En CGE, la compañía distribuidora de mayor cantidad de clientes en todo Chile, pesquisaron 39 mil conexiones irregulares. En el caso de Enel, cuya concesión cubre gran parte de la Región Metropolitana, estimaron que estas llegan a 15 mil puntos.

Con diferentes métodos de medición, y en distintos lugares de concesión, la tendencia es la misma. Las cuatro principales empresas de distribución eléctrica del mercado local confirmaron que durante 2022 vieron un importante crecimiento en los niveles de conexiones irregulares que hay en el país, asociado principalmente, a la proliferación de campamentos.

En el caso de CGE, la compañía distribuidora de mayor cantidad de clientes en todo Chile con más de 3 millones, confirmaron que pesquisaron 39 mil conexiones irregulares, que se comparan con las 31 mil que reportaba la empresa en 2020, es decir, un aumento de un 26%. Además, según explicaron desde la firma, también han visto un aumento de clientes que han intervenido sus medidores, con más de 10 mil casos en el último ejercicio, mientras que la cifra solo en el mes de enero supera los 2 mil.

“La existencia de conexiones irregulares es compleja, tanto por temas de seguridad para las propias personas que las realizan y sus bienes, como por la convivencia con los clientes regulares, ya que provocan un fuerte impacto en la calidad de servicio de los clientes de CGE, con cortes de luz por sobreconsumo, principalmente en invierno, variaciones de voltaje y otras incidencias en las redes, las que se diseñan para atender la demanda estimada para los clientes regulares, no estando del todo preparadas para la sobredemanda que estas producen”, sostienen desde la firma controlada por la china State Grid.

En el caso de Enel, cuya concesión cubre gran parte de la Región Metropolitana, las conexiones irregulares crecieron en un 10% durante el último ejercicio, totalizando más de 15 mil puntos irregulares. Desde la firma, señalan que este tipo de situaciones pueden provocar graves problemas en la calidad del servicio, ya que producen interrupciones en el suministro y bajas de voltaje que pueden dañar artefactos, pero además ponen en riesgo a las personas, y significan un deterioro en las finanzas de la empresa.

La italiana cuenta con equipos que monitorean los sistemas de control basándose en algoritmos predictivos, a fin de detectar a tiempo eventuales conexiones irregulares, lo que luego se verifica con inspecciones en terreno, a lo que se suma el uso de mapas satelitales y el blindaje de redes en zonas críticas.

“Se trata de una situación que nos preocupa, ya que pone en riesgo la seguridad tanto de nuestros clientes como de nuestros técnicos, además de afectar la calidad del servicio que entregamos. Por eso, como empresa hacemos un llamado a denunciarla, enfatizando que intervenir instalaciones eléctricas es un delito que se encuentra penado por la ley”, comentaron.

También suben en regiones

El fenómeno también se ve en regiones como la de Valparaíso, donde se encuentra la concesión de Chilquinta, también operada por State Grid. Según detallan desde la distribuidora, en 2022, registraron un total de 18.125 viviendas con conexiones de carácter irregular, un 9% más que el año anterior.

“Como compañía realizamos continuas acciones técnicas para impedir que esta situación siga ocurriendo, sin embargo, pese a los trabajos de blindaje y a las labores de inspección y descuelgue que realizamos continuamente, se sigue vulnerando la red eléctrica. Para Chilquinta, esta situación representa un nudo crítico, ya que se generan consumos imposibles de facturar, lo que afecta directamente en la calidad de servicio que entregamos a nuestros clientes, exponiendo a la comunidad a riesgos, tales como electrocución e incendios”, aseguraron.

En el caso de Saesa, también vieron subir el indicador, particularmente de campamentos que se conectan directo a la red, aunque dada la informalidad de las viviendas, no tienen la cantidad de conexiones irregulares, aunque sí el crecimiento en el consumo.

Respecto de la ubicación, explican que históricamente, la Región de La Araucanía registra mayor cantidad de casos, aunque se ha observado un aumento de asentamientos irregulares en otras zonas, particularmente en Puerto Montt y Valdivia.

“De acuerdo con el informe 2022 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los campamentos identificados en nuestra zona de concesión son 210. Esto representa un consumo anual estimado de 35 GWh/año, que equivale al consumo promedio de más de mil domicilios en un año”, sostuvieron desde la distribuidora.

Plan del gobierno

Consultados por este tema, desde el Ministerio de Energía confirmaron que están monitoreando la situación que se abordó en la mesa estratégica de Pobreza Energética, en la que participaron las entidades gremiales que representan al sector como Empresas Eléctricas A.G. y Fenacopel.

“En dicha instancia, se acordó la necesidad de avanzar en medidas que permitan regularizar la situación de aquellas familias o personas que actualmente se encuentran conectadas de manera irregular al sistema eléctrico. Esto implica la elaboración de un Plan de Electrificación 2030 que defina un conjunto de medidas y acciones concretas para mitigar esta problemática y otros desafíos”, sostuvieron, todo esto en el marco del cumplimiento de la Política Energética Nacional (PEN), que establece el contar con un 100% de acceso a la electricidad a fines de década.