El presidente de la entidad, Joaquín Villarino, aseguró que aún “persiste preocupación e incertidumbre sobre el alcance que tendrían ciertas indicaciones y cuál sería su impacto”. Aquello, en relación a concesiones, derecho a propiedad, entre otras materias.

A raíz de que la noche del martes la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional votara por última vez una serie de artículos relacionados, entre otras cosas, al sector minero, el presidente de Consejo Minero, Joaquín Villarino, aseguró que aún persisten dudas y manifestó su preocupación por ciertas normas aprobadas.

De todas formas, Villarino aseguró que desde la entidad sí valoran algunos de los avances en lo aprobado por la Convención, en especial, “el que se haya descartado la nacionalización total o parcial de la minería, así como que se haya legitimado la participación del sector privado como actor minero”.

Sin embargo, señaló el ejecutivo, aún “persiste preocupación e incertidumbre sobre el alcance que tendrían ciertas indicaciones y cuál sería su impacto”.

Lo anterior “especialmente en el mecanismo de concesiones, el derecho a propiedad, su vigencia, causales de extinción y caducidad e indemnizaciones en caso de expropiación”.

El presidente de Consejo Minero además aseguró que para el sector minero es indispensable tener estabilidad en las reglas tributarias que permiten explotar los recursos, “sin comprometer el incentivo a los privados para desarrollar la actividad”.

“Al no establecer un carácter tributario en las regalías sus modificaciones quedan expuestas a iniciativas parlamentarias, y no se justifica que las regalías no constituyan un gasto deducible que pueda ser reducido a futuro”, aseveró Villarino.

El ejecutivo además apuntó a que “como país, no podemos perder la oportunidad de captar nuevas e importantes inversiones por no tener un mecanismo que dé la certeza y la estabilidad suficiente que requiere este sector, una actividad que, por naturaleza, es riesgosa”.

Finalmente, el presidente de Consejo Minero manifestó que en la entidad están preocupados por cómo están evolucionando materias de medioambiente, recursos hídricos, relaciones laborales, pueblos indígenas, entre otros, “que pueden resultar tan incidentes en el desarrollo de la actividad minera como el mismo estatuto de los minerales. Confiamos en que estos temas se resuelvan en base a los principios del desarrollo sostenible”, concluyó.