Durante el mismo periodo analizado, existe un grupo de seis iniciativas que a pesar de contar con el visto bueno del órgano especializado de administrar el SEIA, como es el Servicio de Evaluación Ambiental, fueron rechazados sus permisos ambientales.

Se trata de Egaña Comunidad Sustentable (US$300 millones); Planta WTE Araucanía (US$80 millones); Proyecto Minero San Cayetano (US$20,5 millones); Ampliación Líneas de Transferencia de Productos (US$10 millones); Refugio de Montaña Antillanca (US$10 millones) y Línea de Transmisión Río Toltén (US$2 millones).

El 11 de junio de 2022, el presidente Gabriel Boric cumplió tres meses de su arribo a La Moneda, luego de ganar las elecciones.

Desde su llegada al poder, el otrora representante del conglomerado Apruebo Dignidad ha visto cómo la economía se ha resentido en un contexto de profundos cambios, a raíz de la discusión de una nueva Constitución Política de La República. En medio de este escenario adverso para los titulares de proyectos de inversión, Pulso realizó un análisis sobre las iniciativas que han sido zanjadas durante el primer trimestre de la nueva administración.

Entre el 11 de marzo al 11 de junio del presente año, las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVAS) han votado 97 iniciativas, las cuales suman en total US$3.539 millones. El 82% de dicho monto, es decir US$2.904 millones corresponde a inversión que ha sido aprobada, mientras que el restante 18% (US$635 millones) se refiere a proyectos que han sido rechazados.

Los cinco mayores proyectos de inversión aprobados durante el primer trimestre de la administración de Boric fueron: Parque Fotovoltaico Pauna Solar (US$496 millones); Extensión del Botadero de Ripios y Modificaciones Operacionales en el Área de la Pila Dinámica de Lixiviación (US$470 millones); Aumento de Capacidad PTAS Chimbarongo (US$379 millones); Enapac Distribución Norte (US$350 millones) y el Proyecto Parque Fotovoltaico Pampa Norte 2 (US$143 millones).

Mientras, que la iniciativas que han sido rechazadas son: Egaña Comunidad Sustentable (US$300 millones); Subestación eléctrica Monte Mina y línea de transmisión eléctrica Parinas (US$105,6 millones); Transporte Ferroviario en Región de Antofagasta (US$85,4 millones); Planta WTE Araucanía (US$80 millones) y el Centro de Engorda Punta Barranco (US$60 millones).

Durante el mismo periodo analizado, existe un grupo de seis iniciativas que a pesar de contar con el visto bueno del órgano especializado de administrar el SEIA, como es el Servicio de Evaluación Ambiental, fueron rechazados sus permisos ambientales. Se trata de Egaña Comunidad Sustentable (US$300 millones); Planta WTE Araucanía (US$80 millones); Proyecto Minero San Cayetano (US$20,5 millones); Ampliación Líneas de Transferencia de Productos (US$10 millones); Refugio de Montaña Antillanca (US$10 millones) y Línea de Transmisión Río Toltén (US$2 millones).

Esos seis proyectos sumaban una inversión de US$423 millones que finalmente se ve postergada, pues los titulares deben acudir a una instancia superior para revertir la decisión. Todas estas iniciativas contaban con un Informe de Consolidado de Evaluación (ICE) elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que recomendaba a las COEVAS dictar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

Las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA) son lideradas por los delegados presidenciales e integradas por Secretarios Regionales Ministeriales de 10 carteras. Medio Ambiente, Salud, Transporte, Economía, Trabajo, Vivienda, Agricultura, Desarrollo Social, Minería y Obras Públicas.

Más conservadores

Por otro lado, entre expertos en la tramitación de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) coinciden en que existe una mayor dificultad para los privados.

“El nuevo gobierno se autodenomina ecológico, lo que parece perfecto, pero cuando se contextualiza en las declaraciones y sesgos políticos que generalmente se escuchan, sin duda genera suspicacia, considerando que la calificación ambiental queda entregada a un órgano político, pudiendo transformarse la discrecionalidad administrativa en un sí porque sí y un no porque no (respecto a proyectos menos verdes). Desde el inicio del gobierno, de aproximadamente 118 proyectos calificados, se han rechazado 18. En el mismo periodo de tiempo, pero cuando asumió el gobierno anterior, se rechazaron 2 proyectos de un total de 113 aproximadamente”, sostuvo Yordana Mehsen, fundadora de WeAre1, Of Counsel de Grupo Evans, y ex jefa de litigios y recursos administrativos del SEA.

“De igual forma siguen siendo bastantes los proyectos aprobados y quizá las autoridades hoy son mas rigurosas dada la situación actual que vivimos y por eso el aumento de rechazos, pero quizá no, y este mayor número tenga otra razón. Cualquiera sea el caso, es el mismo Gobierno el responsable de generar esta desconfianza e incerteza”, añadió.

“Los proyectos que han sido calificados ambientalmente por esta administración, desde el 11 de marzo a la fecha, corresponden a procesos de evaluación ambiental iniciados en el gobierno anterior, sin perjuicio de lo cual, las autoridades que los han aprobado o rechazado son de esta gestión. Si se miran los datos de aprobación y rechazo de proyectos de inversión, las cifras indican que desde el 11 de marzo a la fecha, han sido calificados ambientalmente 118 proyectos, de los cuales 100 han sido aprobados y solo 8 han sido rechazados, situación que no permite evidenciar ninguna situación anómala en la operación habitual del SEIA que pueda dar cuenta que existe algún tipo de discrecionalidad o sesgo político de parte de las autoridades ambientales en el Gobierno del Presidente Boric”, sostuvo el ex director Ejecutivo del SEA, Jorge Troncoso, quien se desempeñó en su cargo entre marzo de 2014 a mayo de 2017.

Por su parte, la abogada socia EELAW, Paulina Riquelme, explicó que “durante estos primeros meses hemos podido apreciar una tendencia más conservadora en los organismos del Estado con competencia ambiental en cuanto a la tramitación de proyectos de inversión, en línea con un gobierno que ha declarado su vocación ecologista. En tal sentido, hemos podido apreciar una tendencia hacia análisis más exigentes en la admisibilidad de proyectos al SEIA, con un aumento de las resoluciones que declaran inadmisibles DIAs o EIAs con criterios más que simplemente formales”.

¿Discrecionalidad?

Pulso consultó a un grupo de abogados expertos en derecho ambiental si durante los primeros tres meses de gobierno ha existido discrecionalidad política a la hora de definir qué proyecto se aprueba o rechaza. No hubo coincidencias y estas fueron sus respuestas:

Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente explicó que “uno puede ver que en un contexto de Comité de Ministros, lo que ha hecho el SEA es hacer recomendaciones de acuerdo a lo que los informes técnicos determinan. Por lo tanto, proyectos como GNL Andes han tenido informes negativos, y pasó lo mismo con Los Bronces con informe negativo emitido por el Ministerio de Salud durante la etapa final del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El desafío es continuar con dar objetividad a lo que determinan los mismos servicios y tener una evaluación de excelencia. Esto no obsta de que quedan espacios de mejoras importantes para renovar la batería de proyectos de energía renovables, para poder así reemplazar esa matriz energética sucia por una que sea más limpia”.

Entre los expertos que representan a comunidades creen que el gobierno aún no se enfrenta a proyectos de alto impacto público en términos ambientales y sociales, por lo mismo los niveles de discrecionalidad que esté dispuesto a incorporar en sus decisiones tendrán dos grandes pruebas de fuego ante el Comité de Ministros: Dominga y Los Bronces Integrado.

El jefe del área medio ambiente de Elías Abogados, Jorge Andrés Cash, explicó que la autoridad ambiental “deberá calificar Los Bronces de Anglo American que llega rechazado al Comité de Ministros y por otro Dominga, que llega aprobado. En ambos casos, atendidas las amplias facultades concedidas al Comité de Ministros por la Corte Suprema, será muy clarificador hacia el futuro conocer cuán políticos o técnicos serán los pronunciamientos de este gobierno en materia ambiental y, por tanto, cuánta discrecionalidad está dispuesto a incorporar en las futuras decisiones que le corresponda enfrentar”.