recursos que explota. Hay consenso respecto a que responder a esta interrogante no es sencillo y primero es esencial tener certeza respecto de elementos clave, como la carga tributaria efectiva de esta industria o cuán factible es alcanzar el nivel más alto de las tasas que se fijaron en 2010.

Tras la caída del jueves, que dejó a la libra de cobre bajo los US$ 4, el viernes la cotización se recuperó y el metal rojo cerró la semana rozando los US$ 4,10 por libra, dando cuenta de la alta volatilidad que varios especialistas han advertido, poniendo paños fríos respecto de las expectativas de estar ante un nuevo superciclo.

El rally del cobre ha alentado al mundo político y también a nivel social, respecto de la conveniencia de revisar la estructura tributaria de la minería, con el objetivo de que el Estado se beneficie más del buen momento de precios, que a ojos de algunos se sostendrá en el mediano plazo, aunque en la industria tienden a ser más cautelosos.

El debate ha tenido de todo, desde quienes aseguran que el aporte tributario de la minería ha sido casi nulo, hasta la propia industria que —estudio en mano—, ha dicho que Chile es el segundo país con la tasa impositiva efectiva más alta con el 43,4%.

Entre los especialistas hay consenso en que ninguna de estas posturas es correcta y que para determinar la realidad tributaria del sector es necesario tener más claridad sobre varios factores que son clave para determinar si el aporte minero es adecuado o no. Frente a este debate, hay cifras que aportan luz. Según datos de la Comisión Nacional del Cobre (Cochilco) entre 2006, cuando comenzó el Impuesto Específico a la Actividad Minera, y 2019, la última cifra oficial disponible, las 10 mayores empresas privadas del sector — denominadas como GMP 10— que aportan del orden del 80% de la producción de cobre del país, han pagado US$ 48.637 millones por concepto de impuesto a la renta y royalty.

El 89% de esa cifra corresponde al primer gravamen y el 11% restante al impuesto minero, es decir, US$ 5.398 millones (ver infografía). En los 14 años analizados, este grupo ha pagado en promedio US$ 3.474 millones por año, equivalente a un aporte del 4,9% del total de los ingresos fiscales en ese lapso. Solo para tener una idea —porque los números no son 100% comparables—, en ese mismo período la minería estatal entregó al fisco US$ 53.396 millones, un promedio de US$ 3.814 millones. Cochilco incorpora en esta cifra el 40% adicional de impuesto que rige para las empresas públicas.

“Cuando vemos que hay un estudio que asegura que un 44,5% de las utilidades de las mineras se van a impuestos, no es que no sea verdad, sino que hay que conocer los supuestos detrás de ese cálculo y en ese punto, creo que es clave —y eso debería ser labor del Ejecutivo y del Congreso— tener a la brevedad una discusión que permita que todos, cuando empecemos a hablar de los impuestos de la minería, partamos de un análisis común. Porque si alguien cree que hoy la minería está pagando cero por impuestos y otro cree que se está pagando 44,5% de la utilidad, son realidades completamente distintas, y nos enfrascamos en una discusión de sordos”, asegura el economista Alejandro Micco.

El académico de la Universidad de Chile y exsubsecretario de Hacienda agrega que este no es un tema fácil, porque al mirar años atrás las tasas de primera categoría eran más bajas —de 17% frente al 27% actual—. “También estábamos en un período de depreciación de inversiones, que permitiría encontrar tasas efectivas mucho más bajas. Algo que también hay que considerar es que al mirar períodos largos o los plazos que involucra la ejecución de un proyecto minero, la tasa efectiva de impuestos de la industria tampoco es 44,5%, porque ya sabemos que, por ejemplo, hay temas de depreciación acelerada, hay temas de que parte de la inversión se hace con deuda y la deuda no paga la misma cantidad de impuestos que el equity”, plantea Micco.

De hecho, al revisar los balances que las empresas afectas al royalty entregan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se observan casos como el de Minera Zaldívar, de Antofagasta Minerals y Barrick, que al 30 de septiembre de 2020 reportó una tasa efectiva de impuestos del 33,2%, mientras que Los Pelambres, el principal activo minero del grupo Luksic, informó en ese mismo lapso, un 31,6%.

Cuánto ha ganado la industria en estos años es otro factor que ha saltado al tapete, especialmente en redes sociales. Según los balances de las empresas del GMP 10 —Collahuasi, Escondida, Anglo American Sur, El Abra, Candelaria, Zaldívar, Mantos Copper, Cerro Colorado, Quebrada Blanca y Los Pelambres— los ingresos acumulados entre 2006 y 2019 llegan a US$ 280.709 millones, mientras que la utilidad antes y después de impuestos totaliza US$ 123.298 millones y US$ 93.728 millones, respectivamente. En inversión, las cifras de Cochilco totalizan US$ 42.008 millones en el lapso analizado.

Es decir, la industria ha invertido el equivalente al 45% de las utilidades reportadas entre 2006 y 2019. El Consejo Minero, que agrupa a 17 grandes mineras y Codelco, explica que en 2019 la distribución de los flujos generados por el GMP 10 y Codelco fue: 61% costo de ventas (US$ 26.909 millones), 20% inversión (US$ 8.990 millones), 11% dividendos de la minería privada (US$ 4.941 millones) y 8% aportes al fisco (US$ 3.708 millones).

¿Qué tan efectiva es la tasa máxima del impuesto variable que rige desde 2010?

Otro factor que alimenta el debate es la aplicabilidad de la tasa variable de 5% a 14% que fue incorporada en 2010, cuando el impuesto específico fue modificado para elevar la recaudación y ayudar a financiar la reconstrucción tras el terremoto (ver recuadro). Alex Fischer, abogado experto tributario y socio del estudio Fischer y Compañía, dice que si bien el concepto es el adecuado, porque la tasa se ajusta a la variabilidad del precio del cobre y se adapta a los años buenos y los malos de la industria, la forma de aplicar estos tramos está equivocada, pues una empresa debería tener una rentabilidad operacional superior al 80% para que llegue a pagar el 14%.

En la industria reconocen esta situación y aseguran que este nivel de royalty sería posible de alcanzar en escenarios extremos, como sería si el precio del cobre supera los US$ 6 por libra, lo que hasta ahora no es más que una estimación. Precisamente, negociar la tabla del impuesto podría ser la salida más razonable para este debate, porque en el sector minero saben que plantear una negociación sobre la base de extender nuevamente los períodos de invariabilidad tributaria sería algo que en el momento social actual no sería fácilmente aceptado.

Por otro lado, si bien no hay claridad sobre cuándo terminan los contratos de inversión de las mineras, donde se contempla la invariabilidad tributaria, la estimación es que no sucedería en el corto plazo. “El Estado ha pedido a las mineras que paguen más y ellas lo aceptan, honrando la ‘licencia social para operar’. Por otro lado, el Estado otorga nuevas garantías para promover las inversiones, especialmente las de largo plazo. Los beneficios son mutuos; todos ganan”, asegura la experta tributaria y socia de EY, Alicia Domínguez.