En tanto, en el marco de la comisión investigadora por el eventual sobreprecio cobrado por Metrogas, el ministro de Energía, Claudio Huepe, planteó la relevancia del articulado de gas natural para “recuperar la fe pública en la regulación”.

Un nuevo proyecto de ley se aproxima al Congreso. Al articulado de gas natural que está actualmente en la comisión de Minería y Energía del Senado, el gobierno reconoció ayer martes, en el marco de la comisión investigadora por el eventual sobreprecio cobrado por Metrogas de la Cámara de Diputados, que en las próximas semanas se presentará el proyecto de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

En la instancia, el ministro de Energía, Claudio Huepe, entregó antecedentes del proyecto de ley de gas natural, haciendo una revisión del marco regulatorio general vigente. Puntualizó que la ley de servicios de gas tiene su origen el año 1931 y fue modificada básicamente en 2017 mediante la ley N°20.999. Esta ley en estricto rigor -dijo- no es sobre gas natural sino sobre cualquier gas de red que haya sido reconocido como combustible y aquello que dice relación con gas natural tiene que ver más bien con los temas de seguridad.

“En resumen, es una industria que tiene fallas de mercado, pero no se considera un monopolio estrictamente hablando. Es un servicio básico y tiene aproximadamente un millón de clientes en todo chile, los cuales 850 mil más o menos son de Metrogas”, sostuvo.

El gobierno anterior presentó un proyecto de ley que consideraba una serie de recomendaciones del informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que estudió el mercado del gas, contemplando los mercados de gas natural y el GLP. Sin embargo, para la nueva administración, estos mercados son distintos, operan con lógicas diferentes y se requería un tratamiento específico. Por lo tanto, se retiró este proyecto, anunciando la presentación de dos iniciativas separadas.

“En junio del año 2022 se presentó el primer proyecto que tiene que ver con gas natural, se ha llamado la ley corta dado que se aboca a un tema bien específico que es el problema de origen del artículo transitorio, pero a través de una corrección en el articulado permanente. Y, segundo, se va a presentar un proyecto que tiene que ver con GLP, pero eso ya en las próximas semanas”, adelantó Huepe en medio de su presentación a los diputados.

Consultada la cartera liderada por Huepe sobre más detalles de esta definición, declinó referirse al respecto al ser una materia aún en trabajo.

El debate

En la cita, los parlamentarios lanzaron diversas interrogantes, pidiendo la posición del gobierno frente a lo ocurrido con Metrogas. Por ejemplo, considerando que -según planteó el diputado Juan Antonio Coloma- en el intertanto que se crea una empresa relacionada existen reuniones por Ley de Lobby entre Metrogas y el Ministerio de Energía.

Cabe recordar que uno de los puntos abordados por la iniciativa de gas natural tiene que ver con la derogación del artículo 12 transitorio de la actual normativa, el cual permitió -de acuerdo a un informe de la Fiscalía Nacional Económica- que Metrogas creara una empresa hermana y aumentara el costo de la prestación de su servicio de distribución del servicio, implicando un aumento de hasta 20% en el precio pagado por los clientes de esta empresa.

Sobre su opinión de los transitorios y cómo ha sido el proceso, Huepe indicó que solo puede comentar que en su momento se siguió el procedimiento. “La Comisión Nacional de Energía (CNE) hizo la verificación de este test de mercado, que se encontraba dentro del rango porcentual, tal como lo dictaba la ley y al menos en ese minuto se cumplían las condiciones. Eso puede haber cambiado con el tiempo, pero en ese momento se cumplían las condiciones para ello”, dijo.

De cara al articulado en discusión, Huepe recalcó que la han llamado ley corta porque “permite solucionar una anomalía que está produciendo un problema dado una situación particular y que permitió por así decir eludir el espíritu de la ley”. Además, agregó que este sector de gas de ducto, más allá del tema del gas natural, “es un sector que para efectos del desarrollo energético del país es muy relevante y, por lo tanto, se requiere una revisión más acabada, acuciosa y completa de todo su procedimiento, todo su funcionamiento”.

Según explicó, el desarrollo del mercado del gas de ducto es muy relevante y, por lo tanto, requiere una revisión integral que es más compleja y tiene muchas otras aristas. Por ejemplo, el uso de los ductos, los accesos a los terminales de regasificación, entre otras consideraciones.

Y sentenció: “Para nosotros este primer proyecto es fundamental para recuperar lo que llamaríamos la fe pública en la regulación de alguna manera. Si no logramos recuperar la fe pública en la regulación, cualquier construcción que hagamos más compleja que permita avanzar en el desarrollo de este sector, que es muy relevante para la transición energética, podría ser un obstáculo para eso, dado que evidentemente la suspicacia, las dudas sobre la efectividad de la regulación, es algo que daña mucho la capacidad del Estado de regular estos sectores y de desarrollarlos como se debe”.

En esa línea, planteó que, después de esto, hay que trabajar una segunda etapa, más compleja y larga, que requiere un análisis técnico más elaborado, en el cual pensarán cómo van a desarrollar este mercado y cuál es la función que quieren que cumpla. Por ejemplo, qué tipo de restricciones pondrán en términos de transición energética.

“Más allá de este problema particular que estamos viendo, la regulación en general no es la más adecuada para un desarrollo de largo plazo, orientado en función del interés público. Y, por lo tanto, eso vendría después. En esta etapa, lo que nosotros queremos es solucionar esta anomalía y recuperar la fe pública en esta regulación, de tal manera de poder avanzar en los problemas de largo plazo”, sostuvo.

Junto con recalcar que ha habido una elusión clara del espíritu de la ley y una afectación grave a la fe pública en materia regulatoria, motivo por el cual plantearon el proyecto en discusión, fue consultado por si en esta “segunda etapa” vendrían temas como la portabilidad. “Efectivamente (…) Hoy hay un mecanismo para cambio de los clientes. La pregunta es cómo funcionaría eso en el futuro, qué pasa cuando uno quiere expandir nuevas áreas, cuál podría ser el rol del Estado”, dijo el ministro.

Fiscalización a las empresas

Sobre la situación de la fiscalización a las empresas, la autoridad detalló que la CNE todos los años hace una evaluación de rentabilidad, pidiéndole a la empresa -a través de lo que se llama mecanismos de contabilidad regulatoria- cierta información y ésta debe ser entregada por la compañía para que la Comisión pueda hacer la revisión. “La CNE no toma esos datos sin análisis sino que evalúa si, tanto la infraestructura como los costos, son realmente eficientes”, señaló.

Agregó que justamente eso es lo que están tratando de corregir en este proyecto de ley que es permitir que la CNE haga el análisis integrado: “La CNE tiene toda la información que necesita para aquello, pero tiene que tener la potestad legal”.

En la cita, se informaron diversas solicitudes de invitaciones. Entre ellos, el académico Eduardo Saavedra; el exministro de Energía y actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; y al académico Humberto Verdejo. También se pidió invitar al superintendente de Electricidad y Combustibles, presidente de Enap, asociaciones de distribuidores de gas, organizaciones de consumidores, fiscal nacional económico, el subdirector nacional del Sernac, el secretario ejecutivo de la CNE, y al Contralor General de la República. Asimismo, se acordó solicitar antecedentes de las reuniones por Lobby del Ministerio de Energía y Metrogas entre los años 2015 y 2016.